PRENSA. "La industria nuclear contra sí misma", artículo de Ulrich Beck

Ulrich Beck

   En "El País":
La industria nuclear contra sí misma

   La catástrofe de Fukushima desmiente el mito de la invulnerabilidad de las centrales nucleares occidentales. Nada ni nadie pueden asegurarnos contra los peligros de algo como lo que está ocurriendo en Japón.

ULRICH BECK 05/04/2011

   Por sociedad del riesgo mundial entendemos una época en la que los aspectos sombríos del progreso determinan cada vez más las confrontaciones sociales. Se convierte en motor de la política aquello que al principio no era evidente para nadie y se negaba: que nos estábamos poniendo en peligro a nosotros mismos. Los peligros nucleares, el cambio climático, la crisis financiera, los ataques del 11 de septiembre, etcétera, siguen en buena medida el guión de la "sociedad del riesgo". A diferencia de anteriores riesgos industriales, este tipo de riesgos (1) no está delimitado local, temporal, ni socialmente; (2) no es imputable conforme a las actuales normas de causalidad, culpa y responsabilidad; y (3) no es compensable ni asegurable. Cuando las compañías de seguros niegan su cobertura -como ocurre con la energía nuclear y los nuevos desarrollos de la ingeniería genética- se traspasa la frontera entre los riesgos calculables y los peligros incalculables. Estos potenciales de peligro son generados industrialmente, externalizados económicamente, jurídicamente individualizados, técnicamente legitimados y políticamente minimizados. Dicho de otro modo: entre el sistema normativo de control "racional" y los potenciales de autodestrucción desencadenados existe la misma relación que entre los frenos de una bicicleta y un avión intercontinental.
   ¿Pero Fukushima no se diferencia de Chernóbil en que los horrendos acontecimientos de Japón dan comienzo con una catástrofe natural? La destrucción no ha sido desatada por una decisión humana, sino por el terremoto y el tsunami. La categoría "catástrofe natural"se refiere a algo que no ha causado el hombre y de lo que el hombre no tiene que responsabilizarse. Sin embargo, esta perspectiva es la propia de un siglo que ha quedado atrás. El concepto es erróneo desde el momento en que la naturaleza no sabe de catástrofes, sino, en todo caso, de dramáticos procesos de transformación. Transformaciones tales como un tsunami o un terremoto solo se convierten en catástrofes en el horizonte de referencia de la civilización humana. La decisión de construir centrales nucleares en zonas sísmicas no es un fenómeno natural, sino una decisión política de la que también debe darse razón en el ámbito político. No solo en el caso de la construcción de centrales nucleares, sino también en el de la construcción de rascacielos, o en el de la planificación de una metrópoli como Tokio tales "catástrofes naturales" se transforman en riesgos dependientes de decisiones de las que, al menos en principio, puede responsabilizarse a quienes las toman. El caso actual de Japón pone de manifiesto cómo se entreteje aquello que atribuimos a la naturaleza y aquello que atribuimos al poder humano.
   De forma muy general, hablamos de "catástrofe natural" y de "peligro ambiental" en un momento histórico en el que ya no existe algo como una "naturaleza pura" que pueda contraponerse a la técnica y a la sociedad. Lo que unos, digamos la industria química, contaminan como "medio ambiente", es lo que otros, pongamos por caso la agricultura, el turismo o la industria pesquera, ofrecen al mercado.
   Para la industria nuclear ya ni siquiera es necesario negar el riesgo: denigrar la alternativa es un movimiento táctico de valor equivalente. En este sentido, paradójicamente, fue el cambio climático lo que abrió nuevos mercados a las nucleares.
   Desde el siglo XVIII, lo que se había logrado era alcanzar un consenso sobre los riesgos tempranos de la era industrial en la medida en que tales riesgos se basaban en un sistema de compensación anticipada de sus consecuencias: cuerpos de bomberos, compañías de seguros, atención psicológica y sanitaria, etcétera. La conmoción que embarga a la humanidad, vistas las imágenes del horror que nos llegan de Japón, se debe a otra idea que se va abriendo paso: no hay institución alguna, ni real ni concebible, que esté preparada para la catástrofe nuclear máxima y que sea capaz de garantizar el orden social, cultural y político incluso en ese momento decisivo.
   Sí que hay, por el contrario, numerosos agentes que se especializan en la negación de los peligros. En vez de seguridad mediante compensación anticipada tenemos el tabú de la infalibilidad: todos los países -muy en especial, faltaría más, Francia, como bien sabe Sarkozy, el experto en energía nuclear- tienen las centrales nucleares más seguras del mundo. Los garantes del tabú son la ciencia de la energía nuclear y la economía de la energía nuclear, precisamente aquellos que, vistos los catastróficos acontecimientos, han sido sorprendidos in flagranti error por la opinión pública mundial.
   Solo los reactores nucleares "comunistas" podían explotar; así intentó Franz-Josef Strauss (1986) delimitar los sucesos de Chernóbil, dando a entender que el Occidente desarrollado capitalista disponía de centrales nucleares seguras. Pero ahora este desastre se ha producido en Japón, el país del mundo que pasa por ser el que tiene la más avanzada tecnología, el mejor equipamiento y el que tiene más en cuenta la seguridad. Se ha acabado la ficción de que en Occidente podemos mecernos en nuestra seguridad. Los dramáticos acontecimientos de Fukushima echan por tierra ese mito de la seguridad de la racionalidad técnica. Lo que también nos lleva a plantear la pregunta por el valor de un sistema jurídico que regula hasta el ínfimo detalle de los pequeños riesgos técnicamente manejables, pero que, en virtud de su autoridad, legaliza, y nos hace asumir a todos, en tanto que "riesgos residuales" aceptables, los grandes peligros que amenazan la vida de todos, en la medida en que no sean susceptibles de una minimización técnica.
   El "oportunista nuclear" -figura de la que la canciller alemana, Angela Merkel, ofrece un ejemplo actual- nos brinda la ocasión de observar los dilemas de la política pronuclear: ¿cómo puede mantenerse la autoridad política oponiendo enérgicas protestas de seguridad a la conciencia de peligro del electorado, cuando por ese mismo hecho uno se hace objeto permanente de ataque y con cualquier catástrofe, o insinuación de la misma, pone en juego toda su credibilidad?
   El hecho de que la última esperanza de Japón estribe en el recurso a las "fuerzas de autodefensa", que han de suplir, descargando agua desde los helicópteros, los averiados sistemas de refrigeración, es algo más que una ironía. Hiroshima fue el horror por antonomasia. Pero aquí fue el enemigo el que golpeó. ¿Qué pasa cuando el horror surge del meollo productivo de la sociedad, no del Ejército? En este caso, quienes ponen en peligro a la nación son los propios garantes del derecho, del orden, de la racionalidad, de la democracia.
   Muchos lamentan que las aterradoras imágenes de Japón infundan "miedos injustificados". Pero esto supone ignorar la dinámica política que se aloja en el minusvalorado potencial autoaniquilatorio del triunfante capitalismo industrial. Pues muchos peligros -ejemplo paradigmático: la radiación nuclear- son invisibles, se sustraen a la percepción cotidiana. Eso quiere decir que la destrucción y la protesta están sujetas a una mediación simbólica.
   La pregunta por un sujeto revolucionario que subvierta las relaciones de poder definitorias de la política del riesgo cae en el vacío. No son los movimientos antinucleares, ni la opinión pública crítica, o no solo ellos, quienes están en situación de invertir el rumbo de la política nuclear. El contrapoder de la energía nuclear no son los manifestantes que bloquean el transporte de los residuos radiactivos. El más ferviente enemigo de la energía nuclear es... ¡la propia industria nuclear!
   El mito de la seguridad reverbera en las imágenes de esas catástrofes que hay que excluir categóricamente, según los gestores de la energía nuclear. Cuando esto se percibe, cuando se demuestra que los garantes de la racionalidad y el orden legalizan y normalizan peligros mortales, se crea el caos en el ámbito mismo de aquella seguridad que promete la burocracia.
   Sería un completo error concluir que de esta manera despunta una nueva fase de la Ilustración. Antes al contrario, habrá a quien el panorama aquí expuesto le haga pensar más bien en aquellos que tratan de achicar el agua que inunda el barco perforando un agujero en su casco.

   Ulrich Beck es sociólogo, profesor emérito de la Universidad de Múnich y profesor de la London School of Economics. Traducción de Jesús Alborés Rey.

PRENSA. 4 mayo 2009

Por su interés (aunque un tanto difícil, merecería, entre otras posibilidades, ser comentado en los cursos de bachillerato), reproducimos por completo el artículo aparecido hoy en "El País", y firmado por Ulrich Beck, sociólogo y profesor de la Universidad de Munich y de la London School of Economics.

LA REVUELTA DE LA DESIGUALDAD

La revuelta de la desigualdad sacude al mundo entero: de Moscú a Helsinki, de Londres a Washington y de Berlín a Buenos Aires. En Internet encontramos páginas que invitan a quemar o a colgar a los banqueros. El centro mundial de las finanzas en Londres aconseja a las empresas que exhorten a sus trabajadores a no pasearse más en traje y corbata para evitar riesgos. Aquellos que parecían ejercer un control irrevocable sobre las finanzas mundiales son ahora percibidos y calificados despectivamente como "extraterrestres", se les considera como personas de otro planeta. Cuando se obstinan en seguir cobrando primas y obteniendo privilegios, entonces son ejecutados, por lo menos moralmente, en los debates televisivos. Y probablemente esto sólo acaba de empezar.
A partir de diversos componentes se obtiene así una explosiva mezcla política y social. No sólo aumenta la desigualdad, tanto en el marco nacional como en el global, sino que, ante todo, el rendimiento y el ingreso se han desacoplado ya por completo a los ojos de la ciudadanía. O peor aún: en el contexto del desmoronamiento de las finanzas mundiales se ha producido en las esferas más altas del poder un acoplamiento perverso entre gestión ruinosa e indemnizaciones millonarias. El pequeño secreto, que no hace más que agudizar la amargura, consiste en que este enriquecimiento codicioso se ha realizado de forma absolutamente legal, pero atenta a la vez contra todo principio de legitimidad.
La ira popular se enciende a causa de esta contradicción entre legalidad y legitimidad con la que la élite financiera ha incrementado fabulosamente su riqueza. Pero esta ira se enciende más aún, justamente, porque esta desproporción ha burlado todas las mediciones de los rendimientos y porque las leyes vigentes siguen encubriendo tan clamorosas desigualdades. Aquí también aparecen contradicciones en la apreciación. Unos dicen: necesitamos más impuestos para los que más ganan, ya que el mercado no está en condiciones de corregir sus propios excesos. Los otros consideran, según el viejo esquema, que esto no es más que una política de la envidia, y reclaman derechos que se apartan de las leyes.
La consecuencia de ello es que el grito de dolor socialista reclamando la igualdad es proferido justamente desde el centro herido de la sociedad y halla repercusión por doquier. Pero esta conciencia de la igualdad no hace ahora más que alimentar las desigualdades sociales de un modo políticamente explosivo. Las desigualdades sociales se convierten en material conflictivo que se inflama con facilidad, no sólo porque los ricos siempre son más ricos y los pobres más pobres, sino sobre todo porque se propagan normas de igualdad que están reconocidas y porque en todas partes se levantan expectativas de igualdad, aunque al final queden frustradas.
Una quinta parte de la población mundial, la que se encuentra en peor situación (posee, en su conjunto, menos que la persona más rica del mundo), carece de todo: alimentación, agua potable y un techo donde cobijarse. ¿Cuál fue la causa de que, en estos últimos 150 años, este orden global de desigualdades mundiales se mostrara a pesar de todo como legítimo y estable? ¿Cómo es posible que las sociedades del bienestar en Europa pudieran organizar costosos sistemas financieros de transferencia en su interior sobre la base de criterios de necesidad y pobreza nacionales mientras que buena parte de la población mundial vive bajo la amenaza de morir de hambre?
La respuesta es que éste es -o era- el principio de eficiencia que legitimaba las desigualdades nacionales. Quien se esfuerce será recompensado con bienestar, rezaba la promesa. A la vez, el Estado nación procuraba que las desigualdades globales se mantuvieran encubiertas y que pareciera que fueran legítimas e inalterables. Porque hasta entonces las fronteras nacionales separaban nítidamente las desigualdades políticamente relevantes de las irrelevantes. ¿Quién se preocupa por las condiciones de vida en Bangladesh o en Camboya? La legitimación de las desigualdades globales se basa así en el disimulo del Estado nación. La perspectiva nacional exime de mirar la miseria del mundo.
Las democracias ricas portan la bandera de los derechos humanos hasta el último rincón del planeta sin darse cuenta de que, de ese modo, las fortificaciones fronterizas de las naciones, que pretenden atajar los flujos migratorios, pierden su base legítima. Muchos inmigrantes se toman en serio la igualdad predicada como derecho a la libertad de movimientos, pero se encuentran con países y Estados que, justamente por la presión de las crecientes desigualdades internas, quieren poner fin a la norma de igualdad en sus fronteras blindadas.
La revuelta contra las desigualdades realmente existentes se alimenta así de estas tres fuentes: del desacoplamiento entre rendimiento y ganancia, de la contradicción entre legalidad y legitimidad, así como de las expectativas mundiales de igualdad. ¿Es ésta una situación (pre)revolucionaria? Absolutamente. Carece, sin embargo, de sujeto revolucionario, por lo menos hasta ahora. Porque las protestas proceden de los lugares más distintos. La izquierda radical acusa a los directivos de los bancos y al capitalismo. La derecha radical acusa una vez más a los inmigrantes. Ambas partes se corroboran mutuamente en que el sistema capitalista imperante ha perdido su legitimidad. En cierto sentido, son los Estados nación los que se han deslizado involuntariamente hacia el rol de sujeto revolucionario. Ahora, de repente, éstos ponen en práctica un socialismo de Estado sólo para ricos: apoyan a la gran banca con cantidades inconcebibles de millones, que desaparecen como si fueran absorbidas por un agujero negro. Al mismo tiempo, aumentan la presión sobre los pobres. Semejante estrategia es como querer apagar el fuego con fuego.
Este proceso sólo fue posible porque los decenios anteriores engendraron en muchos ámbitos de la economía una suerte de espíritu del superhombre nietzscheano. Pequeñas empresas locales eran transformadas en potencias globales por superhombres de la economía, y éstos cambiaron adecuadamente las reglas del poder en vigor. Llevaron las finanzas a la esfera de lo incalculable, que nadie, ni ellos mismos, podía entender. Pero su actuación parecía justificarse en que elevaron a cotas inauditas sus beneficios, su poder y sus ingresos.
La ideología predicaba que cualquiera podía triunfar. Esto era válido tanto para el comprador de bajos ingresos que obtenía su primera propiedad como para el malabarista que ignora los riesgos incalculables. El paraíso en la tierra consistía en que el primero podía comprar con dinero prestado y el segundo podía hacerse aún más rico, también con dinero prestado. Ésta era, y sigue siendo ahora, la fórmula de la irresponsabilidad organizada de la economía global. Ahora, en la caída libre de la crisis financiera, ambos salen perdiendo, aunque no exactamente de la misma manera. Mientras que los ricos poseen un poco menos, a los pobres apenas les alcanza para vivir. Después de haber subido, ahora el ascensor vuelve a bajar. Pero esto no amortigua la capacidad explosiva de la revuelta de la desigualdad que hoy se cuece.
Más bien al contrario. Las demandas de más igualdad, que encuentran su expresión en las actuales protestas, alcanzan la autoconciencia de Occidente en su núcleo neoliberal. En los decenios pasados se falsificó el sueño americano y sus promesas de libertad e igualdad de oportunidades por la promesa cínica de enriquecimiento privado. En realidad, este espíritu ha convertido a muchas y a muy distintas sociedades en dependientes de la droga de vivir con dinero prestado. La rutina diaria de las personas se basaba en la obtención de dinero rápido y barato, así como en la disponibilidad ilimitada de combustible fósil.
La vida misma ha perdido el control en ese anhelo permanente de obtener cada vez más y más. Ahora cabe preguntarse: ¿dónde están los movimientos sociales que esbozan una modernidad alternativa? De lo que se trata es de cosas tan concretas como de las nuevas formas de energía regenerativa, pero también de fomentar un espíritu cívico que supere las fronteras nacionales. Y de cualidades como la creatividad y la autocrítica, para que temas clave como la pobreza, el cambio climático o civilizar los mercados tengan un lugar central.