Joaquín Pérez Azaústre
Justicia o venganza
Joaquín Pérez Azaústre
23.09.2011
La clave es la justicia o la venganza. En Estados Unidos se optó por la venganza, con esa ceremonia de los familiares de las víctimas presenciando a través de una vitrina la ejecución eficiente del culpable. O del presunto culpable, o del falso culpable: porque, en una sociedad sin verdaderas garantías procesales, toda sentencia de muerte, ya sea por inyección letal, por ahorcamiento o por cámara de gas, es un asesinato, no muy distinto de otros tipos de asesinatos legales de la Historia, como los de Alemania en los 40. Esto es lo que no se quiere razonar, ni plantear, a un nivel de Derecho natural o de Filosofía del Derecho: que una sociedad que asesina a cualquiera de sus miembros, sin las debidas protecciones del reo en el proceso, sin acción probatoria, es una sociedad totalitaria. La clave es la justicia o la venganza, pero también saber dónde se está.
En Estados Unidos, si uno tiene la mala suerte de verse envuelto de forma fortuita en cualquier altercado criminal, sea o no culpable, tiene las mismas posibilidades de ser ejecutado que en la Alemania nazi. Otra cuestión, de orden muy diverso, es si independientemente de que las garantías procesales sean eficaces, se está a favor o en contra de la pena de muerte; pero, lo que sucede en Estados Unidos, como según parece ha ocurrido con Troy Davis, al no existir de verdad esas mínima garantías jurídicas, esta segunda parte del debate tendría que quedarse para más adelante.
Troy Davis ha sido ejecutado. Troy Davis tenía 42 años y llevaba 20 en el corredor de la muerte. El Tribunal Supremo reafirmó la sentencia, esa aplicación de un cóctel mortal de barbitúricos, sujeto a una camilla, mientras proclamaba su inocencia. "Yo no lo hice. Siento mucho su pérdida. Pero yo no maté a su padre, hermano o hijo", dijo a los espectadores de su ejecución. Según parece, antes del juicio, la policía condicionó a los testigos para que escogieran a Davis entre una rueda de reconocimiento. No se pudo presentar arma homicida porque no fue encontrada, y tampoco había pruebas de ADN. Sin embargo, Davis fue condenado en 1991. Años después, siete de los diez testigos que acusaron a Troy Davis se han retractado de aquella declaración, manifestando que fueron coaccionados. Si esto no es una duda razonable, si esto es quebrar la presunción de inocencia, que venga Abraham Lincoln, que fue abogado, a verlo: lo que parece, realmente, es conspiración para el asesinato.
La mera posibilidad de poder condenar a un inocente debería bastar para abolir la pena de muerte en cualquier nación del mundo, además de la imprescindible concepción de la vida como bien jurídico supremo que no puede ser puesto en manos del Estado. No hay Derecho en América: este asesinato puede ser legal, pero no justo.
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