Tantas razones como mujeres
Los expertos coinciden en que hay infinidad de motivos para la interrupción de un embarazo. Un 62% abortará aunque su caso no esté amparado por la nueva ley
Simulación de interrupción del embarazo en un quirófano de la Clínica Mediterráneo de Valencia. / MÓNICA TORRES
Las trabajadoras sociales y las profesionales que trabajan en las clínicas que realizan abortos suelen remarcar que hay tantas razones para interrumpir un embarazo como mujeres. También que quienes se encuentran frente a un embarazo no deseado buscarán los medios para abortar. Los datos apuntalan esta teoría, surgida de la experiencia de escuchar cientos de miles de testimonios durante años. Ningún cambio en su situación social, económica o laboral hubiera hecho cambiar de idea al 41% de las mujeres que interrumpieron su embarazo. Y más del 62% afirma que si su caso no estuviera amparado por la nueva ley —que permitirá el aborto solo en casos de violación o riesgo para su salud—, abortaría de todas formas: el 31,94% viajaría al extranjero y el 30,37% trataría de hacerlo en España, de manera clandestina.
Las cifras, que se desprenden del estudio Condiciones que motivan el aborto provocado, realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo a través de entrevistas personales a más de 6.000 mujeres, muestran también que son una minoría, el 30%, quienes optarían por continuar el embarazo debido a las restricciones de la ley. “La gran mayoría de las mujeres que aborta lo hacen porque no desean ser madres”, apunta la presidenta de Acai, Francisca García, directora también de una clínica sevillana. “Es más, la mayoría de quienes decidirían seguir adelante con la gestación si la ley no les permitiera abortar asegura que esto le supondría una angustia grave”, incide García.
Las vivencias y los testimonios de las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir su embarazo desmienten en parte las teorías de quienes aseguran que si la mujer tuviera más apoyos cambiaría de idea. “Esto puede ser así en algunos casos, pero no en la amplísima mayoría. La parte económica y laboral influye, pero las razones son muy personales. Se tratan de embarazos no planificados, no deseados”, comenta tajante Victoria Virtudes, de la Clínica El Bosque.
La trabajadora social Luisa Torres, que ha escuchado miles de casos durante años, es de las que piensan que las razones son demasiado diversas para clasificarlas. Recuerda, por ejemplo, el caso de una mujer de 33 años y madre ya de un hijo, sin problemas económicos, pero sin deseos de ser madre de nuevo. También el de aquella otra de 25, que acababa de comenzar en su primer trabajo y que explicaba que si se hubieran dado otras circunstancias… Dos caras de un prisma complejo. Tampoco hay que olvidar los casos de las mujeres que abortan por razones sanitarias (un 5,7% de las más de 112.000 que interrumpieron su embarazo en 2012, según los datos del Ministerio de Sanidad) o por malformaciones fetales graves o extremadamente graves (un 3%).
Son razones personales. Y la ley ampara que puedan tener esa libertad de decidir hasta la semana 14 de gestación —tras eso se puede abortar por riesgos para la salud o malformación—, sin tener que especificar detalles. Una opción que la reforma de la ley del aborto, impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y aprobada por el Gobierno de Rajoy, eliminará. La nueva ley solo permitirá el aborto en casos de violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer; algo que tendrá que demostrar con el dictamen de dos médicos. La futura ley, que traslada a España a una de las posiciones más restrictivas de Europa, dejaría fuera de los supuestos legales a muchas mujeres. O las obligaría, matizan los expertos, a alegar riesgo psicológico para interrumpir su embarazo. Como se hacía desde 1985 hasta 2010.
“Quienes están seguras de que no quieren ser madres abortarán igual. Cuando en España el aborto estaba prohibido se seguía haciendo, el problema son las condiciones”, apunta Virtudes. Un argumento similar al de la presidenta de Acai, que alerta de que el número de abortos realizados en España disminuirá, pero engañosamente porque no se tendrá en cuenta los que se hacen en el extranjero o los irregulares. “Cuando las mujeres hablan de sus opciones, si en España no pudieran acceder a esta prestación, hablan de viajar a países cercanos, como Francia o Portugal, donde tienen leyes como la que hay ahora en España. Pero no todas se lo pueden permitir”, añade Virtudes.
Antes de que el aborto se despenalizara en España (1985), las mujeres viajaban a Londres. Las clínicas británicas llegaron a contratar personal hispanohablante para atender a las alrededor de 20.000 españolas que, ayudadas muchas veces por organizaciones de mujeres, acudían a interrumpir su embarazo a ese país. En 1974, cuando los anticonceptivos estaban prohibidos en España, la Fiscalía del Tribunal Supremo estimó que pese a que se consideraba un delito en cualquier circunstancia, en España se realizaban unos 300.000 abortos al año —cifra que los más conservadores consideraron disparatada—. Todos clandestinos, por supuesto.
La historia y los datos refuerzan las teorías de los expertos en salud reproductiva que, como Bela Ganatra, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertan desde hace años de que las leyes restrictivas no frenan las interrupciones del embarazo. De hecho, Ganatra estima que cada año se realizan unos 20 millones de abortos por personal no cualificado y en circuitos irregulares. El 97%, como muestra un estudio con cifras de esta organización publicado en la prestigiosa revista The Lancet, en países en desarrollo, donde las leyes o los sistemas sanitarios frenan el acceso a esta prestación. Abortos inseguros y peligrosos, que pueden suponer un problema sanitario importante para las mujeres. En Sudáfrica, por ejemplo, tras liberalizar la prestación las muertes relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo bajaron un 91%.
En los países desarrollados que tienen leyes restrictivas, la regulación tampoco actúa como un elemento disuasorio. En Polonia o Irlanda existe aborto clandestino. También, concreta el ginecólogo austriaco Christian Fiala, experto y promotor de un museo en Viena sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la historia, hay un gran desarrollo del turismo para abortar. Por no hablar, apunta, del aborto farmacológico. Una fórmula utilizada, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica donde las leyes impiden el aborto, lo dificultan o es demasiado costoso. “Si una mujer desea abortar lo hará igual. Antes se hacía con hierbas como ruda, o con útiles domésticos si no había dinero para pagar el billete a Londres, ahora los métodos o los conocimientos son más modernos; pero la esencia es la misma”, dice Virtudes.
La nueva ley
La Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, aprobada en diciembre por el Gobierno y que ahora debe pasar por los trámites parlamentarios, permite el aborto solo en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o problemas de salud (hasta la semana 22).
* Para alegar riesgo para la salud física o psicológica de la mujer, esta deberá contar con el dictamen firmado por dos médicos. Estos tendrán que constatar que existe “menoscabo importante y duradero” para la salud física y psíquica o un peligro importante para su vida.
* La norma da la opción de interrumpir el embarazo sin plazo si se detecta una malformación incompatible con la vida y esta causa un daño psicológico para la mujer. Algo que deberá constatar con dos informes médicos, uno suyo y otro del diagnóstico prenatal.
* La ley, que vuelve a un sistema de supuestos,ha recibido la oposición de numerosas sociedades médicas y científicas.
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