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lunes, 1 de junio de 2015

PRENSA. "Los 'daños colaterales' del último conflicto birmano"

   En "El País":

Los ‘daños colaterales’ del último conflicto birmano

Más de 100.000 desplazados internos están condenados a la miseria en Birmania

Diversos conflictos hacen que falten medicamentos, comida, y acceso a la educación

Un niño enfermo espera atención a en el hospital de Laiza, que ha cerrado su planta de pediatría por falta de recursos.
Un niño enfermo espera atención a en el hospital de Laiza, que ha cerrado su planta de pediatría por falta de recursos. / ZIGOR ALDAMA

Lahtaw Zansan solo tiene el graduado escolar, pero en sus manos está la educación de más de 200 niños. Son los que acuden al improvisado colegio del campo de desplazados internos de Jeyang, un complejo de chabolas de madera que cubre a duras penas las necesidades educativas de los 8.500 habitantes de estas instalaciones situadas a unos 20 kilómetros de Laiza, la ciudad del norte de Myanmar —antes conocida como Birmania— que sirve de bastión al Ejército Independentista Kachin (KIA en sus siglas en inglés), uno de los dos grupos armados que continúan enfrentándose al ejército regular del país en conflictos cuya violencia ha escalado este año. El Gobierno asegura que han muerto 126 soldados en la cercana región de Kokang desde el inicio de los enfrentamientos el pasado 9 de febrero, pero se ignora cuántos civiles han perdido la vida.
"Apenas tenemos material escolar y la cualificación de los profesores es escasa. Pero aquí no llega casi nada de ayuda internacional, y los militares impiden la llegada de los convoyes de la ONU", se lamenta Zansan, que abandonó su hogar en junio de 2013 con otros cinco miembros de su familia. "Teníamos miedo de que nos mataran porque el Ejército entraba en las aldeas disparando y destrozando las casas. Muchas mujeres también fueron violadas, así que decidimos escapar", recuerda su madre, Tangban Hkawng. Después de haber buscado cobijo en otras localidades cercanas a la frontera con China, siguieron al resto de los que huían de los combates. "Ahora no creo que podamos regresar en mucho tiempo", sentencia.
A pesar de las numerosas conversaciones de paz que han protagonizado en los últimos años los dirigentes birmanos y los líderes del KIA, la situación ha empeorado desde finales del año pasado, cuando una pieza de artillería mató a 23 cadetes kachin. Desde entonces los ataques son constantes, se han extendido al cercano territorio que ocupa la etnia kokang, y ahora amenazan con convertirse en un conflicto internacional después de que el pasado 13 de marzo una bomba lanzada por un caza birmano matase a cuatro agricultores en suelo chino. Es, sin duda, una losa excesivamente pesada para el ya de por sí difícil desarrollo de una región que, sin embargo, es rica en oro, jade, y madera. Así, a pesar de que el Banco Asiático para el Desarrollo estima que la economía de Myanmar crecerá un asombroso 7,8% durante el año fiscal de 2014 —que concluye el 31 de marzo—, en la treintena de campos de desplazados del Estado Kachin ya se hacinan más de 80.000 personas en condiciones completamente insalubres. "Nuestro objetivo ya solo es sobrevivir", asegura una de ellas, Tubu Gam.
"Los desplazados llevan más de tres años en construcciones completamente inadecuadas, y hacen falta ropa, mosquiteras, alimentos, y medicinas", enumera Labai Dan Pisa, director del organismo que administra los campos, que depende del gobierno guerrillero, la Organización Independentista Kachin (KIO). "Nosotros no podemos proporcionar trabajo y escasean los recursos. Así, están aumentando de forma alarmante los casos de desnutrición y tememos que una generación de niños pierda su capacidad para labrarse un futuro por la falta de formación", explica. Aunque no lo mencione, los más jóvenes también son vulnerables a otra gran lacra: la trata de personas. Gracias a la cercanía de China, las mafias tienen mucho más fácil comerciar con mujeres y niñas para la prostitución o para venderlas en matrimonio en el gigante asiático.
Responsables de Naciones Unidas que hablan bajo condición de anonimato reconocen que las autoridades birmanas ponen todo tipo de impedimentos a la distribución de ayuda humanitaria esencial como medida de presión para forzar al KIA a firmar un alto el fuego similar al que ya está en vigor con otros 14 grupos armados. "A veces los convoyes pueden pasar y entonces algo que debería ser habitual se convierte en noticia", comenta en Yangon un trabajador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Nuestro acceso está muy restringido y eso dificulta que podamos evaluar la situación correctamente y acudir para impedir que se deteriore todavía más".

Nu Kai posa en su vivienda con sus hermanos. La metralla le dañó la espina dorsal y ahora tanto ella como su hermana mayor han tenido que dejar de acudir a la escuela para cuidar de ella y ahorrar con el objetivo de pagar las operaciones que requiere.
Nu Kai posa en su vivienda con sus hermanos. La metralla le dañó la espina dorsal y ahora tanto ella como su hermana mayor han tenido que dejar de acudir a la escuela para cuidar de ella y ahorrar con el objetivo de pagar las operaciones que requiere. / ZIGOR ALDAMA
Mientras tanto, ajeno a los tejemanejes políticos, Zansan tiene que sacar adelante a su familia con los escasos 20 euros que gana al mes como profesor. "A veces los chinos nos dan algo de arroz y de aceite, tenemos suerte de no haber enfermado, y no aquí no hay que pagar por la vivienda", afirma. "Pero es muy pequeña, está llena de goteras, y sí que hay que abonar la electricidad y cualquier otro tipo de comida, que es muy cara". Por eso, en un riachuelo cercano uno de sus hijos se afana en la pesca con redes artesanales. Cualquier criatura viviente es bienvenida. "En ocasiones, si pasamos mucha hambre, tenemos que robar alguna gallina fuera del campo", admite entre risas nerviosas uno de sus amigos que, a sus 12 años y como muchos otros, está pensando en alistarse en el KIA para escapar de Jeyang.
Al fin y al cabo, la desesperación que se vive en los campos de desplazados es el mejor caldo de cultivo para los guerrilleros, cuya exigencia actual es la creación de un Estado federal en el que se les otorgue una amplia autonomía. Es una de las muchas promesas que no se han cumplido en Myanmar, un país que ahora está inmerso en una transición democrática que debería culminar a finales de año con las primeras elecciones libres desde 1990, año en el que los militares se negaron a reconocer la victoria en las urnas de Aung San Suu Kyi, hija del fundador del país y líder de la Liga Nacional por la Democracia.
"Nosotros somos cristianos —el 90% de los birmanos son budistas—, tenemos una cultura diferente, y exigimos que se respete", comenta Myitung Seng Pan, que ha celebrado su mayoría de edad vistiendo el traje verde claro que los nuevos reclutas lucen en el mayor centro de adiestramiento del KIA, situado a pocos kilómetros de Laiza. Junto a ella, decenas de jóvenes y adolescentes, algunos de solo 15 años, empuñan fusiles de madera esculpidos a golpe de machete y sudan bajo el intenso calor tropical mientras los instructores gritan órdenes y les hacen correr de un lado a otro. "Cuando se recrudeció la guerra —en 2011 se rompió el acuerdo de no agresión que llevaba en vigor 17 años— tuve que dejar el colegio y escapar a uno de los campos con mi madre, porque las tropas del Gobierno avanzaban rápidamente matando a la gente. Cuando vi la situación en la que estaba mi pueblo decidí alistarme para tratar de aliviar su sufrimiento y evitar que mis dos hermanos pequeños tengan que sufrir lo mismo que nosotros", apostilla Seng Pan. A su alrededor, el resto de reclutas que escuchan la conversación asienten en silencio.
Saben que pueden morir en cualquier momento, y una visita al principal hospital de Laiza hace pensar que eso es mejor que caer malherido. Porque este centro sanitario amenaza ruina. "La zona de pediatría está cerrada por falta de enfermeras, y hemos tenido que poner a los pacientes de tuberculosis y de VIH con el resto porque carecemos de una zona de aislamiento. De hecho, ni siquiera podemos aislar la máquina de rayos X, así que el personal está recibiendo dosis extremadamente altas de radiación. Por si fuese poco, en la estación de lluvias la malaria nos desborda. Hemos retrocedido una década en la calidad de asistencia sanitaria que estamos ofreciendo a la población", explica el asistente del director, Nangzing Bawk.
Los cuidados que ofrecen en el hospital son gratuitos, pero Bawk niega con la cabeza cuando se le pregunta si pueden pagar las medicinas. "Hay pacientes que mueren porque no pueden hacer frente a su costo". Buen ejemplo de ello es un hombre tumbado en una camilla: tiene el hígado tan hinchado que parece que su abdomen vaya a explotar en cualquier momento. Hace un par de días el médico lo drenó, pero los medicamentos que requiere son demasiado costosos y su situación empeora. "Cada bote de estos que le damos por vía intravenosa cuesta unos 400 yuanes (60 euros) al otro lado de la frontera, más de lo que gana él en un año", comenta Bawk con un gesto de impotencia. "Los casos graves, si quieren sobrevivir, deben ser trasladados a China y costearse el tratamiento allí".

Myiuntung Seng Pan reza poco antes de comer un plato de arroz con verduras en las instalaciones de entrenamiento del KIA.
Myiuntung Seng Pan reza poco antes de comer un plato de arroz con verduras en las instalaciones de entrenamiento del KIA. / ZIGOR ALDAMA
No muy lejos del hospital, en una pequeña casa de la ciudad, Nu Kai es un buen ejemplo de cómo el conflicto en Kachin está destrozando para siempre la vida de civiles inocentes. Sobre todo de los más pequeños. Ella tiene 12 años, y a finales de 2012 fue víctima de un ataque con artillería del Ejército. "Era pronto por la mañana, había mucho ruido de armas, así que salimos corriendo de casa en busca de refugio", recuerda su hermana. "Justo entonces comenzó un bombardeo. Cuando terminó, descubrimos que Nu estaba en el suelo, y que la metralla le había alcanzado". Concretamente le afectó a la espina dorsal, razón por la que ha perdido la movilidad en las piernas y sufre graves dolores por la noche. Ahora requiere de atención constante y ha dejado de acudir a la escuela. Aunque el KIA donó el equivalente a 1.200 euros para tratarla en un hospital chino, su condición no mejora. "Tenemos que ahorrar todo lo que podamos para pagar el resto de las operaciones que los médicos chinos le han recomendado".
Desafortunadamente, no parece que vayan a alcanzar su objetivo, así que Nu Kai quedará como uno de los muchos daños colaterales que está dejando la última guerra de Myanmar justo cuando más esperanza tiene la población birmana en un cambio político y en un rápido desarrollo económico que saque al país de la pobreza. "Las minorías étnicas no compartimos el optimismo porque nos sentimos fuera del proceso de democratización", dispara Dan Pisa. "Se nos ha excluido tradicionalmente del desarrollo del país, una de las razones por las que existen veinte grupos étnicos armados, y tememos que nada vaya a cambiar aunque la Liga Nacional por la Democracia sustituya a los militares disfrazados de civiles. El conflicto solo acabará cuando todos tengamos las mismas oportunidades".

miércoles, 19 de febrero de 2014

PRENSA. "Un 'apartheid' en el siglo XXI"

   En "El País":

Un ‘apartheid’ en el siglo XXI

El conflicto étnico y religioso en Birmania crece. Más de 150.000 musulmanes de la etnia rohingya malviven en campos de desplazados


Una joven rohingya espera atención médica en una clínicas de los campos de desplazados en Sittwe, Myanmar. / ZIGOR ALDAMA
Una valla culminada por alambre de concertina, una barrera rojiblanca, y tres policías con cara de aburrimiento apostados en medio de una estrecha carretera son los elementos que separan dos mundos completamente diferentes en Sittwe, la capital del estado Rakhine de Myanmar, conocida antes como Birmania. A un lado, la población de mayoría étnica rakhine disfruta de una vida en libertad: pueden viajar a donde quieran, casarse con quien deseen, trabajar en lo que les plazca, y acudir a cualquier ceremonia religiosa. Al otro lado de la valla, sin embargo, casi 150.000 musulmanes de la etnia rohingya, no reconocida entre las 134 que oficialmente componen el complejo mosaico humano del país, viven hacinados en una docena de campos de desplazados y son privados de sus derechos fundamentales: no pueden abandonar el recinto, necesitan un permiso especial para contraer matrimonio, su natalidad está controlada, y carecen de fuentes de ingresos.
Allí, junto a una mezquita de hormigón desnudo, el cadáver de Ahmed yace en un esqueleto metálico decorado con la media luna y la estrella islámicas. La tranquilidad que transmite su rostro contrasta con el estruendo del dolor que desfila a su alrededor. Hace diez días que este niño de 12 años cayó enfermo, pero sus padres no dieron mayor importancia a sus quejas hasta que la fiebre se hizo más que evidente. Fue entonces cuando buscaron ayuda en la única clínica a la que tienen permitido acudir. En las rudimentarias instalaciones, y tras un examen superficial, el médico les indicó que regresasen a su barracón. “Nos dijo que seguramente se trataba de una gripe que remitiría en unos días, y que no era grave”, recuerda su hermano mayor entre sollozos.
Al contrario, la situación se agravó y Ahmed comenzó a tener problemas para respirar. Finalmente, los doctores decidieron evacuarlo al hospital de la ciudad. Tres días después han devuelto su cadáver, y la familia está convencida de que ha sido asesinado. “Le han inyectado veneno como a todos los demás”, grita su madre, a punto de desmayarse. A pesar de lo descabellado de la idea, la teoría de que en el hospital de Sittwe se asesina a los enfermos rohingya corre como la pólvora. “Los enfermos más graves son evacuados a ese centro, que está fuera de los campos, pero a sus familiares no se les permite acompañarlos. Así que, cuando vuelven muertos, muchos creen que su fallecimiento no ha sido por causas naturales. Lo más seguro es que hayan muerto por negligencia médica”, apunta Aung Win, el líder rohingya más prominente dentro de los campos cuyos contactos han facilitado la obtención de los permisos que ha requerido este periodista para entrar en ellos. Trabajadores de Naciones Unidas que piden mantenerse en el anonimato, reconocen que la mortalidad de los rohingya, considerada por esa organización como la etnia más perseguida del planeta, es muy superior a la de los rakhine.

La violencia estalló en 2012, cuando, supuestamente tres rohingya violaron a una joven budista
Ahmed es sólo uno de los muchos niños que mueren cada semana víctima del ‘apartheid’ del siglo XXI, ese que ha impuesto el Gobierno birmano tras la explosión de violencia que se desató el 28 de mayo de 2012. Aquel día, siempre según la versión oficial que ha sido refutada por diferentes testigos, tres hombres rohingya violaron y asesinaron a una joven budista, religión que profesa el 89% de los 55 millones de birmanos, y abandonaron su cuerpo en la calle. En venganza, diez religiosos islamistas fueron apaleados hasta la muerte. La ira se convirtió en fuego. Miles de casas fueron reducidas a cenizas, y más de 200 personas murieron en los enfrentamientos que han detonado un conflicto extendido ya por el país y que enfrenta a budistas y musulmanes independientemente de la etnia a la que pertenecen.
Aunque la violencia se ha disparado en los dos últimos años –a principios de enero se cobró sus últimas diez víctimas mortales en la localidad de Maungdaw–, el enfrentamiento que amenaza con desestabilizar el país en un momento extremadamente delicado, cuando se prepara para celebrar sus primeras elecciones democráticas desde 1990, no es nuevo. De hecho, se remonta a la era colonial británica. Según aseguran los rakhine, fue entonces cuando los rohingya llegaron a Birmania, empleados por las fuerzas de las Indias Orientales. De hecho, ni siquiera aceptan esa denominación para referirse a este grupo, que actualmente suma 700.000 de los 3,8 millones de habitantes que tiene el Estado.
“Son bengalíes”, sentencia contundente U Shwe Mg, miembro del Comité Central del Partido para el Desarrollo de la Nación Rakhine, considerado uno de los atizadores de la violencia contra los rohingya. “Cuando llegaron, los rakhine creyeron que su presencia sería temporal y dejaron que se quedasen, pero, poco a poco, debido al aumento de su peso demográfico –se les acusa, con razón estadística, de tener muchos más descendientes que el resto–, han ido colonizando la tierra, se rigen únicamente por la ‘sharia’, pagan a mujeres budistas para que se conviertan al Islam y se casen con ellos, y ahora exigen derechos que sólo se les debe otorgar a los pobladores originarios”. Fuera de los campos de desplazados, esta es la versión de la historia que impera. Los rohingya son considerados inmigrantes ilegales, violentos e integristas, que deberían ser devueltos a Bangladesh.

1.300 deportados en tres meses

Unos 1.300 rohingya fueron deportados en barco a finales de 2013 desde Tailandia de a Myanmar, según informaron las autoridades tailandesas el pasado jueves. Ignoraron así las llamadas de los grupos humanitarios, que reclamaban no devolverlos por la discriminación que sufren en el país de destino.
Las deportaciones se ejecutaron entre septiembre y noviembre, según las autoridades, que señalaron que se trataba de solicitantes de asilo que se encontraban internados en centros de detención de todo el país. Según las mismas fuentes, la deportaciones fueron voluntarias y se hicieron en tandas de entre 100 y 200 personas. "Vieron que no tenían futuro en Tailandia, así que decidieron volver a Myanmar", añadieron.
A 300 kilómetros al noreste, en la ciudad de Mandalay, el monje budista Ashin Wirathu, que se autodenominó el ‘Bin Laden budista’ y que protagonizó una portada de la revista Time bajo el título "El rostro del terror budista", incluso acusa a los rohingya de querer instaurar un estado islámico en Myanmar antes del año 2100. Por eso, el movimiento ilegal 969, del que es una figura destacada, nace “para detener la invasión musulmana lanzada por los rohingya”. Tajante, Wirathu explica a EL PAÍS su discurso, que cala hondo en la población: “Si hay algún país dispuesto a acogerlos, se los enviaremos muy agradecidos. Si eso no sucede, han de continuar segregados como ahora porque no son ni una etnia ni ciudadanos de este país”.
Dentro de los campos de desplazados, sin embargo, nadie se considera bengalí. “Yo nací en Birmania. Mis padres y mis abuelos, también. Nadie de mi familia vive o ha vivido en Bangladesh nunca”, cuenta Amina, una mujer de 60 años que tuvo que abandonar su casa, en el pueblo de Kyaukpyu, cuando fue atacada por una horda de rakhine el 23 de noviembre de 2012. “Era gente de fuera que planeó de antemano el ataque con el beneplácito de la Policía, que no hizo nada por impedirlo”, asegura. Ahora, comparte con sus cinco hijos y sus doce nietos una pequeña vivienda de bambú que se inunda en cuanto caen cuatro gotas. “Aunque tengamos que malvivir en condiciones inhumanas, me niego a firmar el censo que propone el Gobierno para permitir nuestra reubicación mientras en él se nos califique como bengalíes”.
Unas chozas más allá, Zamila, tres años más joven, muestra el mismo rechazo. “Aquí estamos muriendo de hambre, porque ni siquiera recibimos las raciones del Programa Mundial de Alimentos, y nuestros hijos no están escolarizados. Aparte de los pescadores y de quienes tienen alguna pequeña tienda, no hay trabajo. Nos han convertido en mendigos, pero somos mendigos rohingya, no bengalíes”. Sus palabras provocan los gritos de quienes escuchan la conversación: ¡Rohingya! ¡Rohingya!. Abu Tahay, presidente del Partido para el Desarrollo de las Naciones de la Unión y uno de los pocos políticos de esta etnia, da la razón a Zamila con un taco de antiguos documentos que demuestran la existencia de los rohingya en Birmania mucho antes de que llegasen los colonizadores del imperio británico.
Tahay muestra fotografías de inscripciones en piedra que podrían confirmar su presencia en el estado Rakhine desde el siglo VIII, pero la interpretación que se hace de su significado es polémica. Sin embargo, lo que no deja lugar a dudas es el primer censo llevado a cabo por los británicos sólo dos años después de haber conquistado esa zona del país. “En esos documentos, de 1826, ya se menciona a los rohingya, y entonces el imperio todavía no habían llegado con los indios a los que empleaban en sus colonias”.
Zamila desconoce los pormenores de la Historia que detalla Tahay, pero sufre las consecuencias de la interpretación que hace la mayoría de la población birmana. “Tuvimos que abandonar nuestra casa, que fue incendiada en junio de 2012, y perdimos todos los documentos que certifican nuestro origen, incluidos los antiguos carnés de identidad [se expidieron hasta la aprobación de la ley de concesión de la nacionalidad de 1982, una norma que convirtió a los rohingya en apátridas]. Sin ellos no tenemos nada que hacer”.
En Aungmingalar, un céntrico barrio de Sittwe convertido en un gueto para rohingyas en el que viven unas 4.000 personas, la situación todavía es más desesperada. Quienes aquí residen tienen incluso miedo de hablar. La presencia policial abruma, y, a pesar de tener los permisos en regla y sin dar razón alguna para semejante restricción, el mando al cargo solo permite a este periodista pasar una hora en el barrio. Conscientes de la situación, aprovechando un momento en el que no se ven uniformes alrededor, los habitantes entregan una carta que han preparado para denunciar la situación en la que viven: “Esto es un genocidio que sigue las pautas del holocausto judío. Vivimos en un estado de terror constante, y no sabemos cuándo llegará nuestro último día”. En la misiva también acusan al presidente Thein Sein, que públicamente se mostró de acuerdo con las tesis de Wirathu, de ordenar la limpieza étnica.

Han de continuar segregados porque no son ni una etnia ni ciudadanos de este país"
“La única forma de salir de aquí es sobornando a los militares que guardan todas las entradas, pero las sumas que exigen están fuera del alcance de los desplazados, que lo han perdido todo. Quienes tenían joyas u otros objetos de valor ya los han vendido para escapar, y ya no están en los guetos”, cuenta Aung Win. “El resto sobrevive a duras penas sin una fuente de ingresos estable [ahora se permite la pesca para su exportación a China y otros países de la región] y con un racionamiento que aboca a la desnutrición. La situación es cada vez más desesperada”.
Además, a los residentes ‘legales’ de los campos, alojados en alargadas edificaciones de madera, se han sumado otros rohingya que, aunque no han sido víctima directa de la violencia y teóricamente no pueden beneficiarse de las raciones de Naciones Unidas, han preferido abandonar sus lugares de origen para resguardarse de posibles ataques en barriadas de chabolas erigidas en el propio recinto de los campos. Entre los más pequeños abundan los vientres hinchados, mientras que los adultos son poco más que huesos y pellejo, y las ONG advierten de que la llegada de la estación de lluvias puede provocar epidemias para las que no están preparadas las Autoridades.
Basta una visita a las pequeñas clínicas en las que se atiende a los desplazados para entender el porqué de este temor. Escasean los medicamentos y abundan las muecas de dolor. Mujeres que acaban de dar a luz sin apenas asistencia médica lloran porque no consiguen una manta para tapar a sus retoños, mientras que ancianos a los que se ha desahuciado aguardan estoicamente la muerte en la misma habitación. Hay palanganas con orina y vómitos desperdigadas por el suelo, y hace tiempo que se vaciaron muchas de las bolsas conectadas a las sondas intravenosas que cuelgan de ganchos roñosos. Las infraestructuras son propias de un campo de concentración, y los médicos, todos de la etnia ‘rival’ rakhine, no parecen muy interesados en hacer su trabajo.
“Los periodistas extranjeros siempre sacan la cara a esta gentuza”, masculla uno antes de escapar a las preguntas que provoca su comentario. Cinco minutos más tarde, los responsables gubernamentales prohíben continuar documentando el lugar. “Vienen a trabajar porque se les obliga, pero, como el resto de los rakhine, odian a los rohingya”, apunta Aung Win. “Y ese odio es el que ha provocado un genocidio silencioso, que se está llevando a cabo con el visto bueno del Gobierno y con la complicidad de una comunidad internacional más interesada en hacer negocios con el Gobierno que en la protección de nuestro pueblo”.
En las rudimentarias escuelas repartidas por los campos, los profesores sí son de la etnia rohingya, pero la situación no es mucho más halagüeña. Pocos reciben un sueldo. “Aquí somos 49 docentes, pero solo podemos pagar el sueldo de seis, unos 90.000 kyat (70 euros) al mes. El resto son voluntarios”, explica U Khin Maung, director del centro en el que estudian 2.900 alumnos de entre cinco y 15 años del campo de desplazados That Kay Pyin. “Hacemos lo que podemos, pero tengo que reconocer que aquí no reciben una buena educación. Y temo que, por eso, incluso si en algún momento consiguen vivir en libertad, no podrán labrarse un futuro próspero”, apostilla.
Con este negro horizonte, no es de extrañar que el tráfico de personas se haya convertido en el único negocio que triunfa en los campos de desplazados. Las mafias birmanas cooperan con sus homólogas tailandesas y malasias para operar una flotilla de barcazas de madera que se aventuran al Océano Índico con la esperanza de alcanzar las costas de esos países, en un viaje cuyo ansiado destino final es Australia. “La mayoría no llega nunca”, afirma Aung Win. Por un lado están los naufragios como el que dejó 70 muertos el pasado mes de noviembre, y por otro lado “son víctima de redes que trafican con ellos, sobre todo para utilizarlos como mano de obra esclava”.
Aung San, un joven de 25 años que ni siquiera ha conseguido recuperar el cadáver de su prima, “asesinada y quemada para que no pudiese recibir un funeral musulmán”, cree que merece la pena correr el riesgo. Ha conseguido reunir el dinero necesario, y espera la salida del próximo barco para sobornar a un par de agentes y escapar de Aungmingalar. “Sabemos que Malasia ha instalado campos de refugiados mucho mejores que los de aquí, y que allí se nos trata con dignidad y podemos trabajar”, argumenta. “No soporto más la represión a la que estamos sometidos. Y no creo que la situación vaya a cambiar en el futuro a pesar del trabajo que hacen ONG internacionales y Naciones Unidas”. No en vano, todas ellas están también en el punto de mira de los extremistas rakhine, que las acusan de ayudar exclusivamente a los musulmanes. “Mientras la comunidad internacional no se involucre, la tragedia continuará”.