Cientos de niñas y adolescentes indígenas son vendidas en matrimonio en Chiapas cada año. Una dote en metálico de 10.000 pesos (560 euros) más otro pago en especie como azúcar, panes y otros alimentos conforman el paquete básico para que un hombre pueda adquirir una mujer en el sur de México. Después, este puede optar por respetar sus derechos más elementales, empezando por no maltratarla, o esclavizarla sexual y laboralmente con total impunidad, poniéndola al servicio de la familia para que desempeñe las tareas más sacrificadas.
Ninguna de estas chicas ha oído hablar del secuestro de 200 niñas en Nigeria ni sabe del reciente clamor mundial contra la compraventa de mujeres. Tampoco ninguna gran figura de la política o las artes parece haber recaído en ellas. Mucho menos el propio Gobierno mexicano, que con su inacción ampara esta tragedia.
Los Usos y Costumbres es el conjunto de tradiciones bajo el que se rigen las distintas comunidades indígenas. La legislación mexicana otorga valor legal a estas prácticas siempre que no choquen con la Constitución. La compraventa de mujeres es uno de esos usos ancestrales que atenta contra lo más elemental de la Carta Magna, pero a ningún legislador parece importarle.
Así, en los remotos Altos de Chiapas, se perpetúa la venta de personas en pleno siglo XXI y en un país occidental. Niñas de 11 o 12 años son mercadeadas como una posesión familiar, generalmente por madres que en su día fueron también vendidas y que no entienden otro proceder con sus hijas que no sea ese.
Roxana, en prisión hasta que devuelva la dote
“Las familias no consideran que estén vendiendo a sus hijas. Para ellos es una dote, es una manera de retribuir que su hija se casa, lo ven como una costumbre”, indica Alma Padilla, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMC). “En algunos casos la chica ha elegido a su marido, pero en muchos otros casos no es así. Ahí es donde aparece la violencia contra la mujer. Incluso cuando la chica ha escogido a un marido, si este paga la dote y la familia consume parte de ella, ya no hay marcha atrás, pues está muy mal visto que una familia incumpla un compromiso: eso la marcaría a nivel social”, prosigue Padilla.
Una familia de la etnia tzotzil en el pueblo de Oventic, en Chiapas (Reuters).Semanas atrás, el caso de Roxana, una muchacha de 14 años de la etnia tzotzil que fue encarcelada por abandonar a su pareja y negarse a devolver los 15.000 pesos (850 euros) más intereses que este pagó por ella, conmovió al estado de Chiapas. No sólo la Administración le negó amparo, sino que el juez la mandó a la cárcel hasta que devolviera la dote, acusada de incumplir el acuerdo familiar.
Roxana permaneció “entre mierda y basura”, según sus propias palabras, mientras el juez le exigía una multa de 24.700 pesos (1.400 euros) por los gastos de la boda y los intereses generados a la familia de su esposo, con el que apenas aguantó tres meses. De hecho, no es infrecuente ver en las cárceles chiapanecas a mujeres acusadas de infidelidad o que han tenido cualquier tipo de disputa menor con sus maridos.
“En la Justicia prevalece el machismo, y el acceso de las mujeres a ella es muy complicado. Se deslegitima su opinión, su palabra, siempre se tiende a culpabilizarlas por la situación de violencia en la que viven”, lamenta Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal, una asociación que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas en la región.
Gracias a la acción del CDMC y de Melel Xojobal, los jóvenes indígenas de Chiapas empiezan a comprender que la compraventa de personas es un atentado a los derechos humanos. “Cada vez hay más chicas que se rebelan contra el matrimonio forzado. Ahora tiene más información, más influencia, algunas incluso un nivel educativo mayor, y se cuestionan estas formas. También algunas comunidades están cambiando y más padres entienden que sus hijas deben poder elegir con quién casarse”, afirma Padilla.
Sin embargo, se trata de un cambio cultural muy lento que la pasividad del Gobierno no ayuda a erradicar. “Tratamos de reflexionar con los chicos sobre nuevas formas de ser hombre, de relacionarse con las mujeres, y con ellas sobre su derecho a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Pero eso no se cambia con una charla”, advierte Haza.
Mujeres de la etnia tzotzil cosen en el pueblo de Nuevo Yibeljo, en Chiapas (Reuters).“Te tienes que ir con él. Ya me pagó por ti”
Chiapas es uno de los tres estados de México con una mayor tasa de embarazos adolescentes, una cifra que en 2014 ha crecido en proporción respecto a 2010, señal de que la venta en matrimonio de adolescentes está más que arraigada. Apenas hay datos estadísticos sobre el negocio de los matrimonios forzados, sólo la certeza de que miles de niñas de las comunidades tzotziles, choles o tzeltales esperan el día, no muy lejano, en el que su madre les diga: “Te tienes que ir con él porque ya me pagó por ti”. Y no les quedará otra que marchar a sus 12 años con un hombre que le dobla la edad y que le pegará cuando esté borracho, la sumirá en el alcoholismo también a ella y le hará cuatro hijos antes de terminar la adolescencia, que luego tendrá que criar sola.
Así literalmente le ocurrió a Rosa, uno de los interminables rostros anónimos de la tragedia. “Lo que pasa es que a los 12 años nuestra cabeza no piensa en nada porque estamos muy chiquitas y nuestros padres hacen lo que les da la gana sin tomarnos en cuenta. Yo nunca venderé a mis hijas”, denunciaba recientemente esta joven tzotzil en el semanario local Mirada Sur. Como el de Rosa hay cientos de casos similares, algunos incluso mucho más dramáticos.
“No se puede hablar de la venta de niñas como una práctica generalizada”, advierte la directora de Melel Xojobal. “Pero sí es común armar matrimonios entre familias indígenas en los que los cabezas de familia llegan a un acuerdo económico para un matrimonio forzado. No debemos ver esta práctica como algo aislado, sino que toma su raíz en la violencia de género, la consideración de las mujeres como objetos que no tienen opinión sobre su proyecto de vida, sobre si se quieren casar o tener hijos y con quién. Ya desde la niñez hay violencia física y psicológica que prosigue después en el matrimonio. Si esa joven tenía aspiraciones de continuar su educación, pues ya no va a pasar, porque ahora tiene que ocuparse de cumplir el rol tradicional de cuidar la casa, los hermanos y el marido”, continúa.
Haza lanza, por último, un grito de ayuda: “Vemos diariamente cómo estas prácticas están impactando gravemente sobre niñas y jóvenes, destruyendo proyectos de vida. Es urgente que a nivel de Estado se emprendan acciones efectivas sobre la violencia hacia las mujeres”.
Chiapas se encuentra también a la cabeza nacional en feminicidios. Más de 80 mujeres fueron asesinadas en 2013, una cifra que anda por los mismos derroteros en este 2014. Y se trata sólo del número oficial. Varias organizaciones solicitaron meses atrás al Gobierno de México emitir una alerta de género debido al incremento de los asesinatos en la región. Este optó por rechazarla por falta de argumentos.
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