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sábado, 30 de mayo de 2015

PRENSA. "Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para España)". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "Blogs.publico.es":

Pensamiento crítico

Vicenç Navarro

Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para España)

24mar 2015

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Para entender la crisis existente en la Unión Europea, ayuda el conocer la que ocurrió en los años treinta en Europa, y como ambas crisis han afectado la relación de Alemania -el centro del sistema económico europeo- con la periferia, centrándonos en este artículo en Grecia, y con algunas notas también de la relación de Alemania con España en ambos periodos históricos.
En Alemania, la primera crisis, generada en parte por la enorme deuda pública acumulada, resultado de las exigencias de los países vencedores de la I Guerra Mundial de que este país pagara las reparaciones por los daños infligidos a los países enemigos durante el conflicto bélico, determinó la elección de un gobierno Nazi liderado por Hitler. La enorme austeridad de gasto público, con los grandes recortes realizados con el objetivo de pagar la deuda, y las reformas del mercado laboral que contribuyeron al crecimiento del desempleo generado por aquellos recortes, causaron un rechazo de la población hacia los partidos que impusieron tales medidas y llevaron a la primera elección de un gobierno Nazi en Europa. Hay que recordar que el nazismo alcanzó el poder en Alemania por la vía democrática debido a su atractivo electoral (y también a la división de las izquierdas, concretamente entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista).
El nazismo sacó a Alemania de la crisis económica mediante la militarización de su economía (keynesianismo militar) y al expolio de los países periféricos, incluyendo Grecia. La ocupación de Grecia (1941-1945) fue de las más brutales que hayan existido en Europa. Aquel periodo se caracterizó por un sinfín de atrocidades. Pueblos y ciudades fueron testigos de aquellas brutalidades. Mousiotitsa (153 hombres, mujeres y niños), Kommeno (317 hombres, mujeres y niños, donde incluso 30 niños de menos de un año fueron asesinados y 38 personas fueron quemadas vivas en su casa), Kondomari (60 asesinados), Kardanos (más de 180), Distomo (214 muertos), y así una larga lista. Más de 460 poblaciones fueron destruidas y más de 130.000 civiles fueron asesinados, además de más de 60.000 judíos que representaban la mayoría de la población judía en Grecia. El sacrificio humano fue enorme. Y la represión estaba encaminada a sostener una enorme explotación y latrocinio. En realidad, el III Reich robó el equivalente en moneda alemana de 475 millones de marcos, que significaría en moneda actual 95.000 millones de euros. Ante esta situación, ¿cómo puede pedírsele a las clases populares, que fueron las que sufrieron en mayor medida la represión, que olviden esta etapa de su vida? (ver Conn Hallinan: “Greece: Memory and Debt”, Znet Magazine, 18.03.15, de donde extraigo la mayoría de datos de este artículo).
Y lo que es importante subrayar es que los responsables de tanta brutalidad, los militares que dirigieron los asesinatos, el expolio y el latrocinio, recibieron sanciones menores en Alemania, muy por debajo de lo que la población griega exigía. El General Hubert Lanz, que dirigió una de las divisiones responsables de tales atropellos, pasó solo tres años en prisión, llegando luego a ser asesor en temas de seguridad del Partido Liberal alemán. La tolerancia, cuando no complicidad, de los gobiernos occidentales (que ayudaron más tarde a las derechas griegas –que anteriormente habían colaborado con el nazismo- a derrotar a las milicias antinazis en lo que se llamó la Guerra Civil) con los dirigentes nazis, es también conocida y recordada. Los gobiernos occidentales, que se presentaban y autodefinían como democráticos, ayudaron, como también pasó en España, a que se mantuvieran las mismas estructuras oligárquicas que han mantenido a Grecia en la pobreza y en la miseria por tantos años. En la Alemania Oriental (bajo ocupación soviética), sin embargo, los militares nazis sufrieron penas mayores. El General Karl von Le Suire (el carnicero de Kalavryta) fue capturado por la Unión Soviética y murió en un campo de concentración en 1954, y el General Friedrich Wilhelm Müller (que ordenó las masacres de Viannos) fue ejecutado por los propios griegos en 1947.
Las supuestas reparaciones del gobierno alemán
El gobierno alemán nunca ha aceptado la demanda del gobierno griego de pagarle 677.000 millones de euros para compensar todos los daños causados en su ocupación devolviendo, además, los recursos –incluyendo el dinero del Banco Central griego- que habían robado las tropas alemanas. Solo en 1960 el gobierno alemán pagó 115 millones de marcos alemanes, una cantidad insignificante a la luz del daño causado. Durante el periodo en que Alemania estaba dividida, la postura del gobierno alemán era la de que no podía hablarse de pago por reparaciones hasta que hubiera de nuevo una Alemania unida. Y cuando la hubo (en 1990), el argumento fue de que ya habían pasado muchos años, y que ya se le habían pagado a Grecia los 115 millones de marcos alemanes. ¿Cómo puede pedírsele al pueblo griego que se olvide de su enorme sacrificio y de los recursos que le robaron?
Ver estas demandas que está haciendo el gobierno Syriza como mera táctica de negociación con el gobierno alemán en la renovación del segundo rescate (aprobado por el gobierno anterior) es trivializar el significado de la ocupación nazi en Alemania y el enorme sufrimiento y pobreza que esta impuso al pueblo griego. El gobierno Syriza es el primer gobierno progresista y de izquierdas, claramente representante de las clases que sufrieron más la represión nazi, y es de justicia que una de las primeras reivindicaciones sea recuperar la memoria histórica de los vencidos y exigir reparaciones. Ver esa reivindicación como mera táctica de negociación con Alemania, como los mayores medios de comunicación españoles lo han presentado, es desconocer la historia de Grecia y de Europa, lo cual, por cierto, es muy común entre tales medios.
La doble moralidad  de los países llamados democráticos
Es importante destacar también, además de la enorme insensibilidad del gobierno alemán hacia tal sufrimiento, el contraste entre como se resolvía el gran problema de la deuda pública que el gobierno alemán debía a los aliados después de la II Guerra Mundial, y lo que el gobierno alemán ha intentado imponer al gobierno griego en el pago de su deuda a los bancos alemanes (entre otros) que prestaron dinero a Grecia (para muchos proyectos que, por cierto, les originaron grandes beneficios, sin que beneficiaron en nada o en muy poco a las clases populares griegas). Los aliados en 1953 (en el Tratado de Londres) le perdonaron al Estado alemán el 50% de toda la deuda, condicionando además su pago a la existencia de un crecimiento económico que facilitara tal pago, precisamente la misma petición que está ahora haciendo el gobierno Syriza. El gobierno alemán se ha opuesto duramente a que se tratara a Grecia como se les trató a ellos en su momento. Syriza pedía las mismas condiciones, y fue el gobierno alemán el que dirigió la oposición a que tal propuesta incluso fuera considerada. ¿Cómo se le puede pedir al pueblo griego que no mire al pasado para resolver el futuro? Esta petición tiene dimensiones de cinismo. Las declaraciones del portavoz de la Canciller Merkel de que “Grecia debería concentrarse en temas actuales, mirando el futuro” es de una enorme insensibilidad, preñada de cinismo. La Sra. Merkel ignora u oculta que gran parte de los problemas existentes en Grecia se basan en lo que ocurrió en el pasado.
El nazismo y su influencia en España
La petición de la Sra. Merkel es semejante a la petición de las derechas españolas, hoy dirigidas por el Sr. Rajoy (el gran aliado de la Sra. Merkel), herederas de los que vencieron la mal llamada Guerra Civil (pues fue un golpe de Estado que venció como consecuencia de la ayuda militar del gobierno Nazi alemán e impuso una de las dictaduras más brutales que hayan existido en Europa), pidiendo a las víctimas de aquel genocidio que se olviden del pasado, mirando solo al futuro. Se ha intentado por todos los medios hacerle olvidar al pueblo español que en España hubo un golpe militar dirigido por el Ejército y por el Partido Fascista (junto con la Iglesia) que inició cuarenta años de una enorme represión (España es, después de Camboya uno de los países que tiene un mayor porcentaje de personas asesinadas y desaparecidas por motivos políticos), imponiendo un enorme subdesarrollo económico, social y cultural del país. Y nunca debería olvidarse que la victoria del golpe militar nunca hubiera existido sin la ayuda de la Alemania nazi. El gobierno nazi jugó un papel clave en garantizar la superioridad militar de los golpistas españoles. Y fueron las estructuras de poder dominantes del Estado español las que –como he mostrado en mis escritos- han sido responsables de la enorme pobreza del Estado español, de su carácter eminentemente represivo, con escasa conciencia social, y muy poco redistributivo, altamente corrupto y poco sensible a su plurinacionalidad (ver mi libro  El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias). Aparecieron cambios, sobre todo en su etapa después de la Transición democrática, pero debido al gran desequilibrio que hubo en el periodo de la Transición entre las derechas –que controlaban al Estado y la gran mayoría de los medios- y las izquierdas –que lideraron las fuerzas democráticas- la democracia fue muy limitada. Y como consecuencia, el Estado español continúa teniendo estas mismas características. España y Grecia tienen el mayor número de policías y agentes del orden por cada 10.000 habitantes, y el menor número de adultos trabajando en su Estado del Bienestar, las mayores tasas de fraude fiscal y corrupción, y el gasto público social más bajo.
Otra Europa, otra Alemania, otra Grecia y otra España (y otra Catalunya) son posibles.
La situación actual en Europa es el resultado de una alianza entre los establishments financieros, económicos y políticos que gobiernan la vida política, financiera y económica (y mediática) de la Eurozona, frente a las clases populares de tales países, mayores recipientes de las políticas de austeridad y reformas laborales que se están imponiendo a la población sin ningún mandato popular, a costa de un enorme coste humano. Lo que se requiere es una alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales que se opongan a tales políticas, para desarrollar otra Europa que cambie la relación centro-periferia que está dañando tanto a las clases populares de la periferia como también del centro.
En este aspecto hay que saludar y aplaudir el apoyo que la izquierda alemana que, en representación de la clase trabajadora alemana (cuyas condiciones se han deteriorado considerablemente con las medidas adoptadas de los gobiernos Schröder y Merkel) han aprobado la petición del gobierno Syriza de que el gobierno alemán pague al gobierno griego las reparaciones debidas a este pueblo. Este signo de solidaridad es el mejor indicador de la posibilidad de establecer alianzas transnacionales, impidiendo y dificultando que el establishment alemán pueda utilizar tópicos casi racistas (como que los pensionistas alemanes están pagando las vacaciones de los trabajadores griegos que, además, son vagos), que reproducen los medios de mayor difusión alemanes. Hay que evitar presentar el conflicto actual como el conflicto entre el pueblo alemán por un lado, y el español y griego por otro. Verlo y presentarlo de esta manera es dificultar enormemente la necesaria alianza para construir otra Europa. El conflicto es entre las minorías financieras, económicas, políticas y mediáticas que dominan y gobiernan la gran mayoría de países de la Eurozona por un lado, y las clases populares de tales países por el otro, que están dañando el bienestar y calidad de vida de todas ellas. El elevado nivel de deterioro del mercado de trabajo alemán es un claro ejemplo de ello. El “éxito exportador alemán”, como bien ha documentado Oskar Lafontaine (que fue en su día Ministro de Finanzas del gobierno Schröder), se basa precisamente en unos salarios que están muy por debajo de lo que deberían, forzando una situación de competitividad entre los países de la Eurozona para que bajen los salarios. Mientras tanto, se le dice al trabajador alemán que el problema se debe al obrero griego que es poco disciplinado en su trabajo. Y así los medios del establishment alemán, con una narrativa incluso racista, como durante el nazismo, ofenden diariamente al obrero griego (y al alemán).
De ahí la urgencia de que se redescubran en los análisis políticos categorías de análisis olvidados desde hace bastante tiempo (como la existencia de clases y de conflicto entre ellas, que existen en cada país) que permitan establecer alianzas transnacionales de las clases populares que impidan que se utilicen narrativas orientadas a dividirlas.

sábado, 16 de mayo de 2015

PRENSA. "La llaman una decisión justa y democrática, y no lo es: la represión en España". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "blogs.publico.es":

La llaman una decisión justa y democrática, y no lo es: la represión en España

26mar 2015

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
El Estado español ha heredado muchos de los aparatos y aspectos represivos del Estado dictatorial, resultado del desequilibrio de fuerzas existentes durante el periodo de Transición (con gran dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato del Estado y sobre los medios de información), pasando de una de las dictaduras más sangrientas que haya conocido Europa (según el mayor experto en el tema de la represión fascista en Europa, el Profesor Malekafis de la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió la dictadura liderada por Mussolini en Italia, la dictadura liderada por el General Franco cometió más de 10.000, siendo todavía hoy España, después de Camboya, el país que tiene mayor porcentaje de población desaparecida por razones políticas) a una democracia muy incompleta. Todavía hoy España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de policías por 10.000 habitantes, y con menor número de adultos por cada 10.000 habitantes que trabajen en los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios sociales y otros.
Uno de los aparatos del Estado que ha cambiado menos ha sido precisamente el estamento judicial, que continúa profundamente conservador, característica aún más acentuada en los altos niveles de la judicatura. Tal cuerpo funcionarial se ve a sí mismo como el máximo defensor, ya no de la justicia, sino del Estado, hoy controlado por los dos partidos mayoritarios del país y que son determinantes de su permanencia y de sus funciones.
¿Quién no respeta la democracia?
La democracia española, conocida internacionalmente por su escasa calidad, es enormemente incompleta (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2002). Y tal aparato judicial, en sus elevadas instancias, es el máximo defensor de sus carencias. Un ejemplo, entre miles, es la sentencia del Tribunal Supremo condenando a algunos de los participantes de la manifestación en la que dificultaron el acceso de los diputados al Parlament de Catalunya, el día que se tenía que aprobar uno de los presupuestos más austeros y con más recortes que el gobierno catalán (también conservador) haya aprobado desde que existe democracia. Aquel día, el movimiento 15-M (uno de los movimientos más saludables que hayan existido en España en los últimos años) había convocado una protesta frente al Parlament, donde se iba a aprobar la citada ley. Predeciblemente, la mayoría de los actos programados no habían sido autorizados ni permitidos (en contra de lo que indica la Constitución Española) por la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra -dependientes de la Generalitat de Catalunya- que los reprimió. El objetivo de la manifestación era no solo protestar por la aprobación de tales presupuestos, sino también denunciar el carácter antidemocrático de tal aprobación, ya que el Parlament no tenía ningún mandato popular que la justificara,  pues en ninguna de las ofertas electorales de los partidos gobernantes estaba la de hacer tales recortes.
Era un acto democrático, de desobediencia civil y mayoritariamente pacífico, protegido, de nuevo, por la tan manoseada Constitución Española. Igual de predecible fue la respuesta de la mayoría de los medios de información que, traduciendo y reflejando su escasa cultura democrática, presentaron tales manifestaciones como antidemocráticas y contrarias al poder popular representado por el Parlament, ignorando que la desobediencia civil era y es un componente fundamental del proceso democrático. EEUU no tendría un presidente de raza negra si no hubiera habido desobediencia civil en aquel país.
La desobediencia civil es parte del proceso democrático
En realidad, en las mismas fechas en que ocurrían los hechos en Barcelona, hubo una manifestación muy parecida en el Estado de Wisconsin, en EEUU, cuando su Parlamento iba a aprobar los presupuestos de ese Estado, gobernado por el Tea Party (la ultraderecha que controla el Partido Republicano en aquel país). Los presupuestos eran también de los más austeros que hubiera aprobado tal Parlamento, sin que dichas medidas hubiesen constado en la oferta electoral del Partido Republicano. Las medidas movilizaron a sectores de la población, liderados por los sindicatos, que organizaron la manifestación frente al Parlamento. En aquel acto, los manifestantes que rodearon el Parlamento también dificultaron el acceso de los parlamentarios (con la complicidad por cierto, del Partido Demócrata, que estaba en la oposición al gobierno). Pero en este caso ninguna persona fue llevada a los tribunales ni tampoco hubo ningún asistente herido o apaleado por la policía.
No así en Barcelona, donde la policía sí cargó contra unos manifestantes que eran pacíficos en su gran mayoría (ver mi artículo “En defensa del 15M en Barcelona”,Público, 10.04.2014). Y, es más,  varias personas fueron llevadas a los tribunales. La Audiencia Nacional, sin embargo, los absolvió, argumentando correctamente que tales actos encajaban dentro del proceso democrático, y que las formas de presentar su disconformidad estaban en parte justificadas por la falta de oportunidad de expresar su desacuerdo en los mayores medios de información, a los cuales no tienen acceso tales movimientos críticos. Tal dictamen habría supuesto una brecha de esperanza, abriendo la posibilidad de reforma del cuerpo judicial. Pero tal esperanza era en vano. La fiscalía no abandonó su objetivo, que no era el de hacer justicia, sino el de hacer un escarmiento, un objetivo compartido por el Tribunal Supremo, que dictó que los imputados deberían estar encarcelados nada menos que tres años, decisión injusta y a todas luces desproporcionada. Incluso, en el caso de que tales personas ajusticiadas hubieran actuado incívicamente, molestando físicamente a los parlamentarios (lo cual es criticable y punible), la pena de tan largo encarcelamiento es un indicador de la mentalidad represiva de un aparato del Estado, que considera que su función es proteger por todos los medios al Estado, sea o no la medida injusta, como lo había sido en este caso.
Por otra parte, los manifestantes del 15-M no carecían de razón, y fueron sus personajes más ­­­­­­­­­­­­visibles los que recibieron una sanción. Pero la pregunta que no se ha hecho y debería hacerse es, ¿quién sanciona a los representantes de la ciudadanía cuando en el curso de su trabajo toman decisiones por las cuales no tienen mandato, perjudicando y dañando el bienestar de millones de personas que no tienen medios para defenderse? Limitar la sanción a que dejen de ser elegidos la próxima vez que se llame a las urnas es tergiversar el principio democrático, que exige que sea la población la que decida sobre aquellas decisiones públicas que afectan sus vidas y su bienestar. La desobediencia de los parlamentarios frente al mandato popular y electoral recibido debería penarse, pues,  consecuencia de su acción antidemocrática, miles de personas salen perjudicadas. Precisamente para prevenir este daño, los manifestantes del 15-M se movilizaron para impedir que se hiciera aquel acto antidemocrático que iba a tener lugar en el Parlament. Eran aquellos manifestantes los que estaban intentando evitar que se corrompiera el principio democrático que requiere que los representantes representen a sus representados, en vez de a intereses que no son afines a la voluntad popular. El hecho de que algunos –una enorme minoría- forzaran algunos actos incívicos entre los asistentes, no borra la actitud de nobleza democrática de tal  movilización
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lunes, 6 de abril de 2015

PRENSA. "El sesgo ideológico del lenguaje, incluido el económico". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "blogs.publico.es":

Pensamiento crítico

Vicenç Navarro

El sesgo ideológico del lenguaje, incluido el económico

31mar 2015

Vicenç NavarroCatedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona
El lenguaje que se utiliza en la comunicación oral o escrita reproduce en cualquier país los valores dominantes en su cultura. El movimiento feminista ha mostrado, por ejemplo, los términos utilizados en el lenguaje que reproducen el dominio del hombre sobre la mujer en nuestras sociedades. Y lo mismo han hecho los movimientos de derechos civiles en EEUU, en defensa de las minorías afroamericanas, mostrando el racismo que, consciente o inconscientemente, se reproduce en el lenguaje utilizado por la mayoría blanca de aquel país.
Se ha dado, sin embargo, muy poca atención a la discriminación que aparece en el lenguaje cotidiano en la utilización de palabras o términos que son peyorativos y ofensivos hacia los grupos de la población que tienen menos recursos, sectores que, por regla general, pertenecen a los grupos sociales de menos ingresos dentro de la clase trabajadora. Es común, por ejemplo, referirse a estos sectores como “clase baja”, contrastándola con la “clase alta” y la “clase media”. Así, es común en los medios de mayor difusión, utilizar encuestas en las que se pide a la población que se defina por su clase social, presentando como alternativas las categorías “clase alta”, “clase media” o “clase baja”. Predeciblemente, la gran mayoría de la población se define como clase media, de donde los medios concluyen que la mayoría de la población en España o en EEUU es y se autodefine como “clase media”. Esta tipología lleva implícita una valoración jerárquica, semejante a un sistema de castas, donde la casta más baja es la clase baja. Es el grupo poblacional al que se definía antes como las clases “humildes”.
Ahora bien, es interesante resaltar que cuando a la población se le pregunta si se considera de “clase alta”, “clase media” o “clase trabajadora”, la gran mayoría de la población se define como clase trabajadora, tanto en España (incluyendo Catalunya) como en EEUU, término que, por cierto, apenas se utiliza en los mayores medios de información. Es más, cuando se utilizan términos más científicos, como “burguesía”, “pequeña burguesía”, “clase media profesional” o “clase trabajadora”, el porcentaje de la población que se define como clase trabajadora es incluso mayor. La misma situación ocurre en EEUU, donde los términos son distintos. En aquel país, los términos utilizados son “clase corporativa” (Corporate Class, término equivalente a clase capitalista), “clase media profesional”, “clase media” y “clase trabajadora”. Cuando esta tipología es la que se utiliza, la mayoría de la población se define como “clase trabajadora” (ver el excelente trabajo de Marina Subirats, Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las Clases Sociales en los albores del siglo XXI).
El lenguaje como reproductor de las relaciones de poder
El hecho de que raramente se utilice el término “clase trabajadora” se debe a que el establishment político-mediático, muy instrumentalizado por los grandes grupos financieros y económicos, quiere que se elimine el lenguaje de clases, sustituyéndolo por el de niveles de renta (clase alta, media y baja), sin analizar el origen de tal renta, agrupando como clase media a la gran mayoría de la población que no es ni rica ni pobre, categoría muy poco científica, que deja de tener valor analítico por su gran diversidad. En realidad, clase media es una categoría que en su definición científica representa a una minoría que, junto con la clase trabajadora, constituyen las clases populares, que representan un 75% de la población. Las clases altas (burguesía o clase corporativa) y las clases medias de renta media o alta (pequeña burguesía y clase media profesional) representan alrededor del 25% de la población, el cual tiene una enorme influencia mediática y política en el país.
El clasismo en el lenguaje económico: ¿qué es capital humano?
El clasismo aparece ampliamente en la terminología de la economía ortodoxa de corte liberal en el uso del término “capital humano”. En un principio dicha expresión parece razonable, pues se refiere al hecho de que la experiencia o el conocimiento o la educación que un trabajador tiene, añade valor añadido al trabajo que realiza, presentándose esta experiencia, conocimiento o educación como capital que le sirve al trabajador para aumentar su renta.
De ahí la expresión ampliamente utilizada de “invertir en capital humano”, es decir, en las personas, para que, teniendo este capital, valgan más. De esta manera, todos somos capitalistas. Unos tienen acciones bancarias en su haber, y otros tienen estudios. Tanto el uno como el otro tienen capital. Todo puede parecer razonable y lógico, excepto que se basa en una enorme falsedad. Supongamos que tenemos dos personas y que las dos ingresan 50.000 euros al año. Pero uno los ingresa como parte de su trabajo, consecuencia de su capital humano, según la terminología dominante, es decir, resultado de su conocimiento, educación o experiencia. El otro, por el contrario, los ingresa como parte de las acciones que tiene en el banco. Para el primero, conseguir estos 50.000 euros significa tener que trabajar 240 días al año y ocho horas al día. En el caso del segundo, el individuo no tiene que hacer nada, repito, nada. El dinero procede de la propiedad del capital, mientras que para el primero procede de su esfuerzo. La terminología de invertir en capital humano implica repartir capital y producir más capitalistas, lo cual transforma al trabajador en un apéndice del capital.
Pero la situación es incluso peor, pues lo que se define como capital humano varía enormemente de un trabajador a otro, pues el valor añadido que el trabajador incorpora mediante su experiencia, conocimiento o educación depende, no solo del trabajador, sino del lugar y sector de la estructura económica en el que desempeña sus tareas. Un trabajador con igual nivel de educación que otro puede añadir más valor al producto en el que trabaja según el lugar donde trabaje, el tipo de puesto de trabajo, el sector económico, el equipamiento existente y un largo etcétera, circunstancias que escapan a su propio control. Esta observación viene a cuento cuando constantemente se hacen comparaciones de la productividad laboral entre países, concluyendo que los salarios más altos de los países nórdicos se justifican por su mayor productividad, cuando la que se compara no es la del trabajador, sino la del sector económico, es decir, la estructura económica es más productiva en los primeros que en los segundos, estructura que tiene poco que ver con el trabajador en sí. Y ahí está la raíz del problema. El problema no es, como constantemente se subraya, la menor productividad del trabajador español, sino la estructura económica del país que expresa las relaciones de poder (incluyendo de poder de clase) existentes en España, estructura responsable de su menor desarrollo y su pobreza.
Estos son ejemplos de que el lenguaje que se utiliza, tanto en la vida académica como en los medios de comunicación, es un lenguaje que reproduce en sí las relaciones de poder existentes en nuestra sociedad, tema del cual raramente se habla ni en los foros académicos ni en los medios de comunicación y persuasión del país.

viernes, 20 de febrero de 2015

PRENSA. "El ataque frontal del Gobierno alemán y el BCE a Grecia". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "publico.es":Público.es

Pensamiento crítico

Vicenç Navarro

El ataque frontal del Gobierno alemán y el BCE a Grecia

17 febrero 2015


Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Una de las situaciones menos analizadas en la relación existente entre Alemania y Grecia (que aparece en el transfondo de la llamada “crisis de la deuda griega”) es la actitud profundamente ofensiva que el establishment conservador-neoliberal alemán y sus mayores medios de comunicación tienen hacia el pueblo griego, situación que es sorprendente teniendo en cuenta la historia de la relación existente entre ambos países. Veámosla.
El nazismo en Alemania fue resultado de unas elecciones y no de un golpe militar de Estado, como ocurrió con el fascismo en España. Hay, pues, una responsabilidad histórica de la población alemana de aquel momento sobre el comportamiento del nazismo en Europa, incluyendo la brutal actuación de las tropas nazis en Grecia durante su ocupación, que duró cuatro años (1941-1945) y que destruyó la economía griega mediante un latrocinio constante de los recursos de aquel país, incluyendo los fondos del Banco Nacional de Grecia, que en cifras actuales  ascendería, según el Ministerio de Finanzas griego, a la impresionante cifra de 162.000 millones de euros. El coste de dicho comportamiento en el bienestar de la población griega fue enorme, causando hambrunas y la muerte de más de 350.000 personas.
A pesar de la represión durísima que caracterizó la ocupación alemana en Grecia, hubo una resistencia antinazi fuerte que jugó un papel importante en la derrota de las tropas nazis. En realidad, estas fuerzas antinazis a las que el nuevo Presidente de Grecia, el Sr. Alexis Tsipras, homenajeó como primer acto de su mandato, representaban la esperanza de un país nuevo que, conjugando el proyecto de soberanía nacional con el de justicia social, auguraba una transformación de las estructuras oligárquicas que configuraban la economía griega.
Pero esta posibilidad fue ahogada por los oligarcas y los elementos reaccionarios del país que, junto con el Ejército, iniciaron lo que se llamó erróneamente la Guerra Civil, que, en realidad, como ocurrió en España, fue la oposición de las fuerzas reaccionarias a los posibles cambios, luchando por todos los medios para conservar aquella estructura frente a fuerzas progresistas que tenían una gran vocación transformadora. El primer bando –el de las fuerzas reaccionarias- contó, después de la victoria sobre los nazis, con el apoyo activo de los gobiernos del Reino Unido y de EEUU, temerosos de que las fuerzas progresistas predominaran en aquel conflicto y (atendiendo a su diseño geopolítico) debilitaran su flanco, aumentando el poderío soviético. En realidad, la Unión Soviética las abandonó. Pero fue responsabilidad del mundo occidental, y muy en especial del Reino Unido y de EEUU, que dicho sistema oligárquico se mantuviera por la fuerza de las armas, incluyendo dictaduras militares. Cuando más tarde la democracia apareció en el panorama griego, fue (como en España) una transición inmodélica en la que los poderes económicos continuaron con su dominio, controlando además los medios de información y persuasión (de nuevo, como en España).
Es de una enorme desmemoria histórica, llena de cinismo, que el establishment conservador-neoliberal, heredero de gobiernos que destruyeron la economía griega primero (Alemania) y mantuvieron las estructuras oligárquicas después (Reino Unido y EEUU), ahora se refieran a los griegos con unos términos que, en el caso alemán, incluso tienen tonos racistas. En un excelente artículo de Salvador Martínez Mas “Se busca amigo alemán de Grecia” (12.02.15), este autor detalla lo que cualquier observador de los medios de información alemanes puede dar testimonio: la presentación por tales medios del pueblo griego como indisciplinado, poco laborioso, incapaz de apretarse el cinturón para pagar todo el dinero que se le ha prestado. Incluso rotativos que se consideran progresistas muestran indicadores de tal percepción generalizada en Alemania. Nada menos que Der Spiegel se refiere a Alexis Tsipras como “la pesadilla de Europa”, apoyando las políticas neoliberales promovidas por la canciller Merkel y co., que se sienten amenazados con las propuestas de Syriza, que representan una clara alternativa a unas políticas que están dañando enormemente a las clases populares de los países de la Eurozona y muy en particular de la periferia de esta zona, especialmente de Grecia.
El nacimiento del nazismo en Alemania entonces y en Grecia ahora
Pero la insensibilidad del establishment alemán alcanza incluso mayores niveles cuando se compara lo que está pasando ahora en Grecia con lo que ocurrió en Alemania en los años treinta del siglo pasado. No se conoce bien en España (donde la historia del nazismo y el fascismo en Europa y en España se ha silenciado) que el nazismo fue elegido en Alemania en 1933 como rechazo a las políticas de austeridad impuestas a Alemania por los vencedores de la I Guerra Mundial (Francia, Reino Unido y Estados Unidos), que querían cobrar las reparaciones de guerra que habían impuesto a la vencida alemana, creando una enorme deuda. Y la elección de Hitler fue, en parte, consecuencia de las políticas de austeridad realizadas por el gobierno alemán, una coalición que incluía los dos partidos mayoritarios, incluido el Partido Socialdemócrata, que seguía las instrucciones de los vencedores: ¡había que pagar la deuda! Fue Hitler el que terminó estas políticas, siguiendo unas políticas keynesianas, que recuperaron la economía alemana. El carácter militar de este keynesianismo condujo a un belicismo que determinó la II Guerra Mundial.
La comparación de la situación anterior a la elección de Hitler en Alemania con la de Grecia es muy llamativa. En realidad, la imposición de las políticas de austeridad por parte de la Troika y del gobierno alemán a Grecia está causando un deterioro de la economía griega incluso mayor (alrededor de un 25% del PIB) que el que sufrió la economía alemana como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas a Alemania por los vencedores de la I Guerra Mundial (un 16% del PIB). Fue esta Gran Recesión (en realidad, Gran Depresión) y el enfado popular hacia el gobierno lo que explica la elección del Partido Nazi en Alemania. Y es esta realidad la que el Ministro de Finanzas griego, el Sr. Yanis Varoufakis, le recordaba a su homólogo alemán, el Sr. Wolfgang Schäuble, pidiéndole que evitara que una situación semejante ocurriera en Grecia, donde el Partido Nazi está creciendo muy rápidamente, siendo ya la tercera fuerza política del país. La oposición a esta demanda por parte del ministro alemán muestra el grado de cinismo al que ha llegado el establishment conservador-neoliberal alemán. Pero además de cinismo hay una gran dosis de ignorancia histórica, pues dicho establishment no se da cuenta de que la única defensa que hoy existe en Europa en contra del resurgimiento del nazismo es precisamente la izquierda (a la que ellos llaman radical) como Syriza, que quiere romper con aquellas políticas que en los años 30 llevaron al nazismo, el cual podría gobernar de nuevo Europa en el siglo XXI. Como ocurrió entonces, el establishment conservador-neoliberal alemán prefiere el nazismo a la pérdida de los intereses económicos y financieros que representan, cuyos beneficios consideran amenazados por las fuerzas políticas que quieren terminar con tanta imposición y tanta austeridad.     Una última observación. Es de aplaudir la postura del partido Die Linke (la izquierda alemana), que ha defendido la postura del gobierno de Syriza en Alemania.
La especificidad de Grecia
Lo que es particularmente llamativo y que es un síntoma más de la enorme insensibilidad o cinismo del establishment conservador-neoliberal alemán, es ignorar, no solo esta historia, sino también el gran daño que estas políticas han causado al pueblo griego. El argumento aducido por los portavoces de este neoliberalismo (como la Sra. Merkel, su Ministro de Economía, el Sr. Schäuble, y su mayor aliado, el Sr. Rajoy) señalando que Grecia tiene que seguir las normas aceptadas por los gobiernos de la Unión Europea, ignora que estas normas se han aplicado con especial dureza y mezquindad en el caso de Grecia, destruyendo una cuarta parte de su riqueza, situación que ningún otro país ha sufrido, causando un auténtico desastre humano.
Y esta dureza se ha visto reflejada, una vez más, en la rapidez con la que el BCE penalizó al gobierno Syriza cuando este expresó su deseo de alterar estas políticas, cambios que eran razonables y necesarios para que la economía griega pudiera salir del hoyo en el que se encuentra. El BCE, sin embargo, dirigido por el mismo Sr. Draghi que ayudó a la oligarquía griega a falsificar las cuentas cuando era el vicepresidente por Europa de Goldman Sachs -compañía que, al esconder el tamaño del déficit, contribuyó a que más tarde las medidas de austeridad fueran particularmente intensas (Grecia es el país de la Eurozona que ha hecho mayores sacrificios –desmantelando su Estado del Bienestar- para reducir su déficit)-, le negó tal solicitud. Para mayor desvergüenza, el Sr. Draghi, sin perturbarse, instruye ahora al Sr. Tsipras para que sea disciplinado y haga lo que el BCE y los otros elementos de la Troika (la Comisión Europea y el FMI) le ordenan, y que han llevado al país al desastre.
El BCE como instrumento de poder del establishment neoliberal
En realidad, el BCE no tiene la autoridad, no solo moral, sino legal, para decirle al gobierno Tsipras lo que tiene que hacer. Su arrogancia y prepotencia se basan en una violación no solo de la Carta Social de Europa, sino también de las leyes que rigen la Eurozona, tal como han señalado muchos parlamentarios europeos. El BCE está actuando fuera de los límites legales existentes en Europa, comportándose como una institución política que, además, no se siente responsable frente a nadie, siendo uno de los bancos centrales más independientes que hoy existen en el mundo. Y lo que está pasando en la Eurozona es un ejemplo de ello. He indicado en varias ocasiones (ver “Cómo un banco central sirve o perjudica a un estado: el FRB versus el BCE”, Público, 20 de febrero de 2014) que el BCE es un lobby de la banca más que un banco central. El banco central estadounidense, el Federal Reserve Board (FRB), tiene que dar cuentas al Congreso de EEUU, responsabilidad que no tiene el BCE. Las actas del FRB son públicas, mientras que las del BCE no lo son. El BCE se cuida solo de controlar la inflación y dificulta el estímulo económico y el crecimiento, en contra de lo que hace el FRB. El BCE da instrucciones a los Estado sobre las políticas, no solo monetarias, sino fiscales, económicas e inclusos sociales. Al FRB no se le permitirían este tipo de instrucciones. Y así, un largo etcétera. En realidad, el hecho de que EEUU superara la Gran Recesión en 18 meses y que Europa esté todavía estancada se debe, en parte, a las diferencias entre cómo se comportan el Federal Reserve Board y el BCE. La austeridad impuesta a Grecia no tiene parangón en ningún Estado de EEUU. La banca privada y el BCE tienen mucho más poder en la Eurozona que incluso en EEUU. Ahí está el problema.

miércoles, 16 de abril de 2014

PRENSA. "Por favor, no insulten a la clase trabajadora". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "blogs.público.es":
Por favor, no insulten a la clase trabajadora
26 diciembre 2013
Vicenç NavarroCatedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
El movimiento antirracista ha señalado y denunciado el continuo insulto que se reproduce en el lenguaje cotidiano utilizado por la población hacia ciertas razas y grupos étnicos minoritarios. El término “negritos” para definir a personas de raza negra es un ejemplo de ello. Bajo este término se intenta ridiculizar a un colectivo, presentándolo como inmaduro e infantil. Un tanto semejante ocurre con los términos utilizados en nuestras sociedades, dominadas por los hombres, para referirse a las mujeres de forma estereotipada, tal como han documentado autoras de sensibilidad feminista. Las denuncias de las prácticas racistas y machistas que aparecen en el lenguaje han concienciado a la sociedad de la necesidad de que se eviten las palabras ofensivas a esos colectivos sociales, sujetos de abundante discriminación.
Ahora bien, hay una enorme discriminación –promovida por las élites políticas, mediáticas y culturales del país- contra un grupo social que es incluso mayoritario en nuestros países –la clase trabajadora–, que constantemente aparece definida en el lenguaje mediático como clase baja, lo que apenas ha despertado protesta.
Incluso una periodista tan sensible al lenguaje “políticamente correcto” (en cuanto a raza y género) como Soledad Gallego-Díaz, columnista de El País, continúa utilizando el término clase baja para definir lo que es clase trabajadora. En su artículo en la nueva revista económica, Alternativas Económicas, esta autora divide a los españoles en españoles de clase alta, de clase media y de clase baja (“Frenazo al ascensor social”, 12.12.13, nº 9). Su tesis es que el ciudadano medio español (que resulta ser –según ella- una mujer de unos 43 años) está descubriendo que está pasando “de la clase media a la clase baja”. Los datos que utiliza proceden en su mayoría de los estudios del analista, también de El País, José Juan Toharia, que ha presentado datos de la evolución de las clases sociales en España, dividiéndolas en clase alta, clase media-alta, clase media-baja y clase baja. Supongo que pronto van a añadir otra categoría, que van a llamar clase baja-baja o clase bajísima. Esta narrativa aparece también en círculos políticos e intelectuales de izquierdas. Uno de los intelectuales de izquierda más conocidos en España hacía referencia a las clases populares catalanas, compuestas de clases medias y bajas (le tengo demasiada estima para citar su nombre).
España (incluyendo Catalunya) no es un país de castas
Esta transformación de la estructura de clases, definiéndola de esta manera, transforma España en un país de castas, como ocurre en ciertos Estados de la India. Y así queda redefinida la clase trabajadora como clase media-baja, clase baja y, pronto, clase bajísima.
Yo no sé como usted, lector o lectora de este artículo, le respondería a un encuestador que le parara por la calle y le preguntara: ¿Es usted de clase baja? Yo tengo que admitirle que probablemente le miraría a la cara y le contestaría “Y su madre también”. No creo que a nadie le agrade ser definido como clase baja y, por lo tanto, se debería protestar porque dicho término se utilice constantemente. Cuando se utilizan tales términos, ¿no se dan cuenta de que están insultando a la clase trabajadora?
Pero es que, además de ofensiva, esta categorización no es científica y no permite analizar las causas del deterioro de las personas estudiadas (para expansión del tema de este artículo ver mi artículo “Ni Estados Unidos ni España son ‘países de clases medias’”). Analizar a las personas por el nivel de renta y/o estatus es dramáticamente insuficiente, cuando no erróneo. Tiene mucho más valor definir a María –la supuesta ciudadana promedio española– como una trabajadora de servicios, ayudante de enfermería en un hospital concertado, que está viendo cómo su salario y seguridad laboral se deterioran, que definirla como una persona de clase media yendo a la baja. Definir a la persona por su relación con el mercado de trabajo (por el trabajo que realiza) tiene mucho más valor explicativo analítico que definirla por su nivel de renta o estatus.
De ahí que, dentro de la cultura popular, depositaria de gran conocimiento y realismo, cuando una persona quiere conocer a otra, no le pregunta si pertenece a la clase alta, media o baja. Se le pregunta de qué trabaja, y cuando se lo dice, usted ya sabe mucho sobre aquella persona. Si le dicen que es una ayudante de enfermería, ya puede saber aproximadamente cuánto dinero gana, donde vive, en qué tipo de vivienda, qué coche utiliza, a qué escuela envía a sus hijos, y un largo etcétera. Si usted conoce lo que la persona hace, puede ya imaginarse lo que la persona tiene. Pero no al revés. El nivel de renta de una persona no dice nada o muy poco del origen de tal renta.
En definitiva, la clase trabajadora, que es la que construye este país diariamente, está constantemente discriminada, ofendiendo su dignidad, refiriéndose a ella como clase media, baja o pronto, bajísima. Por favor, ¡no la insulten! Una última observación. Ruego al lector que cuando lea algún artículo utilizando este término para definir a la clase trabajadora, haga algo. Le sugeriría que, al menos, envíe al autor o autora copia de este artículo, aconsejando que lo lea.

martes, 1 de octubre de 2013

PRENSA. "Marx (y no sólo Keynes) llevaba razón". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "Público.es":
Marx (y no sólo Keynes) llevaba razón
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University
Una de las causas de la crisis financiera y económica que ha recibido escasa atención ha sido la evolución de la distribución de las rentas entre las derivadas del capital y las derivadas del trabajo, a lo largo del periodo post II Guerra Mundial. El conflicto capital-trabajo, al cual Karl Marx dedicó especial atención, hasta el punto de considerarlo como el hilo conductor de la historia (“la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”) , ha perdido visibilidad en los análisis de las crisis actuales, sustituido por los análisis de los comportamientos de un sector del mundo del capital, es decir, el capital financiero, sin dar suficiente importancia al conflicto del capital (y no solo de su componente financiero) con el mundo del trabajo. Los datos, sin embargo, continúan acentuando la importancia de la relación capital-trabajo en la génesis de las crisis económica y financiera que están ocurriendo en estos momentos.
Durante el periodo entre el fin de la II Guerra Mundial y los años setenta (definido como la época dorada del capitalismo), el Pacto Social entre el mundo del trabajo y el mundo del capital (en el cual el primero aceptaba el principio de propiedad privada de los medios de producción a cambio de aumentos salariales -condicionados al aumento de la productividad- y del establecimiento del estado del bienestar) dio como resultado un aumento muy notable de las rentas del trabajo que alcanzaron su máximo nivel en la década de los setenta. La participación de los salarios (en términos de compensación por empleado) en la renta nacional alcanzó cifras récord entonces. En los países que serían más tarde la UE-15 (el grupo de países más desarrollados económicamente en la Unión Europea), este porcentaje era el 72,9%. En Alemania, el porcentaje era 70,4%, en Francia 74,3%, en Italia 72,2%, en Gran Bretaña 74,3% y en España 72,4%. Al otro lado del Atlántico Norte, en EEUU, era 69,9% (European Commission, ECFIN, Statistical Annex, Table 32, Autumn 2011).
Esta situación creó una respuesta por parte del mundo del capital que revirtió la distribución de las rentas. Las políticas iniciadas por el Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en Gran Bretaña iban encaminadas a favorecer las rentas del capital, debilitando y diluyendo el Pacto Social. La generalización de estas políticas determinó una redistribución de las rentas a favor del capital, a costa de las rentas del trabajo. Como consecuencia de ello, la participación de estas últimas disminuyó considerablemente de manera que en 2012 era el 65,2% del PIB en Alemania, en Francia el 68,2%, el 64,4% en Italia, el 72,7% en Gran Bretaña y el 58,4% en España, el porcentaje más bajo entre estos países y por debajo de la UE-15, cuyo promedio era 66,5%.
Esta disminución de la participación en el PIB de las rentas del trabajo creó un enorme problema de escasez de demanda privada, origen de la crisis económica. Esta escasez pasó, sin embargo, desapercibida debido a varios hechos, de los cuales uno de ellos fue el impacto económico de la reunificación alemana en 1990 y el enorme crecimiento del gasto público resultado de las políticas de integración de la Alemania Oriental en la Occidental, que se financiaron con un gran crecimiento del déficit público alemán, que pasó de estar en superávit en 1989 (0,1% del PIB) a un déficit de 3,4% del PIB en 1996. Este crecimiento del gasto público tuvo un efecto estimulante de la economía alemana y, por lo tanto, de la economía europea, dentro de la cual la alemana tenía y continúa teniendo un peso central.
El segundo hecho que ocultó el impacto negativo que la disminución de la participación de las rentas del trabajo tenía sobre la demanda privada fue el enorme endeudamiento de las familias y de las empresas que ocurrió en paralelo al descenso de las rentas del trabajo. Este endeudamiento fue facilitado por la creación del euro que tuvo como consecuencia la tendencia a hacer confluir los intereses bancarios de los países de la eurozona con los de Alemania. La sustitución del marco alemán por el euro tuvo como resultado la “alemanización” de los tipos de interés. España fue un claro ejemplo de ello. El precio del dinero nunca había sido tan bajo, facilitando así el enorme endeudamiento privado que tuvo lugar en España. Mientras que el sector público estaba en superávit, el privado tenía un enorme déficit que pasó desapercibido debido a su gran endeudamiento (consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo).
Esta situación, aun siendo muy acentuada en España y otros países periféricos de la eurozona, ocurrió en todos los países de la eurozona. El crecimiento anual medio salarial en los países de la eurozona descendió de un 3,5% en el periodo 1991-2000 a un 2,4% en el periodo 2001-2010, en Alemania de un 3,2% a un 1,1% y en España de un 4,9% a un 3,6% (European Commission, ECFIN, Statistical Annex, Table 29, Autumn 2011). El notable crecimiento del endeudamiento está basado, en gran parte, en esta realidad.
Por otra parte, la elevada rentabilidad de las actividades especulativas en comparación con la de las de carácter productivo (afectada, esta última, por la disminución de la demanda) explica el elevado riesgo e inestabilidad financiera, con la aparición de las burbujas, entre ellas, la inmobiliaria. La explosión de estas burbujas sobre todo en EEUU dio origen a la percepción de que la crisis financiera se inició e iba a estar limitada a EEUU, sin apercibirse de que la banca europea, y la alemana en particular, (incluyendo las cajas) estaba entrelazada con la estadounidense de manera tal que la crisis financiera estadounidense afectó inmediatamente al capital financiero europeo y muy especialmente al alemán. La banca alemana (Sachsen LB, IKB Deutsche Industriebank, Hypo Real Estate, Deutsche Bank, Bayern LB, West LB, DZ Bank, entre otros) tuvo que ser rescatada con fondos públicos, incluidos por cierto, fondos procedentes del Banco Central de EEUU, el Federal Reserve Board. Esta banca y cajas alemanas estuvieron también afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria española, que generó la petición de rescate de la banca española (que incluyó a las cajas) que significó, en realidad, un rescate al capital financiero alemán, que tenía invertido en entidades españolas casi 200.000 millones de euros, que intenta ahora recuperar a partir del rescate a la banca española, rescate que acabará siendo pagado con fondos públicos españoles, tal como señalan los últimos datos.
La redistribución de las rentas a favor del capital y a costa del mundo del trabajo ha creado este enorme problema de escasez de la demanda (causa de la crisis económica) y del gran crecimiento del endeudamiento y de la especulación (causa de la crisis financiera). Tal conflicto capital-trabajo ha jugado un papel clave en el origen y reproducción de las crisis actuales, mostrando que Karl Marx (además de Keynes) llevaba razón.

miércoles, 12 de junio de 2013

PRENSA. "¿Por qué se hacen los recortes?". Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

   En "Público.es":
Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
No hay plena conciencia ni conocimiento a nivel de la población de que los recortes de gasto público, incluyendo de gasto público social, son (además de totalmente innecesarios y contraproducentes para incrementar la eficiencia económica del país y el bienestar de la población) resultado del enorme poder de lo que se llamaba antes la clase capitalista (y que en EEUU se llama la Corporate Class, es decir, la clase de los propietarios y gestores de las grandes corporaciones financieras, industriales y/o de servicios que dominan la economía del país) sobre sus instituciones políticas y mediáticas. Esta clase ha adquirido unos beneficios extraordinarios como consecuencia de unas políticas fiscales que les han permitido alcanzar unos niveles muy elevados de riqueza, a costa de empobrecer al Estado, el cual, a fin de cubrir los déficits públicos (resultantes de la merma de ingresos como consecuencia de los beneficios fiscales a los miembros de tal Corporate Class) están recortando y recortando el gasto público, incluyendo el social.
Soy consciente de que esta observación será inmediatamente ignorada, marginada o definida por los establishments financieros y económicos  (como Fedea y otros centros de investigación económica financiados por la Corporate Class) como “demagógica”, el insulto menos hiperbólico de los muchos que utilizan. Pero veamos los datos, que los que utilizan dicho término sistemáticamente ignoran. Uno de los países donde la información fiscal es más detallada es EEUU.
El impuesto de sociedades (el impuesto sobre los beneficios) era en EEUU, como promedio, en los años 60 y 70 del pasado siglo, el 52% de los beneficios. De cada dólar que las grandes empresas conseguían como beneficios, 52 céntimos iban al gobierno federal. En realidad, los ingresos procedentes de este impuesto representaban el 33% de todos los ingresos al Estado federal. Pero todo esto cambió con la elección del Presidente Reagan, el gurú de los neoliberales (economistas como Sala i Martín y los de Fedea). Este Presidente bajó dicho impuesto al 35%, con lo cual los ingresos al Estado federal procedentes de este tipo de impuesto bajaron a un 9% de todos los ingresos al Estado federal. Pero además de bajar los impuestos a los beneficios, Reagan facilitó la desregulación de la movilidad de capitales, es decir, facilitó que las grandes empresas desplazaran sus actividades económicas a otros países, con lo cual las empresas dejaron EEUU en busca de mano de obra barata y también en busca de paraísos fiscales o países (como Irlanda) con impuestos de sociedades mucho más bajos, como el 12%. El resultado de todo ello es que las grandes empresas, aunque nominalmente pagan el 35% (uno de los porcentajes más altos de la OCDE, el club de países más ricos del mundo) de sus beneficios en impuestos, en la práctica pagan mucho menos, y algunos de ellos, mucho mucho menos. Entre ellas está Amazon (6%), Apple (14%), General Electric (16%), Coca-Cola (16%), Sheraton Hotels (8%), Carnival Cruise (0,6%), Google (17%), Boeing (7%) y un largo etcétera. El Congreso de EEUU acaba de publicar un informe que ha documentado lo que la población ya sabe, que es que las grandes empresas no pagan lo que deberían. Cerca del 70% de la población de EEUU considera que las grandes empresas pagan muy pocos impuestos (incluso aquellas que están casi cumpliendo lo que se les exige por ley, como Exxon (37%), Whole Foods (35%), Best Buy (35%), Gap (35%) y otras). La bajada de impuestos sobre los beneficios iniciada por el Sr. Reagan significó una gran bonanza para esas compañías y sus accionistas.
Para compensar las bajadas, el mismo Presidente Reagan subió los impuestos de todos los demás (es decir, del 99% restante de la población) y lo hizo, no solo una, sino dos veces (ver James Livingston, “If Companies Are People…”, The New York Times, 14.04.13). Subió los impuestos sobre la renta y muy en especial sobre la renta derivada del trabajo –a costa de bajar los de la renta derivada del capital- y también subió las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementando en la práctica la aportación de los trabajadores. El presidente Reagan fue una bendición para la Corporate Class y una pesadilla para casi todos los demás. Los impuestos sobre la renta del trabajo pasaron a representar, junto con las cotizaciones sociales, el 80% de todos los ingresos al Estado.
Estas medidas incrementaron la regresividad de la política fiscal de una manera muy acentuada. El Estado pasó a depender en gran medida de las rentas del trabajo, que contribuyeron de una manera muy marcada a las arcas del Estado a costa de que las rentas del capital bajaran su contribución muy acentuadamente. Es más, la carga sobre las rentas del trabajo incrementó también su regresividad, de manera que las rentas más bajas pagaron porcentajes mayores en impuestos que las rentas altas. La manera de financiar la Seguridad Social, incluyendo las pensiones públicas, es a base de cotizaciones sociales sobre el salario del cotizante hasta una cierta cantidad máxima (113.000 dólares), por encima de la cual no se paga. Esto explica que, mientras el 20% de trabajadores con salarios más bajos paga a la Seguridad Social un 7,3% de su nómina, el 1% superior en salarios paga solo un 0,9%. Todos estos cambios han contribuido al enorme crecimiento de las desigualdades que ha ocurrido desde el inicio de la era neoliberal con el Presidente Reagan.
Argumentos que se dan a favor de las desigualdades
Estas políticas no podían promoverse con el argumento de que estaban beneficiando a los súper ricos. Aunque los datos son claros y contundentes, la narrativa liberal no puede ser tan clara y cruda. De ahí que deba vestirse de seda. Es decir, se tiene que presentar que estas políticas, aunque beneficien a los ricos (y la evidencia es tan contundente que no pueden negarlo), benefician también a todos los demás. ¿Cómo? Las respuestas son varias. Veámoslas una a una y la evidencia de que la avalen o no la avalen.
1. Las desigualdades son buenas porque el hecho de que los ricos tengan más dinero quiere decir que ahorrarán más. Con ello habrá más capital para invertir y crear empleo (lo de “crear empleo” siempre aparece en letras mayúsculas). La evidencia existente, sin embargo, no avala este supuesto. En realidad, las tasas de inversión y crecimiento económico en EEUU fue mayor en la época 1960-1980 que en la de 1980-2000. De hecho, uno de los periodos con menor ahorro, menor inversión y menor crecimiento económico fue durante el periodo 2001-2003, cuando el Presidente Bush redujo de una manera muy acentuada los impuestos del capital y de las rentas superiores. Mientras, el incremento de las rentas del capital se tradujo primordialmente en actividades especulativas que configuraron las sucesivas burbujas, siendo la más importante la inmobiliaria. Por otra parte, estos recortes de impuestos significaron un enorme agujero en los ingresos al Estado, determinando el incremento del déficit estructural del Estado federal. Cuando apareció la crisis, al final de su mandato, tal déficit se intentó reducir a base de recortar el gasto público, incluyendo el social.
2. La eficiencia económica requiere un aumento de las desigualdades a fin de estimular e incentivar el aumento de la productividad. Esta postura que alcanzó niveles de dogma en la sabiduría convencional, ha perdido su credibilidad. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha terminado aceptando que el elevado nivel de desigualdades interfiere en la eficiencia económica, obstaculizando el estímulo económico basado en la demanda doméstica, impulsada por una mayor capacidad adquisitiva de la mayoría de la ciudadanía, resultado de medidas redistributivas que transfieran fondos de las clases pudientes con escaso consumo y elevada especulación hacia las clases populares, cuyas elevadas necesidades determinan un inmediato consumo en las áreas de la economía productiva. En realidad, la evidencia muestra que la mejor manera de estimular la economía no es bajando los impuestos (que por regla general beneficia a las rentas superiores), sino subiendo los impuestos de estos sectores pudientes y, con los fondos obtenidos, crear empleo entre los grupos sociales con menor empleo.
3. No hay que subir los impuestos a los “súper ricos”, pues ellos ya gastan gran cantidad de recursos en pagar impuestos. Este argumento lo hacen economistas liberales que, por regla general, muestran en gráficos como el 1% de renta superior (los súper ricos) ya paga el 20% de todos los impuestos. Hacerles pagar más es un “expolio” –así lo dicen en sus programas televisivos- donde “dan lecciones de economía”. Lo que estos autores no dicen es que este 1% posee el 40% de toda la riqueza del país y más del 20% de toda la renta. Que paguen solo el 20% de todos los impuestos  muestra claramente la regresividad de las políticas fiscales, pues si estas fueran progresivas, los súper ricos pagarían mucho más que el 20% de los impuestos.
La situación en España
Una de las áreas donde hay más opacidad en España es en quién paga impuestos y cuánto paga. Uno de los indicadores de la baja calidad de la democracia en España es precisamente la falta de información fiscal. Ahora bien, existen más que indicios de que lo que he estado describiendo sobre EEUU es incluso más acentuado en España. Así, el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas es de los más bajos de la OCDE y mucho más bajo que en EEUU. Es un 30% en lugar de un 35% (. Pero, como también ocurre en EEUU, la tasa real, a diferencia de la nominal, es incluso tan baja como la de EEUU (un 10%).
Otra semejanza es que los gobiernos españoles, incluyendo el del Sr. Zapatero, han bajado los impuestos creando un déficit estructural que se ha intentado corregir a base de recortes. Por ejemplo, la bajada de impuestos del 2006 contribuyó al  déficit de casi 27.000 millones de euros de 2008, que más tarde se intentó reducir a base de recortes. Se congelaron las pensiones para conseguir 1.500 millones de euros, cuando podrían haberse conseguido más recursos (2.500 millones) recuperando el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones (más de 2.500 millones). Algo semejante ocurrió con el gobierno Rajoy, que ha recortado 6.000 millones de euros en sanidad, cuando podría haber conseguido más dinero anulando la bajada del impuesto a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 5.200 millones de euros.
En cada uno de estos recortes se ve que lo que determina que se hagan es el poder de la clase social que estará afectada con tales recortes. Así de claro. Y de ello no se habla en los medios de mayor difusión. Y a esto le llaman “democracia y libertad de expresión”.
Artículo publicado en la revista Sistema el 6 de junio de 2013