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domingo, 30 de noviembre de 2014

PRENSA. "Burundi, un país en el corazón de las tinieblas"

   En "cuartopoder.es":

Burundi, un país en el corazón de las tinieblas


JOAQUÍN MAYORDOMO | Publicado: 
Los pigmeos son la tercera etnia en burudi y aunque son minoría, cuentan también con repreentación en las instituciones. / J. M.
Los pigmeos, tercera etnia en Burundi, cuentan también con repreentación en las instituciones, pese a ser minoría. / J. M.
Cada día pasado en Burundi y Rwanda este verano he recordado a aquel Marlow que se adentra en la selva siguiendo el río Congo en busca de Kurtz, semidios agrandado por Joseph Conrad (1899-1924) en su mítica novela El corazón de las tinieblas, libro magistral que sirve aquí de disculpa para dar nombre a este artículo. Kurtz murió pronunciando la enigmática frase “¡El horror! ¡El horror!” delante de Marlow y esta frase, como un estigma, me ha acompañado cada hora vivida en una región en la que se perpetró, justo ahora hace 20 años, uno de los mayores genocidios que se recuerdan. Se calcula que entre ambos países murieron más de un millón de tutsis asesinados a machetazos por los hutus; sólo en Ruanda la cifra estimada es de 800.000 asesinatos en apenas tres meses.
Pero esto es historia, aunque las heridas parezcan recientes. Ahora toca hablar de la realidad. Y la realidad es que esta región de lagos tan grandes como mares (Tanganica, Kivu, Victoria) y hermosas montañas —la Suiza africana la llaman— siguen viviendo en el infierno.
Burundi es un pequeño país de 27.834 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes. Galicia, para hacerse una idea, tiene 1.723 kilómetros cuadrados más y sólo 2.766.000 habitantes. Es decir, la primera sensación que se tiene al viajar por Burundi es que en el país “no cabe más gente”. El 54% de la población tiene menos de 15 años y la media de hijos por familia ronda los 9, pero las innumerables religiones —católica, musulmana, adventista, anglicana, baptista, metodistas, etcétera— que predican sus credos allí instan a la libre concepción o se inhiben, como hace el Gobierno —que deja hacer—, mientras cada día son más las voces que claman que es necesario tomar medidas urgentes de control de natalidad, pues la eclosión demográfica es un bomba que un día va a estallar.
Las mujeres asrrancan el trigo y luego, una a una, cosechan las espigas. / J.M.
Las mujeres asrrancan el trigo y luego, una a una, cosechan las espigas. / J. M.
Mientras tanto, la miseria devora a los burundeses. El 90% de la población vive con menos de dos euros al día y el 59% con menos de uno. El salario medio no llega a los 20 € al mes. En el último Informe sobre Desarrollo Humano 2014 publicado por Naciones Unidas, Burundi ocupa el lugar 180 —España, el 27— de los 187 países que aparecen en la lista. Sólo, por este orden, Burkina Faso, Eritrea, Sierra Leona, Chad, República Centroafricana, RD del Congo y Níger, que ocupa el último lugar, le superan en este ranking de pobreza.
Hay otros datos escalofriantes (la esperanza de vida es de 54 años, el analfabetismo supera el 38% y la tasa de escolarización no pasa del 64%.), y otros, también, que dan qué pensar; como que el 52% de su presupuesto lo cubren donaciones extranjeras. ¿Es viable un país que no tiene recursos ni para cubrir tan siquiera el 50% de su presupuesto? Probablemente lo sería si hubiese justicia; si su riqueza se distribuyese mejor, si no hubiese corrupción… Pero ésta, la corrupción, es la bandera que impera en Burundi. El dinero que entra a mansalva de los países donantes de la Unión Europea y de otros se escurre como el agua entre los dedos de sus gobernantes, sin que se sepa a dónde va. Y esto se traduce en la más completa miseria: la mayoría de la gente come una sola vez al día (si come) y los servicios sociales (salud, educación), en general, brillan por su ausencia.
La bicicleta es el vehículo nacional y sirve para trasladar cualquier cosa. / J.M.
La bicicleta es el vehículo nacional y sirve para trasladar cualquier cosa. / J.M.
Otras necesidades, como la de disponer de herramientas para hacer mejor los trabajos industriales y agrícolas —Burundi es un país eminentemente agrícola: bananas, mandioca, arroz, té y café son sus principales cultivos— tampoco están mínimamente cubiertas. Resulta dolorosamente patético descubrir a grupos de mujeres que arrancan, sí, arrancan el trigo por no disponer de una hoz para segarlo, lo amontonan a la puerta de sus casas y luego, sentadas en el suelo, recolectan las espigas una a una. Junto a las carreteras es frecuente encontrarse a personas (niños sobre todo), rompiendo a martillazos grandes piedras que luego se usarán como grava, cuando se eche el asfalto. ¿Y qué decir del transporte, tan necesario para el desarrollo? Si se trata de llevar algo cerca o a algunos kilómetros… el mejor medio es la cabeza.
Las mujeres soportan todo lo imaginable sobre sus cabezas. Además de llevar, generalmente, un niño a la espalda, cargan con grandes mazorcas de bananas, cestos gigantes a rebosar de alimentos, sacos de lo que sea… Es lo normal. Pero si alguien dispone de una bicicleta… —¡En Burundi la bicicleta es el vehículo nacional por excelencia y quien tiene una bici se considerará casi rico!— podrá montar una industria boyante dedicada al transporte de lo que haga falta. Desde llevar a tres, cuatro personas a la vez, hasta transportar muebles, puertas, ladrillos, tejas, troncos, sacos de carbón, animales…
Las mujeres burundesas transportan todo sobre sus cabezas. / J.M.
Las mujeres burundesas soportan todo lo imaginable sobre sus cabezas. / J. M.
Este es Burundi; un lugar olvidado del mundo donde, sin embargo, el hormiguero de la cooperación internacional campa a sus anchas. Prácticamente, no hay cartel entre los miles de ellos sembrados por todo el país, que no anuncie un proyecto patrocinado por un país rico. Nadie quiere perderse, parece, esta “fiesta de la cooperación”. Aunque los resultados, por lo que se ve, no sean tan óptimos como sería deseable. Todos los indicadores de desarrollo social y humano cotejados en los últimos años por organismos e instituciones internacionales (OMS, FAO, Intermon Oxfam, etc.) indican que se han estancado o han ido a peor. Este hermoso país, tejido de montañas y valles, cubierto de una alfombra verde gran parte del año, esquilmado en sus bosques autóctonos y repoblado todo él de eucaliptos hasta hacer daño a la vista, sigue encaminándose, si alguien no lo remedia, hacia un nuevo horror.
Y es aquí cuando toca hablar de política. Porque la política en Burundi es un argumento muy endeble, casi cogido con alfileres, que en cualquier momento puede hacer crack, ¡crack!, y ser sustituido por el más prosaico de las armas. El país está gobernado por Pierre Nkurunziza, un exlíder guerrillero hutu, que lleva dos legislaturas (desde 2005) en el poder, y al que parece que ahora sólo le interese el fútbol. Todas las tardes, en torno a las cuatro, el ínclito presidente corta el tráfico de las calles que comunican el palacio presidencial con su campo de fútbol privado, junto al lago Tanganyca, para jugar unas horas con sus amigos. Lo insólito de este esperpento, que tanto da que hablar en la capital, Bujumbura, es que “el partido no concluye hasta que el sportif presidente no mete un gol”, aseguran sus detractores.
Y los hombres... / J.M:
…y los hombres. / J. M.
Pero, al margen de anécdotas, la realidad es que la paz cada día es más débil. Un reciente informe de Amnistía Internacional que se hacía, a su vez, eco de otro similar de la misión de paz que la ONU tiene en Burundi —“confidencial hasta que alguien, interesado, en Nueva York, lo filtró”, según fuentes del propio organismo— fue difundido por la prensa en julio pasado, logrando con ello que saltaran todas las alarmas del país. En él se denuncia la creación de milicias armadas por parte del partido del gobierno; una especie de cuerpo paramilitar a su servicio. Y esto es muy grave. Gravísimo. Porque la oposición, tanto hutu como tutsi —aquí, todavía, la sangre tribal corre caliente por las venas de unos y otros, y todos saben muy bien en que bando están y qué partido deben tomar cuando las cosas vengan mal dadas— no está dispuesta a consentir más corrupción ni más sucios manejos del Gobierno de Pierre Nkurunziza. Sin embargo, el partido que le sustenta, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD, su acrónimo en inglés) sigue a lo suyo mientras le niega el pan y la sal a la oposición, también hutu, del Palipehutu-FNL (Frente Nacional de liberación) y, por supuesto, a los tutsis de Uprona, partido que encabezó en su día las luchas por la independencia.
El Gobierno actual les prohíbe a todos por igual los mítines y las manifestaciones. Persigue a sus líderes y, esporádicamente, alguno de estos líderes sufre (o ha sufrido) “accidentes” irreparables de tráfico o de otra índole, provocados, según la versión oficial, por ajustes de cuentas… “amorosas”, por ejemplo. Entre tanto, la misión burundesa de paz de la ONU se esfuerza en documentar estas muertes, a las que califica de “asesinatos políticos” mientras sigue ahí, empeñada en sentar a las partes a la mesa del diálogo; un diálogo cada día más débil y más difícil, y que ahora se agrava con la intención de Pierre Nkurunziza de presentarse por tercera vez a las elecciones el año que viene; algo que la Constitución no contempla al limitar los mandatos presidenciales a dos legislaturas.
Así está Burundi; pendiente de un hilo; enredado en la vieja madeja étnica de hutus y tutsis, ricos y pobres, colonizadores y colonizados… Desde que en 1962 lograse la independencia de Bélgica, las guerras, matanzas entre unos y otros y las catástrofes, no han dejado de sucederse. Ahora parece que se avecina una nueva hecatombe si la comunidad internacional no se toma en serio lo que está ocurriendo (o puede ocurrir) en este país. El asesinato de tres monjas italianas de 75, 83 y 79 años, ocurrido hace una semana en un barrio de la capital, o la “salida voluntaria” de algunos cooperantes europeos, “aconsejados” por sus amigos de allí, no son más que relámpagos de una tormenta… que puede que pase de largo o que estalle sin más. Y entonces, si estalla, ya no habrá remedio. Y el horror, una vez más el horror, habrá vuelto al corazón de las tinieblas.
Y de Rwuanda ya os contaré.

jueves, 16 de octubre de 2014

PRENSA. "Cuando no es posible planificar la maternidad"

   En "El País":

Cuando no es posible planificar la maternidad

Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a educación sexual ni anticonceptivos

La mayoría vive en países en vías de desarrollo

En la UE las barreras son los anticonceptivos y la educación sexual


Dos usuarias debaten sobre anticonceptivos en el centro de planificación familiar de Rubona (Ruanda). / THOMAS IMO (GETTY IMAGES)
Hace 40 años, la única manera que muchas mujeres tenían para prevenir un embarazo no deseado era mantener al hombre bien lejos. “Eso era lo que decían mi abuela, y luego mi madre. El método para controlar el tamaño de la familia era evitar el contacto con el marido...”, recuerda Jenny Tonge. La británica, médico especialista en planificación familiar primero y baronesa y parlamentaria en la Cámara de los Lores, después, creció en una sociedad en la que solo las mujeres casadas podían recibir información sobre anticonceptivos. “En los años sesenta, si no tenías anillo no había nada que hacer, pero aún llevándolo no todas sabían que tenían esa posibilidad”, abunda. En España, la contracepción estaba prohibida para todos. Hombres y mujeres; casadas y solteras. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de las antibaby(como se conocía popularmente a la píldora, introducida en Europa en 1961) estaba penado con arresto y con hasta 200.000 pesetas de multa (1.200 euros).
Aún así, algunos colectivos de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían; eso sí, de estraperlo o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”. Esas prácticas ilegales desencadenaron algún susto, sobre todo en forma de redada. Pero también alguna condena, como la impuesta en 1977 a un hombre por vender preservativos en el Rastro madrileño; algo que suponía, según dijo la sentencia, una “vocación al vicio” y una “ofensa de la moral colectiva”. Sin embargo, la mayoría de los procesos judiciales quedaban en nada, como la acusación contra EL PAÍS por “propaganda anticonceptiva” por publicar un artículo científico sobre métodos de planificación familiar. Un delito por el que la Fiscalía pedía para su director, en aquel momento Juan Luis Cebrián, dos meses de arresto y una multa de 50.000 pesetas (300 euros).
El uso de “procedimientos para evitar la procreación” no se despenalizó hasta 1978 en España. Se autorizó entonces la venta de condones y de la píldora anticonceptiva (con receta médica, como ahora); un método que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en las farmacias —datos proporcionados por IMS-Health, la consultora de referencia en el sector—, se ha convertido en el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo —unos 60 millones de cajas entre los que se venden en las farmacias y en otros establecimientos de libre servicios, según las cifras facilitadas por Nielsen—.
Como en España, paso a paso el panorama mundial ha cambiado: la sexualidad se ha separado de la reproducción. Al menos en la teoría. Porque, todavía hoy, la receta de abstinencia que aplicaba la abuela de Tonge u otros métodos ineficaces, como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 222 millones de mujeres que no desean quedarse encinta y no pueden acceder a una contracepción moderna; es decir preservativos o, sobre todo (para prevenir el embarazo) anticonceptivos hormonales —píldoras, implantes, parches— o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de que su pareja acepte o no ponerse la goma.
La mayoría de esas mujeres vive en países en vías de desarrollo, como radiografía un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA). Lugares donde el poder decidir cuándo tener hijos y cuántos se engendran puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para ellas —por los problemas en el parto, la fístula obstétrica o las complicaciones del embarazo adolescente— y para sus hijos.
También en la Unión Europea, 25 años después de que el último Estado miembro —Rumanía— legalizase los anticonceptivos, quedan barreras que derribar para acceder a ellos, y a la información de cómo utilizarlos. En España, un 62% de las mujeres en edad fértil —o sus parejas sexuales— emplean métodos modernos para evitar el embarazo; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas. A mitad de camino, las guatemaltecas (un 34%) y, en el otro lado de la balanza, las mujeres de Sierra Leona, país récord de mortalidad maternoinfantil, donde menos de un 8% de las mujeres usa anticonceptivos, según los datos de UNFPA, que estos días, junto al Foro Europeo de Población y Desarrollo (EPF) y parlamentarios de 134 países, ha pasado revista a los objetivos de desarrollo y salud sexual y reproductiva fijados en la Convención de El Cairo en 1994.

Una inversión que compensa

 Que una mujer pueda decidir tener hijos y cuándo reduce la mortalidad materna e infantil, disminuye los embarazos no planificados y los abortos. Un análisis de la Fundación Bill y Melinda Gates, muy enfocada en la planificación familiar, indica además que por cada euro que se invierte en este campo los Gobiernos pueden ahorrar hasta seis.
Entidades internacionales como la UNFPA se centran ahora en buscar mecanismos para eliminar las barreras que frenan el uso de anticonceptivos. Para ello ha puesto en marcha la campaña Condomize! para fomentar el uso del preservativo.
Otras fundaciones como la de los Gates investigan nuevos métodos: implantes, inyectables —que pueden llegar a tener un efecto de seis meses—, anticonceptivos no hormonales o esterilización no quirúrgica femenina.
“La situación de Europa es incomparable con la de los países en vías de desarrollo, pero tampoco hay pleno acceso a la anticoncepción; sobre todo entre los más jóvenes”, apunta Vicky Claes, directora de International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF-EN). Las principales barreras en la UE, dice, son la falta de información, la financiación de los anticonceptivos y la escasez de servicios sanitarios especializados para menores; también algunos sistemas que impiden que estos puedan acceder a los servicios de salud sin sus padres. “Y los mitos relacionados con algunos anticonceptivos, como que la píldora engorda o que el preservativo resta placer —aún muy extendidos—, no ayudan”, añade.
En España, donde unas 1.400 adolescentes dan a luz cada año —y unas 13.000 interrumpen su embarazo—, el 35,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, según el último estudio Daphne sobre anticoncepción (de 2011). Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada. Mientras, solo el 4,5% de los jóvenes finlandeses con pareja no usa ningún método anticonceptivo, como indica el estudio Reprostat, elaborado por expertos de la Comisión Europea.
Las diferencias a escala mundial entre los países ricos y aquellos que no lo son están claras. La pobreza, la inexistencia de sistemas públicos de salud y el lastre de una sociedad patriarcal, que impide a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo —incluso sobre temas médicos— explican el alarmante dato de que solo un 1% de las sudanesas —por poner un ejemplo— emplea algún método moderno para prevenir el embarazo. Pero ¿cuál es la razón de las brechas de acceso que existen entre los países de un espacio común, como la UE? Algunos datos y modelos las explican: en Portugal, la anticoncepción es gratuita para quienes se registran en los servicios de salud. En Suecia, los anticonceptivos financiados cuestan al año unos 10 euros.
Nada que ver con España, donde las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública; una lista de fármacos que además menguó en julio del año pasado, cuando el Gobierno excluyó de la subvención pública ocho contraceptivos de última generación. Y esos modelos portugués o sueco se comparan peor aún con Eslovaquia, donde el Gobierno aprobó en 2011 una ley que prohíbe financiar anticonceptivos. Estos productos han pasado a considerarse allí desde entonces productos “no esenciales”, como los fármacos para perder peso o los productos para dejar de fumar.

El 62% de las españolas en edad fértil se protege. En Noruega son el 82%
Sin embargo, es en el acceso a la información donde más diferencia existe en todos los países. También entre los europeos. “El coste de los anticonceptivos es un escollo para los jóvenes y más aún en una situación económicamente complicada, pero la base del problema es el conocimiento, la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás”, dice Jenny Tonge. La baronesa británica habla delante de una chica que lleva luminosas mechas azules y de otra que se cubre los cabellos con un hiyab. Ambas aguardan en la sala de espera de la clínica de salud sexual para jóvenes del barrio central de Estocolmo, que Tonge visita con la ministra sueca de Cooperación Internacional, Hillevi Engström, y el director de la UNFPA, Babatunde Osetimehin, participantes los tres en la reunión de alto nivel sobre derechos reproductivos celebrada en la capital sueca a la que EL PAÍS acudió invitado por la agencia de la ONU y el EPF.
Las dos muchachas no son las únicas que esperan para entrar en la consulta del centro, donde se da información especializada a jóvenes de entre 12 y 23 años y se les proporcionan métodos anticonceptivos y apoyo psicológico si lo necesitan. La visita es secreta. Ni siquiera los más jóvenes necesitan permiso de sus padres para ir a la clínica y recibir consejo médico. Un punto fundamental para que funcione el proyecto, como destaca Hillevi Engström. “Tener servicios efectivos de salud sexual y reproductiva es clave para el desarrollo de los países y un elemento fundamental para las mujeres. Ayuda a atajar los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual. Es, sin duda, una inversión”, afirma.
Al director de UNFPA le gusta el ejemplo sueco que vende Engström; un modelo que también tiene una base de educación sexual. En Suecia, esta formación se convirtió en obligatoria en 1955. Desde entonces, explica la ministra, todos los menores la estudian en la escuela a partir de los 11 años. Osetimehin no llega tan lejos a la hora de opinar si esta información debe ser obligatoria. Él no se sale del lenguaje equilibrista de la ONU, y repite —como lo hacen decenas de declaraciones— que cada Estado es soberano para organizar sus sistemas, pero que la información sobre sexualidad es “una prioridad”. “Hay que fomentar centros de salud sexual especializados en jóvenes, donde puedan acudir no solo a recibir consejo médico, también a ser escuchados. Estos elementos son clave y ni la ideología ni la economía pueden servir para quitar peso a los derechos reproductivos de la agenda política”, afirma, algo más tajante, el médico nigeriano.
Osetimehin habla de crisis porque sabe que muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica; sobre todo en los países en vías de desarrollo, que dependen de las ayudas para cooperación y de fundaciones especializadas. Pero también menciona la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. Y no solo contra el aborto, su caballo de batalla tradicional; también claman contra la contracepción, a la que culpan del descenso de la natalidad en Europa, y contra la educación sexual. Hace solo unos meses el voto de los eurodiputados más conservadores tumbó un informe que instaba a los países a incluir esa formación en el currículo educativo y a garantizar el acceso a anticonceptivos baratos; también al aborto seguro. La campaña de los lobbies que se oponen a los derechos sexuales, que defienden, entre otras cosas, que solo las familias —y no los Gobiernos— puedan decidir cómo educar a los hijos en estos temas, fue legendaria.
En España, apunta Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación Española de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se dan los dos factores sobre los que alerta el director de la UNFPA. “La nueva ley del aborto hará retroceder al país tres décadas en derechos reproductivos”, asevera. El anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina la opción de las mujeres a decidir libremente interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo bajo dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. La ley Gallardón supone, además, un alejamiento de los modelos vigentes en la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo. “Además de la regresión en derechos, estamos ante un anteproyecto de ley que no tiene ningún contenido relacionado con la prevención de embarazos no deseados o salud sexual y reproductiva”, incide Sánchez.

En Eslovaquia, una ley prohíbe la financiación pública de la contracepción
Raquel Hurtado, del área joven de la FPFE, incide en otro ángulo que empaña también las perspectivas de un país donde se registran más de 112.000 abortos al año. A pesar de que España no estaba muy boyante en servicios de salud sexual, el número de centros ha menguado desde 2010, cuando se iniciaron los recortes en las partidas de Sanidad y Educación. En Madrid, por ejemplo, dos servicios especializados en jóvenes han cerrado, otro ha recortado sus horarios, varios se han reconvertido en otro tipo de clínicas menos especializadas y todos han reducido su personal. Lejos queda España del modelo sueco. Tampoco cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que marca que debe haber un centro de atención a la sexualidad por cada 100.000 habitantes menores de 29 años. En todo el país solo hay una docena; en Alemania, por ejemplo, son más de 200.
En España, además, no hay ni rastro de educación sexual en el currículo educativo. Tampoco intención de incluir esa materia. Mucho ha llovido desde que en 1983 el Gobierno socialista de Felipe González aseguró que incluiría como materia educativa la información sobre anticonceptivos en bachillerato y formación profesional. Nunca ocurrió. Ni su Ejecutivo ni los venideros lo hicieron. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la difunta Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el curso pasado.
Y mientras algunos países de la UE están relajando sus esfuerzos en prevención, otros, sobre todo de América Latina y el Caribe, intensifican sus esfuerzos para atajar el embarazo adolescente. Esa región es la única en la que los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron en la última década. En Colombia, Bolivia, Honduras o El Salvador más de un 20% de las mujeres de entre 20 y 24 años ha dado a luz antes de los 18. Un panorama similar al de Paraguay, donde el Gobierno ha ideado una especie de bonos gratuitos para que los jóvenes puedan acceder a la contracepción.
La Conferencia de El Cairo de 1994 definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas claras para dar poder a las mujeres. Una de ellas, proporcionarles los medios para poder decidir libremente sobre su maternidad. Veinte años después, las mujeres de Sierra Leona, Bangladesh o Zambia aún deben pedir permiso a su marido para ir al sanitario que podría prescribirles anticonceptivos. La mayoría de ellas ni siquiera puede permitirse aplicar la receta de la abuela de Jenny Tonge.