Mostrando entradas con la etiqueta delitos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta delitos. Mostrar todas las entradas

lunes, 6 de abril de 2015

PRENSA. "Armenia: el primer genocidio del siglo XX". Antonio Elorza

   En "El País":

Armenia: el primer genocidio del siglo XX

Todavía siguen vigentes las ideas de dos destacados intelectuales turcos, Pamuk y Dink, que ponen en cuestión la negativa oficial a reconocer un horrible crimen contra la humanidad cometido hace ahora cien años


EVA VÁZQUEZ

"¿Quién habla hoy aún del exterminio de los armenios?”. La frase de Hitler, pronunciada el 22 de agosto de 1939, aludía a la inminente campaña de Polonia y anunciaba la dimensión genocida de su política de guerra, culminada con la Shoah. Años atrás, la matanza de los armenios había herido la sensibilidad de un joven judeopolaco, Rafael Lemkin, quien en lo sucesivo empleará todos sus esfuerzos para crear una normativa internacional dirigida a impedir la repetición de tales crímenes. Más aún tras subir Hitler al poder. No lo consiguió y ello supuso que en Núremberg los crímenes nazis fueran condenados desde la inseguridad de normas establecidas ex post facto. Y a pesar de que Lemkin obtuvo la sanción por la comunidad internacional del crimen de genocidio, tampoco ese logro personal significó la puesta en marcha de una jurisdicción universal efectiva para su castigo, salvo en casos de debilidad del Estado culpable (Ruanda, Serbia).
La tragedia armenia de 1915 responde puntualmente a la definición del genocidio por Lemkin. Fue la puesta en práctica de un conjunto de acciones criminales, con el propósito logrado de destruir un pueblo, a partir de un plan preconcebido desde supuestos ideológicos racistas y con medidas complementarias del aniquilamiento físico, tales como una expropiación generalizada. El procedimiento empleado consistió en conjugar la eliminación sistemática de la población masculina con una deportación masiva de ancianos, mujeres y niños, obligados a recorrer a pie cientos de kilómetros, en verano y en el secarral anatolio, sin apenas recursos y sometidos a las agresiones de paramilitares, bandas kurdas y de los propios guardianes. Para acabar en campos de concentración (Alepo) o de exterminio (Deir-es-Zor). El balance más aceptado habla de 1,2 millones de muertos sobre una población previa superior a dos millones. Al término de la Guerra Mundial, con el Imperio derrotado, las autoridades otomanas hacían una estimación de 800.000 víctimas. Mustafá Kemal admitió la cifra y condenó “el exterminio de los armenios”.
La determinación del genocidio correspondió al Gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, quienes en la revolución constitucionalista de 1908 parecieron compartir la idea de una ciudadanía igualitaria con las minorías étnico-religiosas (griegos, armenios, judíos). Hasta entonces, estas convivían bajo la autocracia del sultán en una situación de pluralismo subordinado. Subordinado, porque del mismo modo que existía la superioridad del estamento militar (askari) sobre la masa civil (reaya, literalmente “el rebaño”), en el plano jurídico la población musulmana (turca) prevalecía sobre las minorías, calificadas peyorativamente hasta hoy como yaurs, infieles. La tolerancia otomana tenía además la contrapartida de que cualquier disidencia frente a su dominación desencadenaba una acción punitiva implacable. Las insurrecciones nacionalistas del siglo XIX en los Balcanes fueron ocasión de comprobarlo, y generaron de paso una creciente desconfianza frente a los armenios, cuyo núcleo principal de asentamiento, al margen de Constantinopla, se encontraba aislado en Anatolia oriental. De ahí que cuando el Congreso de Berlín, por el artículo 61, conminó al sultán Abdulhamid II a otorgar reformas a los armenios y protegerles de kurdos y circasianos, el resultado acabó siendo el contrario. Allí donde se esperaban reformas, lo que hubo en 1894-1896 fueron matanzas con decenas de miles de víctimas, repetidas en 1909.
Además el proyecto de modernización política de los jóvenes turcos pronto rechazó el pluralismo, para imponer, desde un nacionalismo militarista, una sociedad turca racial y culturalmente homogénea. Turquismo e islamismo eran los dos pilares en la concepción del ideólogo del movimiento, Ziya Gökalp, autor citado por Erdogan. Las minorías habían de aceptar la superioridad del hombre turco; en caso contrario, la “nación dominante” se liberaría de “elementos cuya deslealtad era evidente”, protegiéndose así de “los pueblos extranjeros” habitantes del Imperio. El principio de la política genocida quedaba asentado. Únicamente faltaba que la derrota otomana por los Estados balcánicos en la guerra de 1912-1913 provocase un éxodo de musulmanes a Anatolia y la consiguiente frustración del vértice militar joven turco, para que el odio al yaur se tradujese en voluntad de aniquilamiento. Así fue cómo sus líderes, Enver Pachá y Talât Pachá, en el Gobierno tras la derrota y fieles a la ideología racista, vieron en la entrada del Imperio en la gran guerra la oportunidad para su ejecución.

“¿Quién habla hoy aún de aquel exterminio?”, se preguntaba Adolf Hitler en 1939
Tras “largas y serias deliberaciones” (Talât) la dirección joven-turca, el Comité de Unión y Progreso (CUP) resolvió definitivamente en marzo de 1915. Siguió la detención de cientos de notables armenios en Constantinopla —de 200 a 650—, la noche del 24 de abril, deportados o asesinados. La única mujer en la lista, la escritora Zabel Yesayan, logró huir; murió en 1940 en el Gulag. La comunidad quedaba descabezada. El 27 de mayo, por iniciativa de Talât, ministro del Interior, el Gobierno decide la deportación general para los armenios en Anatolia oriental. Pero el proceso se inicia mucho antes, en enero-febrero de 1914, cuando Enver Pachá, ministro de la guerra, crea la Organización Especial (OE), formación paramilitar antiseparatista. Los griegos serían sus primeros blancos. En agosto de 1914, el CUP activa la OE para ocuparse de “las personas a eliminar en la patria”, cometido que queda verosímilmente perfilado para los armenios en objetivos y procedimientos desde diciembre, con Talât y el responsable de la OE, Bahettin Shakir, al frente. A partir de fines de 1914 se suceden hechos precursores de un aniquilamiento masivo en el marco de las deportaciones, del cual han quedado abrumadores testimonios de misioneros y cónsules neutrales, incluso de los aliados alemanes. Talât Pachá se lo explicó al embajador norteamericano Henry Morgenthau: “Hemos liquidado ya la situación de las tres cuartas partes de los armenios”; “No queremos ver armenios en Anatolia; pueden vivir en el desierto, pero no en otra parte”.
El 24 de mayo de 1815, Inglaterra, Francia y Rusia habían anunciado al Gobierno otomano su propósito de castigar los crímenes cometidos “contra la humanidad y la civilización”. Llegó la hora con la derrota otomana. Como consecuencia, tras el armisticio de octubre de 1918, los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para dichos crímenes, ahora incrementados en número exponencialmente, pero los desacuerdos en composición y base jurídica, anuncio de lo que ocurrirá en Núremberg, anularon el intento. Tocó a la justicia otomana reconocer el carácter criminal de las matanzas, su terrible volumen, y castigar a los culpables. Ya huidos, fueron condenados a muerte en ausencia Enver, Talât, Çemal y Nazim Bey, y ejecutado un responsable local, el llamado “verdugo de Yozgat”. Poca cosa, compensada por una importante documentación probatoria, hoy en la Library of Congress.
Más tarde no faltó el epílogo de los miles de griegos y armenios asesinados y deportados tras la ocupación de la yaur Esmirna, en septiembre de 1922, una vez vencida la invasión griega. Kemal fue aquí testigo pasivo.

El Gobierno nacionalista fue el responsable de la decisión que condujo a la masacre
Dos destacados intelectuales, el novelista Orhan Pamuk y el periodista turco-armenio Hrant Dink, se preguntaban hace una década por la inexplicable negativa de la Turquía democrática a reconocer el exterminio armenio. Admitirlo en 1920 hubiese sido suicida, puesto que equivalía a legitimar la desmembración de Turquía, pero esa razón no era válida un siglo más tarde. ¿Por qué identificarse con los crímenes de unos antepasados, que además no fueron todos los antepasados, ya que la primera condena de las matanzas y de sus culpables corrió a cargo de consejos de guerra otomanos, e incluso Mustafá Kemal la refrenda en octubre de 1919 al exigir la exclusión “de los unionistas y personas que se mancharon con los actos depravados de la deportación y de la matanza?”. Pero Dink fue asesinado en 2007, y Pamuk sufrió acusaciones y una durísima campaña como enemigo de “la dignidad de la nación”. Sus ideas, no obstante, avanzaron. El alcalde de Kars, hoy turca, antes armenia, levantó una “estatua de la humanidad” por la reconciliación de ambas naciones. Erdogan impulsó su demolición, y ahora remite el tema a unos archivos depurados desde 1918.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

lunes, 9 de marzo de 2015

PRENSA. "Traficadas. el negocio de la trata de mujeres en México"

   En "El País":

Traficadas. El negocio de la trata de mujeres en México

México es el país americano con más mujeres desaparecidas que son convertidas en esclavas sexuales. El tráfico de mujeres es un negocio en alza


Barrio de la Merced, uno de los tradicionales de prostitución de México D.F. donde trabajan unas 1500 mujeres. / NURIA LÓPEZ TORRES

Diana Angélica era una niña alegre y optimista. De cuerpo menudo, ojos grandes almendrados, y cara angelical. El 7 de septiembre de 2013 su madre se despidió de ella como cada mañana cuando se iba al colegio… Y nunca más la volvió a ver.
Historias como esta engrosan cada día la enorme lista de niñas y mujeres desaparecidas en todo México. Un drama silenciado que desgarra a la sociedad del país. Estas desapariciones forman parte de un entramado de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Los feminicidios de Ciudad Juárez son solamente una parte de este gravísimo problema que golpea profundamente a millares de familias.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han desaparecido en sólo nueve estados del país 9.200 mujeres y niñas. Entre junio de 2011 y junio de 2012 sólo en el estado de México fueron 955, de las que el 60% eran menores de 17 años. María de la Luz Estrada Mendoza, presidenta de esta organización, puntualiza, sin embargo, que no existe una cifra oficial fiable de desaparecidas, porque los gobiernos, dice, maquillan los datos. El estado de Veracruz reconoció de forma extraoficial que en su territorio hay 6.000 desaparecidas. El resto de estados, sin embargo, se niegan a dar información al respecto y los pocos números que aportan a las estadísticas de las entidades son ridículos, muy inferiores a las que estas mismas manejan. Es este un problema invisibilizado social y políticamente.
En los últimos años, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Pero lo que más preocupa a los autores es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma de diversificar sus ingresos. Al sur del país, en el estado de Oaxaca, la persona que controla el negocio de la trata y la explotación sexual es un “militar de alta graduación”, asegura Elvira Madrid, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C, una ONG que trabaja en favor de los derechos de las prostitutas y en contra del tráfico de mujeres.

Levantones sexuales

Existen diferentes formas de captar a las mujeres y niñas. Una de ellas es la conocida como levantón. El crimen organizado tiene a hombres que controlan determinadas zonas o barrios, se fijan en una posible víctima —casi siempre muy jóvenes y de complexión delgada—, la vigilan unos días para conocer su rutina y, cuando pueden, la suben de forma violenta a una camioneta. Y desaparece. A veces, no hay ni vigilancia previa. Simplemente ven una muchacha que les gusta, paran el vehículo y la suben en el acto.
Otro de los sistemas es a través de falsos anuncios de empleo. “Mi hija Fabiola vio un anuncio enganchado a una farola en el que se buscaba a una mujer para cuidar a una persona mayor. Llamó por teléfono y la citaron al día siguiente a las diez de la mañana, en el mismo lugar donde lo había encontrado. Ella me pidió que la acompañara y así lo hice, pero no se presentó nadie. Fabiola volvió a llamar y le dijeron que había surgido un problema con la persona que tenía que ir y la volvieron a citar al día siguiente. En esta ocasión, no la pude acompañar porque tenía que ir al médico…y ya nunca más volvió”, relata Rosa María, madre de una víctima. Fue el 10 de enero de 2012.

Impunidad e indefensión

Es sabido por todas las organizaciones y activistas que trabajan en contra del tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que algunos miembros de la policía municipal de Ecatepec —donde desaparecen gran cantidad de mujeres— controlan este negocio. Son las prostitutas que ejercen de forma libre las que denuncian extorsiones de los agentes que quieren deshacerse de ellas porque son testigos incómodos de sus turbios negocios. Así lo cuenta Elvira Madrid, directora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C.
Según su relato, cada noche, la policía lleva en sus coches a niñas a los diferentes puntos de prostitución de este municipio. Ellas deben conducir a los clientes a un lugar acordado con los policías, para que estos puedan extorsionarles por estar con una menor de edad.
Rosa María Reyes, madre de la desaparecida Fabiola, tiene muy claro por qué no se resuelve el caso de su hija: “Es por la incompetencia de la policía que hasta ahorita no ha hecho nada. Se le han entregado infinidad de pruebas para que actúen y no han hecho nada. Incluso han llegado al sarcasmo. A veces les he dicho pues que me maten ya para que me quiten este dolor”.
Muchas de las familias de las desaparecidas argumentan las mismas carencias en las actuaciones policiales y órganos encargados de las investigaciones. Coinciden en señalar que se encuentran con unos niveles altísimos de ineptitud. Las sensaciones de impotencia y desesperación son compartidas. En la mayoría de los procesos, las familias van por delante en las investigaciones y aportan pistas que, en muchos casos, son ignoradas. En el peor de los casos, incluso reciben amenazas para que cejen en sus indagaciones, como les ha pasado a algunas madres.
María Soledad vive bajo amenaza de muerte porque salvó a su hija de 14 años de las redes de la explotación sexual. Durante seis meses trabajó como prostituta para llegar hasta ella y al hombre que la retenía, conocido como el Bombacho. Esta mujer pequeña, de expresión dura y con un valor infinito, cuenta con serenidad su historia. “Mi orgullo es que se la quité con vida, porque él nunca las deja escapar con vida. Ahora, mi cabeza tiene precio y yo sigo esperando a ver qué me va a hacer. Por lo que yo le hago penalmente responsable de lo que me pase… Ahorita él está en la cárcel por cortesía mía… pero saldrá en tres años. Leestán abriendo otros procesos y espero que no salga nunca porque sus crímenes son muy grandes”, zanja.
La impunidad, sin embargo, viene cimentada por décadas de crímenes y delitos sin resolver en México. Ésta dinámica es la generadora de sociedades endémicamente enfermas, que afecta a los cimientos y pilares de la democracia, generando una sociedad incapaz de defender los derechos básicos de sus ciudadanos. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violaciones de los Derechos Humanos, una forma de esclavitud moderna, y una de las caras más amargas de la violencia de género.
Fabiola es del municipio de Ecatepec, uno de los lugares de donde más mujeres desaparecen de todo el Estado de México, como coinciden en afirmar la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desparecidos A.C., la Coalición Contra El Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, y la Brigada Callejera de Ayuda a la mujer Elisa Martínez A.C. Estas organizaciones que trabajan contra el tráfico de personas y la explotación sexual tienen claras evidencias de que algunos policías locales del municipio participan en estas redes. La familia de Fabiola sabe con certeza, por diferentes pistas y testigos, que ella está siendo explotada como esclava sexual. Sin embargo, la negligencia, desidia y en algunos casos la connivencia de la policía, hace que el caso de la joven se encuentre en una vía muerta.
“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, gritaba Rosa María durante la manifestación que tuvo lugar en México DF el día de la madre, organizada por las diferentes asociaciones de familiares de desaparecidos, y que convocó a personas llegadas desde todos los estados del país. A su lado estaba Tadeo, hijo de Fabiola de siete años de edad, quien, con un gran cartel de su madre colgado en el pecho, repartía incansablemente folletos en los que se ofrecía una recompensa de 300.000 pesos (unos 17.500 euros), a la persona que aportara información útil para encontrarla. Su expresión de esperanza mientras corría como un loco de un lado a otro, dando impresos a todo el mundo, no dejaba indiferente a los asistentes.
Semanas más tarde, en casa de su abuela, preguntado por qué diría a las personas que tienen retenida a su mamá, el pequeño respondió así: “Me llamo Tadeo. A las personas que se la llevaron, devuélvanmelas. Porque a mí me hace más falta que a ustedes, así que devuélvanmelas. Es lo que yo tengo dentro de mi corazón, que nada más que tengo a mi papá. Que cuando veo a todas las familias juntas, me pongo triste porque mi familia todavía no está junta. Y decirles que si me pueden dar su dirección para que vaya a por ella”.
El tercer sistema de captación de mujeres es más sofisticado y retorcido. Es el de los llamados padrotes, hombres que se dedican a enamorar a las menores de edad, hasta que consiguen alejarlas de sus familias —tienen estipulado un tiempo de tres meses de media para conseguirlo—, para posteriormente llevárselas a otro estado. Es allí cuando su novio cambia radicalmente y le muestra la cruda realidad. Inmediatamente, la pone a trabajar. Algunos incluso las dejan embarazadas y, cuando nace el niño, se lo quitan para chantajearlas con la vida de la criatura. Para los padrotes las mujeres son objetos de su propiedad que deben proporcionarles beneficios. Así lo ha corroborado Elvira Madrid, socióloga con 27 años de experiencia en el trabajo de campo con víctimas. Muchos de estos hombres no consideran que esto sea un delito, sino simplemente una forma de ganarse la vida. La cultura machista tiene aquí su máximo exponente como se desprende de los testimonios de las mujeres explotadas entrevistadas.

Víctimas de explotación sexual

Alejandra fue vendida con 10 años a la dueña de uno de los muchos tables dance (locales de baile erótico) que existen en México. Ella fue a parar a la ciudad de Toluca, Estado de México. Sus tías, que se dedicaban al tráfico de drogas y otras actividades ilegales, llegaron un buen día y le dijeron: "Tú ya estás buena para trabajar". A su madre le aseguraron que la llevaban a trabajar a una fábrica. Agobiada por las deudas, no dio crédito a las quejas de su hija pensando que eran excusas para no ir a trabajar.
“Trabajaba de lunes a domingo, de nueve de la noche a siete de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días…”, relata, ahora ya liberada, Alejandra. Durante dos años la obligaron a bailar y prostituirse. Hasta que fue violada por un tío abuelo y se quedó embarazada. Su madre la forzó a tener a la criatura y, después de dar a luz, la niña huyó y nunca más volvería a ver al bebé. Con 12 años llegó a Michoacán, donde conoció a un padrote que la enamoró y la dejó embarazada. Tuvo un niño que el padre le arrebató para chantajearla (y al que nunca pudo criar). Tiempo después tendría una niña.
Cuando su hija tenía un año, Alejandra intentó escapar, pero su explotador la encontró y la amenazó a punta de pistola con matar a la niña. Durante 18 años trabajó para el padre de sus hijos y la familia de este como una esclava sexual. Finalmente, reunió las fuerzas necesarias para huir con su hija, aunque lamentablemente tuvo que renunciar a su otro hijo. Alejandra continua ejerciendo la prostitución, ahora de forma libre, en el barrio de la Merced de México DF, el barrio tradicional de prostitución de la ciudad. Como ella, allí trabajan unas 1.500 prostitutas en la calle, pero la cantidad podría ser mayor porque no están contabilizadas las que están en locales internos, subrayan desde la ONG Brigada Callejera de Ayuda a la Mujer Elisa Martínez, A.C.
El caso de Rebeca no es muy distinto. Ella fue explotada con 11 años por su padre y tres socios de este que tenían una red de tráfico de mujeres en Estados Unidos (Miami y Tampa, Florida). Su abuela la envió con su progenitor para que escapara de los abusos de los que era víctima por parte de su padrastro en México. Pero no sabía que la estaba enviando al infierno. Con 17 años consiguió escapar y regresar a su país. Llegó a la capital y, desesperada por encontrar un trabajo, pensó que la fortuna por fin se había acordado de ella, al encontrar un anunció en la estación de autobuses, en el que solicitaban chicas jóvenes como asistentes domésticas.
Rebeca acudió a la cita con el empleador. Se encontró montada en una camioneta con otras 17 chicas, pero nunca sospechó que su destino final sería un edificio en el barrio de prostitución de la Merced, ni que durante tres años y medio estaría encerrada sin ver la luz del día, siendo explotada sexualmente otra vez. “Me tocó ver cómo mataban a golpes a una muchacha porque no dio todo el dinero que había ganado un día. Me tocó ver que a otra la asesinaron porque no quiso salir a trabajar a la calle, a esa sí a sangre fría. La mataron”, recuerda. “Si trabajabas más, te tocaban dos comidas; si no, no comías… Si no sacabas suficiente [dinero] a veces te dejaban con la misma vestimenta y no te bañaban hasta que volvías a trabajar bien; si estabas con la regla, te ponían un tapón y así tenías que seguir trabajando. Si un cliente se quejaba de que no te habías dejado hacer algo, entraba la mujer o el hombre encargados y te daban de golpes”, continúa ahondando en su memoria.
Rebeca fue rescatada por un policía federal que durante tres meses estuvo investigando qué pasaba en aquel hotel. Cada ocho días, la visitaba haciéndose pasar por cliente fijo. Ella le facilitó toda la información que pudo. El federal acogió a Rebeca y su compañera de cuarto en su casa los primeros días, hasta que ellas hicieran sus declaraciones y reconocimiento de los detenidos. Su esposa les facilitó comida y ropa. Pero el segundo día, a las siete de la tarde, llamaron a la casa del agente para notificarle a su mujer que él había sido asesinado. Rebeca rememora aquel trágico momento que presenció.
Rebeca sigue ejerciendo la prostitución tras ser liberada Tiene a su cargo a su madre y dos sobrinos pequeños, que abandonó uno de sus hermanos tras quedarse viudo. Rebeca es una luchadora nata: tiene muchas ganas de dejar esta vida y, gracias a Brigada Callejera de Ayuda a la Mujer Elisa Martínez, y muy especialmente a Elvira Madrid, está estudiando para enfermera. Es uno de sus sueños.
Mientras contaba su truculenta historia, su rostro redondo esbozaba en todo momento, una hermosa sonrisa de serenidad. Relataba su historia como si fuera la de otra persona. Se esforzaba por mostrar fortaleza, sus ojos negros se llenan de lágrimas y se le quiebra la voz al decir: “Es difícil cuando ves que pudiste tener otro tipo de familia y no es así. Pero aprendes que cuando estás más abajo es cuando te debes de sentir más arriba. Cuanto más te pisoteen, más debes de salir adelante. Y si sigo aquí es porque tengo algo que hacer y tengo que superarme”.

viernes, 6 de marzo de 2015

PRENSA. "La memoria rescatada de los mexicanos linchados"

   En "El País":

La memoria rescatada de los mexicanos linchados

EE UU, en pleno cambio demográfico y social, redescubre la historia de las víctimas latinas de la violencia ‘anglo’

 Washington 1 MAR 2015  

  • Los cadáveres de los mexicanos Arias y Chamales cuelgan de una horca de Santa Cruz (California), en mayo de 1877.


    “Un deporte al aire libre”. Así definió la práctica de linchar mexicanos en California el periodista Carey McWilliams. McWilliams, autor de North from Mexico (Al norte de México, 1948), un libro de referencia sobre los mexicanos de Estados Unidos, fue uno de los pocos en preservar la memoria de un episodio vergonzoso en un país que nunca deja de revisar su joven historia.
    El recuerdo de la muerte, a manos de las turbas anglosajonas, de centenares, seguramente miles, de ciudadanos de origen mexicano entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, quedó esparcida en canciones populares, en leyendas que contaban de padres a hijos, en un puñado de westerns y novelas de género. Era un recuerdo vago, una historia remota, medio olvidada.
    Pero jamás, hasta que los historiadores William Carrigan y Clive Webb se pusieron a investigar, se desvelaron las dimensiones de los linchamientos a mexicanos, superados solo por los linchamientos de negros en el Sur hasta mediados del siglo XX.
    EE UU se transforma y también se transforma la manera de contar la historia, más allá de la mitificación del patriotismo más superficial. Cambia la demografía: los latinos —la mayoría, de origen mexicano— son la minoría más pujante. Y cambia el pasado, que nunca es estático: Estados Unidos incorpora otros traumas al acervo común.

    Visiones divergentes del pasado

    “Los blancos y los mexicanos recuerdan el pasado de manera distinta”, dicen los historiadores William Carrigan y Clive Webb en un correo electrónico. “Mientras que es posible que los blancos vean la violencia en la frontera contemporánea como algo conectado solo al presente, a las tensiones tras el 11-S por la inmigración, los mexicanos sitúan la violencia en un contexto histórico más amplio y lo conectan a episodios pasados de nativismo violento y prejuicios”, explican los autores del libro Muertos olvidados.
    Las diferentes visiones del pasado, las memorias múltiples, pueden complicar el diálogo. Carrigan y Webb ven más diferencias que similitudes entre los episodios que estudian en su libro y casos actuales de xenofobia o abusos: no hay un vínculo directo. Pero para muchos, la asociación es inevitable. “La cuestión”, dicen, “es que las autoridades no entienden por qué tantos mexicanos sí ven conexiones”.
    Muertos olvidados: violencia en grupo contra mexicanos en Estados Unidos 1848-1928 es el título del libro de Carrigan y Webb, publicado hace dos años. Los hechos quedan lejos y son incomparables con cualquier discriminación del presente. La publicación reciente de un informe que amplía en 700 el número de muertes conocidas por linchamiento de afroamericanos, sumada al goteo de noticias sobre arbitrariedades policiales, y a los debates sobre la inmigración, coloca la tragedia bajo otra luz: los negros no fueron las únicas víctimas del racismo.
    Farmington (Nuevo México), 16 de noviembre de 1928. Cuatro hombres enmascarados irrumpen en el Hospital del Condado de San Juan y se llevan al paciente Rafael Benavides. Benavides es un pastor ingresado tras agredir a una niña mexicana, asaltar a una mujer anglosajona y quedar malherido por los disparos de los agentes del sheriff. Los enmascarados se lo llevan en un camión a una granja abandonada. Le atan una soga al cuello y lo cuelgan de un árbol. Los asaltantes nunca serán juzgados.
    Benavides, cuya muerte reconstruyen Carrigan y Webb, disfruta del raro privilegio de ser la última víctima mexicana de la violencia en grupo y extrajudicial documentada. Los historiadores han documentado 547 víctimas mexicanas (inmigrantes y estadounidenses de origen mexicano), pero el número total de personas “ahorcadas, quemadas y tiroteadas” es superior. Fueron miles, según la estimación de Carrigan y Webb.
    Con el ahorcamiento de Rafael Benavides terminó una era que había empezado en 1849, tras la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos, la anexión de Texas por EE UU y la transferencia a este país, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del actual suroeste del país. La frontera política se desplazó centenares de kilómetros, pero los mexicanos siguieron allí; los anglosajones eran los recién llegados, los inmigrantes, pero unos inmigrantes que intentaban imponer su ley en un medio hostil. Las tensiones eran inevitables.
    Existía una justificación racional para el llamado vigilantismo —el mantenimiento del orden público por parte de individuos o grupos civiles— y los linchamientos. En el Oeste, un territorio donde el Estado era débil y la justicia lenta, ineficiente o directamente ausente, muchos veían en los procesos y ejecuciones informales la única opción para combatir el crimen en ese territorio.
    Carrigan y Webb cuestionan que la persecución de mexicanos fuera una mera reacción de las carencias del sistema judicial en las tierras de frontera. La violencia no se explica sin los prejuicios raciales y la competición económica. “El trasfondo de tanta violencia entre anglos y mexicanos puede ligarse a la pugna por el oro, a conflictos aparentemente constantes por la tierra y el ganado o a la batalla por los términos y las condiciones laborales”, escriben.
    El 3 de mayo de 1877 de madrugada, Francisco Arias y José Chamales se hallaban en la prisión de Santa Cruz (California) cuando una muchedumbre se los llevó. Les acusaban de robar a un carpintero, recuerdan Carrigan y Webb. Les ahorcaron sin juicio y nadie respondió por el crimen: un deporte al aire libre, como dijo McWilliams.
    En 1990, el poeta de Brooklyn Martín Espada describiría en un poema los rostros, “descoloridos como peniques de 1877”, de la muchedumbre que se acercó para ver a los muertos. Arias y Chamales presentaban “la mueca dormida de los cuellos rotos”. En la fotografía de aquel linchamiento, que ilustra esta página, la mirada del público y la mueca de ajusticiados cruzan los siglos.

    Negros y latinos

    1. Los historiadores Carrigan y Webb documentan 547 casos de muertes de mexicanos por linchamiento entre mediados del siglo XIX y 1928, aunque el número total puede elevarse a miles. El número documentado de negros linchados en el sur de EE UU es de 3.959, según un recuento reciente.
    2. Una diferencia entre negros y mexicanos ante la violencia blanca fue la resistencia. Los negros, tras el fin de la esclavitud, volvieron a ser una clase subyugada. Los mexicanos, en cambio, eran dominantes en partes del Oeste y disponían de ayuda en la diplomacia de México.
    3. Los mexicanos linchados, a diferencia de los negros, raramente eran acusados de violencia sexual contra sus mujeres: los anglos no veían a los mexicanos como una amenaza en este sentido, como sí les ocurría con los negros. En el caso de los mexicanos, los motivos de los linchamientos eran sobre todo económicos.

    sábado, 14 de febrero de 2015

    PRENSA. ANDALUCÍA. "Las otras violencias contra la mujer"

       En "El País":

    Las otras violencias contra la mujer

    La normativa tiene lagunas para afrontar el acoso en Internet o en el trabajo




    Una adolescente revisa un mensaje de móvil. / PACO PUENTES
    “Estabas en línea, te he escrito un whatsapp y no me has respondido. ¿Por qué, qué haces, con quién estás? Respóndeme. He visto que te has conectado por última vez de madrugada ¿Con quién hablabas? Como no me hagas caso cuelgo en Internet una foto tuya sin ropa. ¿Quién es ese que has agregado al Facebook? ¿Es verdad que estás con tus padres? Mándame una foto. Envíame tú ubicación”... Estas frases son algunos ejemplos de otras formas violencia contra la mujer. En este caso, ligadas a las nuevas tecnologías y de especial incidencia entre los más jóvenes. Pero hay más, como el acoso callejero, el laboral, la trata o las violaciones. Según la normativa estatal, si no se ejercen en ámbito afectivo no son consideradas como violencia de género y a todos los tipos de agresiones se les suma la dificultad para demostrarlas.

    Amenazas en el ámbito económico

    La violencia económica incluye la privación intencionada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en la pareja. “Puede estar vinculado a los casos en los que las mujeres no pueden llegar a ser independientes, aunque trabajen o hayan trabajado, porque los hombres controlan los recursos de ambos”, explica la profesora especializada en género Belén Zurbano.
    Este tipo de violencia, que se ha visto agravada con la crisis, trasciende al ámbito laboral. Eli García, secretaria regional de la mujer en CC OO, detalla que llevan mucho tiempo atendiendo situaciones de acoso en el trabajo, pero que el paro, la crisis y la persistencia del machismo extienden las conductas discriminatorias.
    García explica que el observatorio de su formación lleva años denunciando discriminación tanto en los criterios de selección, donde se excluyen a mujeres que quieran tener hijos, como en las ofertas, donde se establecen condiciones que fomentan la desigualdad.
    No les llegan denuncias de una práctica que admite como posible y sobre la que considera “interesante” que se piense en generar “mecanismos de alarma” o de “prevención”. Se trata del acoso que se registra durante las entrevistas de trabajo aprovechando la situación de necesidad de la demandante de empleo. Al registrarse cuando aún no hay una relación laboral, entra en una categoría distinta, pero se da. “Es fácil que las personas con perfiles machistas se muestren así en estas situaciones, que no se han identificado como un problema laboral”, advierte.
    Una vez en el trabajo, la situación puede llegar a niveles espeluznantes. En octubre, la Audiencia de Huelva condenó a 58 años y ocho meses de prisión a un exdirector de una aseguradora por acosar, abusar y atentar contra seis de sus empleadas durante años.
    “Hay mucha más violencia además de la física. Ahora hemos perfeccionado lo que miramos. Identificamos más fenómenos que antes estaban normalizados, y algunos de ellos siguen viéndose así. Son otras violencias contra la mujer no consideradas dentro del concepto ni de las leyes de violencia de género”, explica Belén Zurbano, profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla en este ámbito. “Prácticamente los únicos indicadores que hay para medir la violencia son las muertes, las denuncias y la morbilidad hospitalaria, así que hay mucha información de agresiones que se pierde y que no está ni en el paradigma social ni en la ley”, explica Zurbano.
    Las más novedosas de estas formas de acoso o agresión son las vinculadas a las nuevas tecnologías. “La violencia en las redes sociales está presente 24 horas al día y siete días a la semana y su detección es casi imperceptible para los profesores o los padres de los jóvenes”, considera la psicóloga especializada en género Laura Ocaña. "Existen problemas de control, persecución y acoso entre jóvenes a través de las redes que no tienen diferencia con la violencia de género”, añade Encarnación Aguilar, directora general de Violencia de Género de la Junta. Según los datos que manejan, un 7,9% de chicas admite ser víctima de ciberacoso, en cambio, solo un 2,9 de ellos reconoce ser acosador. En este sentido, la investigadora Zurbano advierte que las nuevas tecnologías se han convertido en una “herramienta más de control y dominación en la pareja, generalmente contra las mujeres”.
    Pese a la constancia de la existencia de estas otras formas de violencia, es complicado que se tengan en cuenta desde el punto de vista legislativo. De entrada, la norma estatal solo considera la que se da en el ámbito afectivo, aunque la ley andaluza (2007) es más abierta. Añade la violencia económica a las amenazas, coacciones, privación de libertad y agresiones físicas, sexuales y psicológicas. También amplía la consideración de actores violentos. Además de los cónyuges, excónyuges o personas ligadas por relaciones de afectividad, incluye a los hombres del entorno familiar, social o laboral.

    Las tecnologías se usan como herramientas de control y dominio
    Y si la incorporación de nuevas definiciones de actores y otros tipos de violencia en la norma ya es difícil, también lo es la demostración de los daños psicológicos o del sufrimiento a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, aislamiento, culpabilización o limitación de su libertad. “En este aspecto hay menos índices de estudios y herramientas de detección. Es difícil conocer sus cuadros clínicos y los procesos de traumas. Además, los testimonios de las víctimas suelen ser inconexos o incoherentes, pero no por eso es sintomático de que no haya violencia”, alerta Zurbano.
    Desde Justicia reconocen que la violencia psicológica está muy silenciada, que es la primera en aparecer y que es más difícil de demostrar que la física. “Tenemos una unidad de valoración que analiza las evidencias de la víctima. En lo que va de año se han abierto más de 800 procedimientos por violencia psicológica con órdenes de protección. 600 de los ellos por amenazas”, matiza Aguilar. "En la violencia a través de las nuevas tecnologías, los fiscales de delitos tecnológicos indican que los actos dejan rastro en el teléfono o en el ordenador y pueden ser perseguibles", añade.

    El daño psicológico es el primero que se ejerce, pero apenas se conoce
    Para erradicar cualquier forma de violencia, la solución reside en la educación. El respeto, la libertad, la igualdad y la confianza son cuatro de los pilares sobre los que trabaja Ocaña en sus cursos de formación para jóvenes, para modificar la realidad: el 24% de los jóvenes andaluces considera que el lugar de una mujer está en su casa, con su familia, y el 10% cree que el hombre es el que debe tomar las decisiones.
    “Las relaciones de pareja son para hacernos más felices de lo que podemos ser estando solos. Hay que trabajar en eso, cada uno de los cuatro pilares son básicos para una relación sana”, declara Ocaña. “Parte del problema es que no se nos ha enseñado a querernos ni a desarrollarnos bien, parece que la mujer solo se siente válida cuando alguien la quiere, y parece que el hombre no debe mostrar más sentimientos que los de rabia. Hay que trabajar mucho la autoestima y la inteligencia emocional para saber relacionarnos de forma sana”, propone.
    El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ya ha puesto en marcha una investigación sobre los riesgos y consecuencias de la violencia de género a través de las “tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)”. El trabajo incluirá un protocolo de intervención profesional para actuar en estos casos, una guía de orientación a familias, cursos de formación y asistencia psicológica a jóvenes. Además, ha creado una aplicación llamada Detecta amor, para identificar el machismo y aprender a relacionarse en parejas.

    domingo, 1 de febrero de 2015

    PRENSA. "La dignidad de todas las personas". Tomás S. Vives Antón

       En "El País":

    La dignidad de todas las personas

    El hecho de que incluso la mayoría de la sociedad demande la llamada “prisión permanente revisable” no justifica su aprobación. Tal y como está proyectada, desvela la baja calidad real de la democracia española




  • NICOLÁS AZNÁREZ

    Desde la promulgación del Código Penal de 1995, que algunos llamaron el Código Penal de la democracia, se le han incorporado una serie de reformas variopintas con un denominador común: la constante elevación, directa o indirecta, de las penas privativas de libertad. La culminación de ese proceso es la llamada “prisión permanente revisable”, que el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados describe y justifica en los siguientes términos:
    “La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles, que, además, sean percibidas como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal y secuestro con desaparición, y se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena más ajustada del caso concreto”.
    Como pone de manifiesto ese párrafo, la justificación básica de la introducción de la nueva pena se halla en la demanda social, es decir, en lo que se llama voluntad democrática del pueblo; pero, que una parte importante, probablemente mayoritaria, de la sociedad, demande el endurecimiento de las penas no constituye una justificación democrática. Ese modo de justificar olvida que la democracia no se reduce a la voluntad y los deseos de la mayoría sino que tiene otras exigencias definitorias: es un sistema político de ciudadanos que se reconocen como iguales en dignidad y derechos y que pretenden gobernarse por mayorías que tomen decisiones racionalmente fundadas y respetuosas con la dignidad de todos. Ser antiterrorista o juzgar negativamente los delitos violentos no significa ser demócrata. Eso lo hace espontáneamente casi todo el mundo, es fácil. Sin embargo, ser demócrata es difícil porque comporta un plus:reconocer como personas incluso a los que, a nuestro juicio, hayan causado los más graves daños sociales (y es claro que no cabe exigir ese reconocimiento a las víctimas de delitos de sangre; pero sí a los que dirigen la política criminal). Poner a las víctimas como eje de la política criminal es un error ético, pues o es exigirles una imparcialidad y objetividad imposible para ellas o es plegarse a una idea de la justicia distinta de la que debería imperar en una sociedad racional.
    Esa irracionalidad se pone de manifiesto en la regulación española de las penas privativas de libertad. Hasta ahora, teníamos las tasas de delincuencia más bajas de Europa, con uno de los sistemas penales más duros. Pese a que, en esa situación, la delincuencia no parece crecer, las penas privativas de libertad, sí. Y ese incremento no se justifica en absoluto en aras de una mayor eficacia: si uno examina los sistemas penales de Occidente, comprobará que aquellos que tienen las penas más duras no son, ni con mucho, los que combaten con mayor eficacia la delincuencia. El endurecimiento de las penas más allá de ciertos límites parece, incluso, contraproducente. Si tomáramos como modelo Estados Unidos (que parece ser el que efectivamente tomamos), probablemente tendríamos alrededor de un millón de presos y una delincuencia bastante mayor y peor que la nuestra. ¿Es eso lo que queremos?

    Ni siquiera se ajusta a los requerimientos formales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
    La pena privativa de libertad, que por sí misma es un mal, sólo puede justificarse porque produzca un bien mayor que el mal que causa, pues causar daño al delincuente, sin obtener de ese daño una utilidad manifiesta, no satisface ni la justicia ni el deseo de hacerla: o responde a un deseo de venganza o a un sentido equivocado de lo que la justicia exige. Si el mal causado al delincuente no hace más que sumarse al que el delito produjo no tiene justificación posible.
    Los nuevos “demócratas” olvidan ese pequeño detalle y parten de una concepción “talionar” de la justicia, que se pone de manifiesto en la inversión del sentido del principio de proporcionalidad constitucional: ese principio supone un límite del poder penal del Estado y, de ningún modo, un fundamento que legitime el incremento de las sanciones penales. La ley del talión es irracional, tanto si la igualdad entre el delito y la pena se entiende materialmente (ojo por ojo, diente por diente), pues en ese caso sería inviable si el delincuente fuera ciego o desdentado, como si se la concibe de modo valorativo. Pues el castigo no trata de añadir al mal del delito el de la pena, sino de tutelar los bienes y derechos de los individuos y de la sociedad. Es esa función de tutela, y no la igualdad con el mal del delito, lo que puede justificar la pena; y, en sistema democrático, cualquiera que sea la voluntad de sus miembros, esa tutela ha de llevarse a cabo respetando las exigencias que dimanan de la adopción de un sistema democrático, cuyo fundamento, como acaba de decirse, radica en la igual dignidad de todos. Por eso, una pena que lesione esa dignidad, incluso en el peor de los delincuentes, no puede considerarse un bien en una democracia.
    Cuando se afirma por la Comisión de Justicia que seguimos el modelo imperante en el entorno europeo se oculta que esa semejanza es meramente nominal. Para demostrarlo, basta considerar el caso de Alemania. Introducida allí la cadena perpetua (lebenslange Freiheitsstrafe), se planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alemán que, tras llevar a cabo una profunda reflexión acerca de la misma, concluyó que la cadena perpetua en sí misma podía ser conforme a la Constitución siempre que dejase al penado una posibilidad real de libertad y reinserción. Tras un período de tiempo en que esa posibilidad la garantizaba el Gobierno, a través de la posibilidad de indultar, por ley del 8 de diciembre de 1981 se introdujo en el Código Penal un artículo 57a que establece la revisión periódica por parte de los tribunales, a partir de los 15 años de cumplimiento. Estos habrán de suspender la cadena perpetua siempre que se den determinados requisitos. El resultado de ese sistema es que el tiempo medio de cumplimiento en los delitos más graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que establecen hoy nuestras leyes.

    ¿No será que seguir los dictados de ciudadanos encolerizados resulta más rentable electoralmente?
    A partir de esos datos es precisa una reflexión sobre la necesidad de la prisión permanente revisable pues, tal y como está proyectada, desvela la baja calidad real que cabe atribuir hoy a la democracia española. Ni siquiera se ajusta a los requerimientos formales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 9 de julio de 2013, sino que, sólo aparentemente, cumple la exigencia material de proporcionar al penado una expectativa real de libertad y reinserción. Pues no podemos olvidar nuestra historia: en un país donde la liberación de ciertos penados no se ha producido ni siquiera cuando las penas temporalmente limitadas llegan a su fin (y basta recordar el caso Parot, al que cabría añadir otros), ¿cómo cabe esperar que los delincuentes a los que en el futuro se imponga dicha pena vayan a tener una oportunidad efectiva de recuperar la libertad? Y, si existe un peligro grave de que no la tengan, ¿cómo nos atrevemos a proponer su introducción? ¿Acaso es porque seguir los dictados irreflexivos de ciudadanos encolerizados resulta electoralmente más rentable que defender los derechos básicos, que constituyen los cimientos de la democracia? ¿Nos importan realmente los derechos constitucionales? ¿O invocamos la Constitución realmente sólo cuando nos afecta, mientras que, si pensamos que no nos incumbe, directamente la empleamos a modo de latiguillo retórico en el que no se pone ni fe ni entusiasmo?
    Parece que, al menos, la mayoría de los políticos y juristas y la totalidad de los jueces debieran defender la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas con una decisión y un valor que hasta ahora no han demostrado. Y sería hora de que lo hiciesen para que este país gozase de una democracia de calidad y dejase, de una vez por todas, de ser el burgo sórdido del que hablaba don Antonio Machado.
    Tomás S. Vives Antón es catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

    martes, 25 de noviembre de 2014

    PRENSA. "He sido pegada, pegada, pegada"

       En "El País":

    “He sido pegada, pegada, pegada”

    Nació niña 'dalit' en una familia hindú en India. Como mujer e 'intocable' su destino eran los golpes y los abusos. No pudo evitarlos. Hoy, es defensora de los derechos de las mujeres


    Manjula Pradeep, feminista india, posa en La Casa Encendida (Madrid). / LUIS SEVILLANO
    Nació niña dalit en una familia hindú en India. Como mujer e intocable —grupo llamado así al ser considerados sucios para el contacto físico— estaba destinada a los golpes, los abusos, el analfabetismo y los trabajos más degradantes. Durante años, Manjula Pradeep sufrió algunas de estas discriminaciones. "Fui asaltada cuando era pequeña, era muy temprano en la mañana; también en el autobús cuando iba al colegio. Esa vez conseguí escapar... Me han atacado muchas veces. He sido víctima de agresiones sexuales, incluso en el colegio un profesor abusó de mí. Y mi padre me pegaba", relata con calma en una sala de La Casa Encendida, en Madrid, donde impartió una conferencia sobre violencia de género en su país auspiciada por la Asociación de Mujeres de Guatemala. Choca su puño derecho contra la palma abierta de su izquierda: "Pegada, pegada, pegada".
    "Las mujeres tienen que seguir las tradiciones de su casta y religión". Pero la peor discriminación no es por el estatus social o por las creencias, dice. "Es la de género". Las niñas no reciben la misma comida que los varones, no tienen posibilidad de ir a la escuela, están obligadas a hacer el trabajo de la casa, no se les permite salir del pueblo y tienen restricciones en la vestimenta, explica. "Los pantalones están prohibidos", ríe. Ella, enfundada en unos vaqueros, reconoce que no le gusta el saree que debería llevar. "Son cinco metros de tela que te tienes que enrollar y te limita los movimientos. No puedes correr", explica aumentando el volumen de la risotada. "Yo soy rebelde. Llevo lo que quiero".
    Esa rebeldía de la que hace gala le ha convertido en una líder. "Hay quien dice que soy una mujer líder, otros me llaman dalit líder, otros todo... según los intereses políticos". ¿Qué prefieres? "Simplemente líder", zanja. Lo es porque esquivó su destino, el que en su infancia no pudo evitar, pero, con el tiempo, logró cambiar hasta convertirse en un referente en su país en la defensa de los derechos humanos. "Sé lo que es ser una mujer dalit y la violencia que se sufre. Lo he vivido y lo he visto en mi madre. Pero un día empecé a creer en mí misma. Creo que es una de cosas más importantes de la vida". Esa confianza le dio la energía para iniciar "un viaje muy largo", lleno de momentos amargos, en el que que le han crecido los enemigos. "Por desavenencias, miedo, celos... Cuando destacas, siempre hay alguien que intenta hundirte. Ya sabes". Pero echa la vista atrás y asegura sentirse "muy orgullosa" de su odisea. 
    Su padre, el que la golpeaba de pequeña, tenía un trabajo fijo que le permitió pagarle la escuela y la universidad. "Yo era muy lista", apostilla. Llora al recordar la muerte de su progenitor, figura a la que tiene "mucho que agradecerle". "Era un señor enfadado y conservador, pero me apoyó económicamente para que estudiara. Si no lo hubiera hecho ahora estaría casada, con hijos y cuidando de la casa". Cursó Trabajo Social y en 1992 se incorporó a una asociación defensora de las personas que trabajan en condiciones de esclavitud en su país. Tres años después fundó un sindicato para este colectivo. Entonces empezaron los problemas. "Un día atacaron la oficina y mis padres tenían miedo porque creían que podían tener problemas por mi labor. Mi padre me dijo que o dejaba mi empleo o me iba de casa". Hizo lo segundo. Era el año 2001 y Pradeep se independizó. "Estaba feliz. Podía decidir qué hacer porque nadie me restringía".
    Se licenció también en Derecho, ha sido docente en Women's Global  Institute de EE UU y actualmente es directora de la organización social india Navsarjan Trust. Como tal, y como abogada, su propósito no es otro que defender los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres y, particularmente, los de las dalit. "Y también los míos", subraya.
    Desea, nada menos, que nadie sufra lo que ella ha tenido que vivir. Por ser mujer, intocable e hindú en India. "Es un país increíble", afirma. "Pero tiene que cambiar por sí mismo. Tiene que haber reformas y que se apliquen". Tuerce el gesto mientras explica algunas medidas anunciadas por el presidente Narendra Modi para evitar la violencia de género. "No vale que haya planes sobre el papel y luego no llevarlos a cabo", abunda. En su opinión, es urgente que se proteja a la población femenina. "No deja de caer. Ahora, las mujeres son seres en extinción", lamenta. ¿Cree que, algún día, cambiará algo? "Creo en la humanidad, en la honestidad y la justicia". Y más: cree en sí misma.