miércoles, 9 de enero de 2013

PRENSA. "Que violar no salga gratis". Reportaje

65 años de independencia no han conseguido la igualdad de las mujeres. / SAURABH DAS (AP) ("El país")

   En "El País":

Que violar no salga gratis

Una nueva generación de mujeres quiere cambiar India

Pakistán, Bangladesh y Nepal se hacen eco de las protestas y comienzan a dar pasos hacia la igualdad

 5 ENE 2013

“Fui ultrajada dos veces. La primera cuando me violaron. La segunda cuando fui a reportarlo a la policía: me trataron como culpable y no hicieron nada por condenar al criminal”. Este es el testimonio de Neha, una de las incontables mujeres de India que han sufrido abusos sexuales que han quedado impunes.
El país asiático está conmocionado por la violación en grupo, el 16 de diciembre, de Amantar, una estudiante de fisioterapia de 23 años, en un autobús en la capital, Nueva Delhi, y su muerte dos semanas después a causa de las heridas. Desde entonces, las protestas —algunas han terminado en enfrentamientos— no han dejado las calles de distintas ciudades indias y los detalles de la historia aparecen cada día en las portadas de todos los diarios. “Sacudió conciencias por su brutalidad. Pero, por desgracia, este no es un caso aislado: las violaciones son muy comunes en India”, explica la socióloga Ranjana Kumari, directora del Centro de Estudios Sociales, y coinciden con ella todas las activistas entrevistadas.
Las violaciones se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años, hasta llegar a 24.206 casos en 2011, según cifras oficiales. Pero este número podría ser muy bajo comparado con los crímenes que en realidad se perpetran. Aunque cada vez más mujeres tienen el valor de denunciar los ataques sexuales, todavía podrían ser una mayoría las que no se atreven a hacerlo por el estigma social que provoca. De las violaciones que sí son denunciadas y llegan a los tribunales, pocas son condenadas. Solo el 26% en el año 2011, según los datos de la Agencia Nacional de Registro de Crímenes. En el caso de Neha, ocurrido en Nueva Delhi hace seis, la policía no presentó la acusación formal “por falta de pruebas”, dice la mujer, de 30 años. En este entorno, el hecho de que ayer cinco de los atacantes de Amantar fueran imputados (el sexto es menor de edad) es un paso hacia un mayor rigor por parte de la justicia.
“Las mujeres en India se sienten inseguras, piensan que no se ha hecho lo suficiente para protegerlas”, dice la directora del sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly. Uno de los principales problemas podría ser la forma de la policía de abordar los crímenes, dicen los expertos. Los manifestantes están enfurecidos con las fuerzas de seguridad: “La policía de India es una vergüenza: permite las violaciones”, rezaba uno de los carteles. Otros muchos iban en esa dirección.
La policía no siempre elabora los informes y a veces no son hechos por falta de personal o de capacidad de investigar bien, dice la directora de Human Rights Watch. Los medios indios contaron a finales de diciembre el caso de una joven de 18 años que se suicidó en el Estado de Punjab porque había sido violada por dos hombres y la policía tardó demasiado en registrar su caso y no detuvo a las culpables. “Han arruinado mi vida”, decía una nota que dejó.
Los policías podrían tener prejuicios contra las mujeres que han sufrido delitos sexuales. “Piensan que las verdaderas víctimas no van a la policía y las que van es solo para extorsionar o tienen una moral laxa”, dice una investigación de este año de la revista Tehelka. Usar ropa ajustada, ir a bares, beber alcohol, o tener novio —que no es decente para los más conservadores, que creen que lo deseable es el matrimonio concertado— son considerados motivos que dan lugar a abusos sexuales para algunos policías en Nueva Delhi, según este informe. 17 de los 30 policías entrevistados mostraron fuertes prejuicios contra las víctimas. Uno de ellos dijo, añadía la publicación, que en los bares de la ciudad hay chicas que beben alcohol y están dispuestas a tener sexo, pero “el día que alguien usa la fuerza, se convierte en una violación”.
Neha (nombre supuesto) piensa que los policías no tomaron en serio su caso porque la consideraron una “mujer indecente” por salir a medianoche de trabajar en un centro telefónico de atención al cliente. “Un policía me dijo que me lo había buscado por andar sola a esa hora”, dice con voz entrecortada. Además, cuenta que la interrogaron de forma degradante y absurda: si era virgen o si había salido con hombres.
La policía niega la falta de sensibilidad: “Las víctimas reciben el mejor apoyo desde que pisan la comisaría”, dice S. N. Shrivastava, el comisionado especial para el entrenamiento de la policía de Nueva Delhi. Cuenta que durante años se ha entrenado en “sensibilización de género” a los oficiales y que, con el reciente caso de violación que ha conmocionado a India, se ha relanzado el programa. El primer grupo de 40 oficiales está recibiendo un curso de investigación de violaciones.


Clase de defensa personal para niñas en una escuela india. / RAFIQ MAQBOOL (AP)
En algunos casos más extremos, la policía también ha estado implicada en ataques sexuales y el Gobierno no ha actuado, denuncia Human Rights Watch. Uno de los casos más sonados fue el de Soni Sori, una maestra tribal que asegura haber sido violada y torturada cuando estaba en custodia en el Estado de Chhattisgarh. En la práctica, la policía y otras fuerzas de seguridad son inmunes, pues para que un fiscal pueda llevar un caso contra servidores públicos tiene que obtener un permiso del Gobierno, asegura la ONG.
Como respuesta a la explosión de ira en el país por la muerte de Amantar, el Gobierno está acelerando la modificación del código penal de 1860, que ya había presentado en diciembre, antes de las manifestaciones por la muerte de la estudiante. Esta modificación podría endurecer los castigos para las violaciones: ahora la pena máxima puede ser cadena perpetua (que en India es en realidad 12 años), pero normalmente se impone un castigo de uno a 10 años de prisión dependiendo la gravedad del caso.
También se ha creado una comisión de jueces retirados para que recojan las recomendaciones de organizaciones, individuos y activistas y que propongan nuevas modificaciones en el próximo mes. Hasta ahora han llegado 17.000 sugerencias, según los medios indios, entre ellas la pena de muerte y la castración química como condena para la violación. Publicar los nombres, fotografías y direcciones de los violadores es otra medida que el Gobierno está considerando.
“Cuelguen a los culpables”, “Esos monstruos no merecen vivir” o “Ellos la mataron, mátenlos” son lemas de algunas de las pancartas que se han visto en las protestas y reflejan el sentir de una buena parte de la población. Incluso en la única vez que el padre de la estudiante muerta ha hecho declaraciones públicas, pidió la ejecución de los responsables: “El país entero demanda que estos monstruos sean ahorcados. Yo estoy a favor”, dijo.

Solo el 26% de las denuncias por agresión en India acaban en condena
Pero también hay otros sectores que se oponen a la pena de muerte. “Es inhumana, violenta e irreversible. Al buscar mejorar los derechos de la mujer, también debemos luchar por los derechos humanos en general y la pena capital va en contra de ellos”, dice la directora de programas y políticas de la ONG Action Aid, Sehjo Singh. El apoyo y protección de las víctimas de los abusos sexuales debe ser también una prioridad, añade Singh. “Cuando las mujeres denuncian, sufren amenazas de los violadores o las familias de estos para que retiren la acusación”, cuenta. A veces también las víctimas son presionadas por sus familiares para que se casen con sus agresores para “recobrar el honor”. Singh apunta que se debe procurar justicia a todas las víctimas por igual, con independencia de su condición social: “Si se es de una clase o casta baja es mucho más probable que los criminales se vayan sin castigo”, asegura.
El pasado jueves, con el inicio del juicio contra los seis presuntos violadores de la estudiante en el autobús en Nueva Delhi, se abrió el primer tribunal rápido para los delitos sexuales, el paso más aplaudido por los activistas.
“Más importante que aumentar las penas, es hacer los procesos judiciales más rápidos. Los juicios tardan años y años y las víctimas se desmoralizan. Además, los violadores pierden el miedo a ser castigados y las nuevas víctimas no ven ningún beneficio en denunciar”, dice la directora del Centro de Estudios Sociales. Hay más de 95.000 casos por violación que están empantanados, recuerda.
“Somos una nueva generación. No vamos a aceptar que nos sigan pisoteando. Tenemos los mismos derechos”, argumenta Amita Shukla, una estudiante de ingeniería que ha asistido a la mayoría de las manifestaciones en el centro de Nueva Delhi. “Hemos logrado títulos y puestos de trabajo, pero seguimos siendo ciudadanas de segunda clase”, decía el cartel que traía su amiga, Rupinder Kaur, que es empleada en un banco.

La tardanza de los procesos desanima a las mujeres que van a la justicia
En India hay una nueva generación de mujeres que trabajan, que quieren encontrar a su propia pareja (y no casarse con el candidato que escojan sus padres) o que quieren vestirse de manera menos tradicional y salir solas a la calle. La escalada de violencia contra las mujeres podría ser en parte una reacción machista contra esta liberación femenina, dicen varias expertas. “Algunos hombres podrían resentirse de que las mujeres tienen cada vez más poder y que son cada vez más independientes”, dice Rekha Bezboruah, directora de Ekrata, una ONG para la igualdad de las mujeres. Justamente, uno de los violadores de Amanat confesó a la policía que lo hizo por “enseñarle una lección”.
“La violencia contra la mujer no se reduce a los ataques sexuales. La vivimos a diario, cuando somos tratadas como objetos, con miradas lascivas, cuando nos tratan como seres inferiores”, expone Geeta Gupta, reportera del diario Indian Express. En la visión de gran parte de la sociedad, las mujeres son responsables de “provocar a los hombres” por ir vestidas “de una forma inapropiada”, no ir acompañadas de un hombre que las proteja o salir de noche, lamenta.
Domina una mentalidad patriarcal en la que se abortan los fetos femeninos porque se prefiere tener hijos. Ellos mantendrán a los padres cuando sean mayores, recibirán dote y no tienen riesgo de manchar el honor de la familia, dicen los analistas. Así, ellos son criados con privilegios y con la mentalidad de que son superiores. Esto abre un resquicio donde caben los malos tratos. En su informe de 2012 sobre adolescentes, Unicef detectó que más de la mitad de los chavales (el 57% de ellos y el 53% de ellas), encuentran justificable que un marido golpee a su esposa.
Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, opina que “este no es un problema solo de las mujeres, sino de toda la sociedad”. La fundación ha trabajado desde hace muchos años para dar poder a las mujeres, dice. Pero tras este crimen tan violento, se pondrá todavía más atención en ellas. Los 2.500 empleados cursarán talleres de género y en todos los sectores de trabajo de la ONG se trabajara contra la desigualdad.

La policía recibe cursos de igualdad, pero los prejuicios continúan
Ferrer dice que la violación y muerte de la estudiante ha “despertado el país para que ya no se toleren estos abusos”. Otras especialistas están de acuerdo: este ha sido un punto de inflexión. La brutal violación ha logrado cosas sin precedentes: la movilización masiva de la sociedad y las autoridades han comenzado a reaccionar para mejorar la seguridad de las mujeres.
“La lucha por la igualdad lleva muchos años. Pero por primera vez muchas mujeres jóvenes están negándose a aceptar los abusos, han dicho que ya han tenido suficiente. Están empezando a respetarse ellas mismas”, dice Singh, de Action Aid. También los hombres han salido a las calles de una manera espontánea. Es importante que, también por primera vez en este tipo de casos, la clase media haya tomado partido porque han dejado de pensar solo en ellos mismos y se han enfrentado a la realidad, apunta. Lo que las activistas se preguntan es cómo aprovechar este momento para seguir despertando conciencias e ir más allá de las ciudades, llegar a las áreas rurales, donde las mujeres se encierran cuando se va el sol.
Por ahora no hay muchas respuestas e incluso hay quienes creen que no habrá un más allá de este estallido de furia. Pero, una clave podría ser “que la sociedad no solo exija a las autoridades, que está muy bien, sino que también empiece a ver qué puede hacer para cambiar esta mentalidad machista; qué puede hacer cada persona dentro de su casa para que este país sea más justo con sus mujeres”, explica Shemeer Padinzjharedil, el editor de la web maps4aid, que recoge los casos de violencia en India.
Por ahora, las protestas han tenido resonancias en los países vecinos de Pakistán, Bangladesh y Nepal. En Pakistán, el 1 de enero la gente salió a las calles de Islamabad para prender velas por la mujer violada en Nueva Delhi, aunque esta manifestación fue muy criticada por ser por una india y no por las víctimas que hay en el país musulmán. El viernes, los medios informaron del caso de una niña de 9 años que fue secuestrada y violada por tres hombres y que se encuentra en estado crítico.
Inspirados en el caso de India, los manifestantes formaron en la capital de Bangladesh una cadena humana para protestar por la violación en grupo de una menor que estuvo secuestrada cuatro días y luego fue abandonada en las vías del tren.
En la capital de Nepal, Katmandú, cientos de personas se han manifestado durante varios días demandando justicia para una mujer de 21 años que fue robada por un oficial de inmigración y violada por un policía en el aeropuerto de la ciudad. Los manifestantes reconocen como una revelación y un ejemplo a seguir la movilización en India. “Hemos visto el poder de las protestas masivas por el caso de violación en Nueva Delhi. Es un movimiento exclusivo de la gente”, dijo al periódico británico The Guardian Anita Thapa, una de las manifestantes.

martes, 8 de enero de 2013

POESÍA. "De la publicidad", de Aurora Luque (Almería, 1962)

Aurora Luque

De la publicidad

Reportaje de moda en Marrakech.
Tres loin de l'innocence este perfume.
Una fotografía retocada
con acuarelas suaves. Si desea
reparamos su piel. Esta revista cuenta
familiares parábolas al fin:
de cómo maquillar los sueños agresivos
o cómo estilizar la derrota y el tedio.
Perfumada de Armani
la nada es altamente soportable.

PRENSA. "Resistentes", Manuel Vicent

Manuel Vicent

   En "El País":

 6 ENE 2013
Ser un resistente, he aquí la última forma romántica de vivir. Año 1942. Estación de ferrocarril en un pueblo de Francia, un individuo en un paso a nivel está apoyado en una bicicleta con un cigarrillo en los labios, pasa el tren con un silbido desolado, el individuo realiza con el brazo una contraseña y poco después en un puente cercano suena la explosión. El convoy ha saltado por los aires. Llevaba armas para el ejército nazi. El individuo monta en la bicicleta y se aleja canturreando la canción de los partisanos Oh, bella, ciao. Misión cumplida. La Resistencia Francesa estaba envuelta en un aura muy literaria. Había una guerra. Había un invasor. Eran tipos duros que se jugaban el pellejo. La literatura con que fueron adornados por la historia se ha extinguido, pero en cualquier tiempo, en cualquier lugar, los resistentes permanecen siempre con la misma actitud heroica frente a cualquier otra invasión que trate de doblegarlos. Aunque nadie los conozca por sus nombres, hay que considerarlos como los nuevos partisanos imbatibles. El invasor está ahora en todas partes; el convoy que lleva armas al enemigo pasa todos los días por delante de nuestra puerta bajo diversas formas: se trata, tal vez, de la crispación agresiva de la derecha cerril o de la izquierda corrupta y sin ideales, del fanatismo religioso que se ha apoderado de la calle, de los vestigios de la caverna y de la España negra, de la basura que emite la televisión, del cacareo gallináceo de algunas tertulias, de los rebuznos digitales que asolan el espacio. En el fondo es un solo enemigo que ataca desde flancos distintos, el mismo que, a veces, se alía con alguna caída personal, con la angustia de vivir sin aceptarse. Existen tipos admirables que no están dispuestos a claudicar frente a la adversidad. Ningún político conseguirá que se traguen una rueda de molino, ningún obispo les obligará a arrodillarse, ningún vendedor de peines intelectual les hará perder el tiempo y si la vida se les tuerce con una mala racha, con la crisis, la depresión y el paro, tratarán de soportar la dificultad sin romperse nunca por dentro. Son los últimos románticos de la resistencia que, desde la clandestinidad, se enfrentan cada día a la miseria moral que intenta anularlos. Oh, bella, ciao.

PRENSA. Viñeta de Forges

   En "El País" (7 enero 2013):

PRENSA. "Los gigantes de la sanidad privada". Reportaje

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, inauguró el hospital de Torrejón en 2011. / GORKA LEJARCEGI ("El país")

   En "El País":

Los gigantes de la sanidad privada

Dos grandes grupos, Capio y Ribera Salud, se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario en España

 /  6 ENE 2013 

El grupo Capio Sanidad facturó en 2011 algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones, lo que le convierte en el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España. Un gestor cuyo margen de beneficio operativo suele andar entre el 15% y el 20%. Ribera Salud, por su parte, facturó el mismo año 385 millones. Todos los ingresos proceden de contratos con las comunidades de Madrid y Valencia, donde, de momento, concentra su negocio.
 Por su experiencia, estas dos empresas son las mejor situadas para competir por las nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de servicios sanitarios públicos. Castilla-La Mancha y Madrid tienen la intención de sacar a concurso en breve cuatro y seis hospitales, respectivamente. Asimismo, la ola privatizadora está llamando a la puerta de otras regiones.
Pero hay más compañías que observan como una oportunidad los pasos que se están dando hacia la privatización. Como Sanitas, que participa en dos hospitales de gestión privada, uno en Manises (Valencia) y otro en Torrejón de Ardoz (Madrid). También de Hospitales de Madrid (HM), que ha manifestado su interés ante la salida al mercado de estas nuevas concesiones. O de USP-Quirón, otro gigante de la sanidad privada tras su reciente fusión y que en 2012 facturó en conjunto unos 650 millones (son datos provisionales). Una operación que refleja los movimientos de un sector que toma posiciones para situarse de cara al nuevo escenario de la sanidad público-privada.

Capio, que gestiona ya dos hospitales públicos, es propiedad de CVC, un potente fondo extranjero de capital riesgo
El germen de Capio, la referencia en el negocio de colaboración con la sanidad pública, es diminuto. Se encuentra a mediados de los noventa en Castilla-La Mancha. En una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas. Ninguno de ellos continúa hoy en el accionariado del grupo; pero aquella clínica nació ya con vocación de cubrir “una ineficiencia del sistema público”, según una de las personas que participó en esos orígenes y prefiere guardar el anonimato. “Se pensó que había un hueco: las listas de espera”. Nada demasiado diferente de lo que ocurre hoy. A ese equipo médico se le unió pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista. Un experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo y que acababa de ser destituido, por orden de Alberto Núñez Feijóo, de su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde fue subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González. Enseguida comenzaron a operar a un millar de pacientes de listas de espera en el centro de Albacete. En 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores. Decidieron sacar la cabeza al mercado. Buscar comprador. Y empezaron a hablar entre los socios de la creación de “un gran grupo sanitario”.
Para ayudar en este proceso, contactaron con Víctor Madera, un médico asturiano treintañero que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que estaba especializado en medicina deportiva. Formado en Estados Unidos, fue alumno de la primera promoción del master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), una institución pública cuyo origen se remonta a principios del siglo XX. Entre sus mentores se encuentran Fernando Lamata, exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha y profesor en el master de la ENS en 1989, a quien considera “casi como un padre”. Fue él quien le habló de un puesto en la Cruz Roja.


Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud. / CARLOS ROSILLO
Hoy, con 51 años, Víctor Madera es el presidente del grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía. Desde su llegada, han transcurrido 14 años y cinco propietarios. Su figura convenció al fondo de capital riesgo CVC, pilotado por el financiero Javier de Jaime. Fue la inversión inicial de una de las primeras firmas de private equity extranjera instalada en España. Aunque no fueron los únicos que soñaron con construir un gran grupo privado de sanidad con posibilidad de crecer en un sector atomizado — “sin consolidar”, en la jerga financiera—, plagado de pequeñas clínicas familiares. En palabras de Gabriel Masfurroll, fundador de la cadena de hospitales privados USP: “Capio nace copiando nuestro modelo, solo que nueve meses después”. A la nueva empresa la llamaron Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC.
La sede española de CVC, uno de los fondos más potentes del mundo, propietaria de los derechos de Capio, se encuentra en una primera planta luminosa que vierte sobre la llamada Milla de Oro de Madrid. La mayoría de compañías de capital riesgo se apelotonan, como esta, en torno a los mejores números de la calle de Serrano. Y la mayoría han estudiado el sector, con especial interés desde 2010. Como se puede leer en un informe interno elaborado ese año por una competidora de CVC, entre los puntos fuertes del sector sanitario privado se encuentran “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. Los recortes. El Plan de Estabilidad remitido a la UE en abril pasado establece una reducción del gasto sanitario público de 7.200 millones de euros entre 2012 y 2013. “Las empresas privadas saben que va a seguir creciendo el gasto total en sanidad. Y ven que el músculo financiero del Estado no es suficiente. Si se hunde el sector público, hay una oportunidad de negocio”, según un profesor de Universidad de Economía de la Salud y asesor en materia sanitaria. El banquete ya ha comenzado a convocar a comensales en Castilla-La Mancha, donde se adjudicarán presumiblemente en 2013 la gestión de cuatro hospitales públicos a empresas privadas, y en Madrid, donde se privatizará la gestión de otros seis hospitales y 27 centros de salud.

Si se hunde el sector público, hay oportunidad de negocio”,
admite un profesor universitario y asesor sanitario
De entre las paredes inmensas, blancas y sobriamente decoradas de la sede de CVC surge su director gerente, Javier de Jaime, ya sin chaqueta y corbata a media tarde. Habla en susurros. Con tono de confidencia. A los ocho años, este fondo británico vendió IDC por 330 millones a Capio, empresa cotizada de origen sueco. Una operación “aceptable, no más”, en palabras de De Jaime. En ese tiempo, la compañía española había dado dos golpes en la mesa que habían logrado colocarla en el mapa sanitario: la adjudicación en 2001 del Hospital General de Cataluña, que arrastraba una deuda millonaria; y la entrada el año siguiente en la Fundación Jiménez Díaz, prácticamente en quiebra. Se la quedaron a cambio de asumir la deuda. Hoy es su mayor fuente de ingresos, con un acuerdo con la Comunidad de Madrid para atender a una población superior a las 400.000 personas; un hospital al que derivan un tercio de los pacientes que no pueden atender en el resto de concesiones del Servicio Madrileño de Salud, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Cuando se produjo la venta a Capio, la empresa ya empezaba a postularse para la concesión de este último hospital, primer ejemplo de prestación público-privada en Madrid. Desde entonces, ha ganado tres de los cuatro concursos abiertos para gestionar hospitales públicos en esta comunidad. Al cuarto no se presentó.


Víctor Madera, presidente de Capio Sanidad. / CRISTÓBAL MANUEL
En 2006, dos nuevos fondos de capital riesgo, Apax y Nordic Capital, compraron Capio en la Bolsa de Estocolmo. “Entraron en un momento muy bonito, cuando las estructuras financieras permitían pagar un precio muy alto”, según De Jaime. “Pero al final se demostró que no había tantas sinergias entre países como se pensaba. La filial española decidió romper el nexo, aunque no del todo, con los de arriba”. En 2010, cuando se empezó a saber en el sector financiero que la filial española de Capio quería escindirse de su matriz sueca, llamaron a la puerta “por lo menos cuatro fondos” de capital riesgo, según un consejero de la compañía. CVC volvió a entrar en Capio, en una operación valorada en 900 millones, quedándose con el 60% de la compañía (el otro 40% pertenece a Víctor Madera y el resto del equipo directivo, según CVC).
La venta se produjo a principios de 2011. Más o menos al mismo tiempo que otro fondo de private equityextranjero, Doughty Hanson, comenzaba a estudiar seriamente la compra de USP, una compañía sin timonel desde que otro fondo de inversión, Cinven, huyera y la dejara en manos de sus acreedores, Royal Bank of Scotland y Barclays. Doughty Hanson la compró en febrero de 2012 por 355 millones. Pocos meses después, el grupo USP se fusionaba con Quirón, propiedad de la familia del desaparecido Publio Cordón (empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado), formando así la mayor empresa de salud privada de España.
En otro despacho de la calle de Serrano, este con vistas a la plaza de Colón, habla Francisco Gutiérrez Churtichaga, director de Doughty Hanson. “Nuestro negocio es el de la gente que paga una póliza”, dice. El sector privado puro. Pero “evidentemente”, añade, mirarán las nuevas concesiones para gestionar hospitales públicos “con muchas ganas”. Un portavoz de Quirón, el otro socio, insiste en esta idea: “Estamos inicialmente dispuestos a evaluar cualquier propuesta que se haga en este sentido”.
Poco a poco, han ido colocándose nuevos competidores: ahí está el grupo Vithas, de recentísima creación. O Sanitas, sacando pecho después de la compra a Ribera Salud de su participación en el Hospital de Manises (Valencia) y en el de Torrejón (Madrid). Propiedad del grupo British United Provident Association (BUPA), una multinacional británica de sanidad, Sanitas facturó en España el año pasado 1.515 millones, en su mayoría (1.114) vinculados al negocio de seguros sanitarios, según recoge su informe de cuentas. Sanidad privada estricta.

Sanitas compró a Ribera Salud su participación
en los centros públicos de Manises (Valencia) y Torrejón (Madrid)
En 2011, la facturación ligada a la gestión privada de centros públicos (a través del 60% que poseía del hospital de Manises) supuso un 5% de las cifras globales. Tras la apuesta de la compañía de consolidar posiciones en el segmento de la gestión privada de servicios, las cuentas de este año reflejarán mayor peso de la facturación ligada al sector público-privado. Unos números que podrían crecer los próximos años.
El caso del grupo Ribera Salud es otro: siempre ha estado ligado a la sanidad pública. Nació en 1997, casi de casualidad. La Generalitat lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira. Han pasado 16 años y la compañía (ahora participada al 50% por Bankia y Banco Sabadell), se ha consolidado como el primer operador de hospitales públicos por concesión.
Como hiciera con otras iniciativas (el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm o los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante) el Gobierno de Eduardo Zaplana, que accedió al Palau de la Generalitat en 1995, echó mano de las cajas de ahorros para impulsar sus planes. Y una de las medidas en las que el Ejecutivo puso un empeño especial fue la puesta en marcha en 1999 del primer hospital público gestionado de forma privada con una concesión administrativa, el que se conocería como modelo Alzira. De forma parecida a las autopistas, donde se permite a una empresa el cobro del peaje a cambio de construir la infraestructura, el Consell recurrió a la fórmula de otorgar a una unión de empresas la construcción y explotación de un hospital a cambio de una cantidad (ahora 639 euros por la atención sanitaria integral) por cada uno de los 250.000 habitantes de la comarca de La Ribera y potenciales usuarios. Era la primera vez que algo así se hacía en España.

El hospital de Aliza cobra 639 euros a la Generalitat valenciana por cada uno de sus posibles pacientes
La gestión recayó en Ribera Salud UTE, una compañía creada para la ocasión. La única candidata que se presentó al concurso. El accionista mayoritario (51%) y responsable de aportar el conocimiento sanitario fue Adeslas. Las constructoras Lubasa (2%) y Dragados (2%) se ocuparon de las obras. Pero hacía falta músculo financiero. De ello se encargaron Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Carlet, con un 15% de las acciones cada una. Caixa Carlet quebró en 2001 y las otras dos entidades acabaron por repartirse el 45% del paquete de las cajas. Este fue el origen de Ribera Salud Grupo (no confundir con Ribera Salud UTE, concesionaria de Alzira, de la que forma parte).
Con este modelo, las desaparecidas Bancaja (ahora Bankia) y CAM (adquirida por el Sabadell), unidas al 50% bajo la marca Ribera Salud Grupo, han participado, con distintos compañeros de viaje, en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat. En Torrevieja (inaugurado en 2006), Ribera Salud está presente en la empresa que gestiona la asistencia sanitaria con un 65% de las acciones, junto a Asisa (35%). En Dénia (2009) participa, con un 35%, con DKV (65%). En Elche, abierto en 2010, Ribera Salud cuenta con un peso del 60% y está presente también con Asisa (40%). La compañía también participaba en Manises (2009), el quinto departamento de salud gestionado de forma privada en la Comunidad Valenciana. Pero hace un mes vendió sus acciones (el 40%) a Sanitas, que actualmente posee el control accionarial total.
Esta expansión vino acompañada por un cambio estratégico. Ribera Salud dejó de ser una simple comparsa financiera. Ya no sería solo una herramienta al servicio de la Administración. Se transformó en un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública. El cambio de rumbo tuvo lugar en 2007 y está ligado a la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira. De Rosa es una persona con experiencia en la gestión sanitaria, buen conocedor del sector y con estrechos lazos con el PP. Su hermano, Fernando de Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps antes de acceder a la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa, designado por el PP.

El PP concibió Ribera Salud para dar respaldo financiero al proyecto de gestión privada de los centros públicos
Es en la etapa en la que Alberto de Rosa se pone al frente de Ribera Salud cuando la compañía amplía sus horizontes. Lo hace a la sombra de dos autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y la madrileña, con el respaldo de las cajas y el visto bueno de la Generalitat. Las entidades financieras consideraron que era una buena idea explorar el mercado relacionado con la gestión de parcelas de la sanidad pública. Era una forma de diversificar riesgos y buscar vías de escape ante la excesiva dependencia que las entidades de ahorro valencianas concentraban en el ladrillo.
La compañía ya no tenía problema en entrar en la gestión de departamentos de salud como socio mayoritario, relegando a las aseguradoras sanitarias a un segundo plano. Además, dejó de limitarse al negocio de los hospitales. Entró en la gestión del diagnóstico por resonancia magnética en la red sanitaria pública valenciana. También creció en Madrid. Primero asumiendo los análisis clínicos de seis hospitales públicos y sus áreas de influencia. Más adelante, con la gestión del hospital de Torrejón, de donde acaba de salir al vender a Sanitas su parte.
Eran los tiempos en los que Ribera Salud miraba abiertamente hacia Brasil o Portugal para ampliar su negocio, sin dejar de lado España. Pero llegó la crisis. Y el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a las cajas que apostaron de forma más irresponsable por el sector de la construcción, entre las que estaban Bancaja y la CAM.
Bancaja se unió a Caja Madrid y otras cinco entidades para crear Bankia. La CAM fue intervenida por el Banco de España. Las dificultades financieras por las que atravesaban ambas aconsejaron desinvertir en Ribera Salud, que salió a la venta en 2011. Y la empresa que más interés mostró por hacerse con Ribera Salud fue su principal competidora: Capio. Su compra hubiera dado como resultado un escenario inédito. De la situación cercana al oligopolio, en la que Capio y Ribera Salud prácticamente se reparten el mercado actual de gestión privada de hospitales y departamentos de salud públicos, se hubiera pasado a otra casi monopolística. Ello hubiera podido derivar en uno de los peligros que entraña este modelo de gestión, que recientemente recordó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Un exceso de concentración otorga un fuerte poder de negociación. Hasta el punto de llegar al fenómeno de captura del regulador, que sucede cuando la influencia de las empresas es tal que es capaz de someter a la Administración y anular su papel supervisor.

El presidente de Capio se define como progresista y defensor de lo público, pero “generando beneficios para el accionista”
Si la fusión se hubiera formalizado, los nueve hospitales públicos (cinco valencianos y cuatro madrileños) de gestión privada integral habrían pasado a estar total o parcialmente controlados por Capio. O lo que es lo mismo, por su propietario, el fondo de capital británico CVC. En la Comunidad Valenciana, dado que las concesiones no se limitan a la gestión de un hospital, sino a la asistencia sanitaria integral de los habitantes adscritos al centro hospitalario, el resultado hubiera sido que el 20% de los valencianos (un millón), cuya atención sanitaria pública está totalmente privatizada, hubiera dependido de una empresa participada por el fondo británico de capital riesgo.
Capio y Ribera Salud mantuvieron un largo tira y afloja sobre el precio de venta. Finalmente, no hubo acuerdo, aunque sí un vuelco en el panorama accionarial de la compañía valenciana. La CAM fue adjudicada al Banco Sabadell, que decidió que no quería desprenderse de este activo. Poco después de tomar el control de la antigua caja alicantina, mostró interés por su 50% de Ribera Salud e incluso no descarta la compra de la mitad en manos de Bankia. “El principal valor de Ribera Salud es que es el único grupo que se dedica al modelo público-privado en sanidad de forma exclusiva, y esto da garantías, ya que no se producen interferencias entre intereses privados y públicos que pueden romper la equidad del modelo, como puede ocurrir con otras compañías”, explica Alberto de Rosa, gerente de la empresa. “Hemos nacido y crecido a la vez que un modelo sanitario que ha marcado un precedente en la gestión sanitaria”, añade en referencia al modelo Alzira. Además de estar atentos a los movimientos que se están produciendo en España, De Rosa apunta que el reto de Ribera Salud consiste en ver su modelo “en proyectos internacionales, por lo que vamos a planificar ordenadamente nuestra presencia fuera de España”.
Pese a los pasos dados por Ribera Salud, la mayoría de expertos consultados ven a Capio como el grupo más potente. Por tamaño, por experiencia, porque cuenta con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras; y Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre de confianza de José Manuel Lara, presidente de Planeta. La empresa nació con vocación de hacer beneficio vía conciertos, aminorando las listas de espera. Y en palabras de Javier de Jaime: “Lo que Madera quería, su visión del negocio, es más o menos lo que hoy es Capio”.

"Estos fondos son lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después”, señala un catedrático de Economía
Es difícil desentrañar esta visión. Según uno de los asesores de la compañía, Madera es “un defensor a muerte del sistema público. De ideología progresista. Siempre dice que no le interesa el sector privado. Defiende lo público; pero generando beneficios razonables al accionista”. El exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, hoy retirado de la política y reincorporado en su plaza de funcionario, le añade matices: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.
Madera no suele aparecer en los medios. Es un tipo de rostro ancho y pómulos elevados, que rememora los grandes hitos de la compañía que dirige en función del nacimiento de sus hijos. Hace tres semanas, con la marea blanca en su apogeo por las calles de Madrid, se colocó al teléfono desde el extranjero. Y dijo: “No puedo renegar de mis orígenes. Soy un defensor de la sanidad pública. En todo menos en la provisión. Porque es más eficiente la privada. El modelo capitativo [como el de la concesión que la compañía tiene para gestionar tres hospitales en Madrid] es un modelo inteligente. Los resultados de calidad son iguales o mejores que en la gestión pública directa”.
Un exdirectivo de Capio explica un poco más en qué consiste este tipo de acuerdos, patentado en Alzira y trasladado a Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre: “La ventaja para la Administración es que paga una cantidad fija [una suma por cabeza, la cápita, al gestor privado]. Que la empresa gane dinero depende de cómo manejes a los enfermos”. También del precio por habitante pagado. Y añade: “El sector privado tiene una ventaja enorme, el sistema público no tiene herramientas de prima, incentivo y castigo al empleado. Eso es fundamental en una empresa donde la gente se gana la vida. La productividad es más alta, de un 20% o 30%. El absentismo es más bajo, sin comparación. Puedes contratar a los mejores médicos, pagarles 300.000 o 400.000 euros. Y echar a un empleado si no trabaja. Existe un recorrido profesional. Instrumentos que no tiene el sector público”. Un poco después abunda en las similitudes de un hospital con el negocio de la hostelería. “Si de verdad quieres recortar, empiezas por los servicios hosteleros, no por los servicios médicos. Siguiendo el modelo de Ikea o Ryanair y otras empresas del low cost. Igual la comida la tienes que pagar. Y la tele. Esto del análisis del valor cada vez va a ir a más”.

Igual la comida y la tele las tienes que pagar. El análisis del valor cada vez va a más”, sostiene un exdirectivo de Capio
“¿La rentabilidad para estas empresas de dónde puede venir? De que se vaya a este modelo de bajo coste”, avanza un catedrático de Economía y experto en sanidad pública cuyos consejos suelen escucharse en las altas instancias económicas de España. “Es algo que las compañías sanitarias ya hablan abiertamente. Lo que en el Reino Unido se llama topping up. Un poco como ocurre con el cine: el verdadero negocio no está en la entrada, sino en las palomitas. Al gobernante eso le permite reducir el gasto. Entrega la gestión por una tarifa plana. Le va fenomenal. Y el que quiera, que se rasque el bolsillo. Cuanto más bajo es el low cost, más se puede añadir”. Por ejemplo, un tratamiento que queda fuera de los mínimos cubiertos por la sanidad pública; ese dinero no iría a la Administración, como ocurriría con el copago o una tasa. Se le escapa al Estado al igual que los beneficios de estas empresas tampoco revierten sobre los contribuyentes de forma directa. En todo caso, como argumentan desde CVC, favorece al ciudadano “por el ahorro en la gestión que le supone”.
Capio reinvierte la mayor parte de su beneficio bruto en el crecimiento de la compañía; más de 225 millones de euros en 2011, según datos de CVC. Así, el margen de beneficio neto de la empresa no alcanzó ese año el 2%. Igualmente, es discutible si esa reinversión beneficia realmente al contribuyente o al inversor del fondo de capital riesgo. El objetivo de un private equity es la plusvalía en la venta final; no paga dividendos anuales a sus inversores anónimos. Compra y vende en un horizonte de unos cinco años de media. El catedrático ve riesgos en ello: “Estos fondos son la antítesis de lo que tiene que ser la gestión sanitaria. Es lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después. No sabes quién está detrás. Se apropian del excedente. Luego revenden y pueden dejarte la concesión patas arriba. Es lo que ha pasado en Valencia”.
No es el único con esta tesis. Lamata contaba este verano en una conferencia: “El sector sanitario puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Esto ocurre en cualquier sector de la economía, pero en el sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear, pero que es fácil destruir”. Aquel pupilo suyo del curso de 1989, Víctor Madera, prefiere decir que él está “en esto para desarrollar un proyecto de vida”. El financiero Javier de Jaime añade: “¿Será buen negocio? Lo veremos. Desde luego, no es obvio”.

lunes, 7 de enero de 2013

POESÍA. "El último titán", de Aurora Luque (Almería, 1962)

Aurora Luque

El último titán

Un titán ya cansado, mas hermoso:
esa naturaleza titánica y adusta
que sólo sobrevive en el lenguaje.
Pero nunca en su vida cotidiana:
unas frases copulan, otras se subordinan
y a veces se marchita un sustantivo
como un rostro recién amado y frágil.
Diré que he preferido
la función de adversarias de ciertas conjunciones
y de ciertas elípticas maneras de no estar.
Quién pudiera heredar una lengua de nuevo
tan clara como el brillo directo de una luna,
como un brillo que dance y que penetre.

PRENSA. Sobre la enseñanza en España. Reportaje

Visita escolar a un museo arqueológico. / SALVADOR BARKI (GETTY) ("El país")
   En "El País":

Más competitivos, menos humanistas

Los planes de estudios tienden cada vez más hacia lo práctico y relegan otras materias clásicas

Los especialistas defienden su trascendencia para formar conciencias críticas y reflexivas

 28 DIC 2012

En lo más íntimo, cada español debe esconder un reformador de la enseñanza. Eso explicaría por qué cuando un español es nombrado ministro de Educación, va y la reforma. Desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, se han aprobado seis leyes orgánicas. Alguna nació y murió sin rozar siquiera la vida de los escolares (la de 2002). Otras duraron un lustro, tiempo para acompañar escasamente a una promoción.
También el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert tiene su idea para la escuela. De lo diseñado se confirma un rumbo que sí han compartido los sucesivos Gobiernos, junto a la hiperactividad legisladora (reveladora de que la educación nunca ha sido política de Estado): el refuerzo de una visión pragmática de la enseñanza, de su aproximación a las exigencias del mundo real, de encauzar cuanto antes a los alumnos hacia aquello que les facilitará el acceso a un empleo. Y el griego, por más que le espante al reciente premio Nacional de las Letras, el helenista Francisco Rodríguez-Adrados (“si no se tiene esa base se desdeña uno de los aspectos esenciales y ejemplares para aprender a razonar”), no se ve como una catapulta hacia el futuro.
Quienes defienden las humanidades suelen mirar al espíritu. Quienes propugnan pegarse a lo práctico miran al mercado de trabajo. Un bipartidismo casi perfecto. “Lo que nos estamos jugando no es un problema de que salgan más o menos eruditos, sino que salgan personas más libres”, advierte Víctor García de la Concha, actual director del Instituto Cervantes y antes de la Real Academia Española. “Se ha pensado que lo más útil es lo inmediatamente práctico, y no se consideran las ciencias del espíritu que es lo que configura al hombre”, agrega.

La reforma de Wert prima la lengua, las matemáticas y el inglés
“Sin entender modelos matemáticos sencillos, lo que estos pueden predecir y lo que no, los supuestos que requieren, la confianza que merecen, es prácticamente imposible participar activamente en campos aparentemente tan poco matemáticos como la biología, la economía, las finanzas, la contabilidad, la sociología, la ciencia climática, la ciencia política, la medicina o el marketing”, defendía con vehemencia en un artículo publicado en este periódico Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics.
A grandes rasgos, la reforma de Wert contentará más a Garicano que a García de la Concha. El tronco sobre el que pivotará la enseñanza serán las matemáticas, la lengua y el inglés. Se revalorizan los idiomas (novedoso campo de las humanidades muy apreciado por el mercado) y se minimizan las clásicas, que cotizan cada vez más a la baja. Saber latín no es un pilar elemental de la formación. No digamos griego. En el anteproyecto, el latín aparece por vez primera en el currículo en 4º de la ESO, pero será solo opcional para aquellos alumnos que elijan el bloque de enseñanzas académicas para el Bachillerato. Filosofía, otra clásica de las Humanidades, será también una asignatura específica a elegir.
En el Bachillerato, Filosofía (1º) e Historia de España (2º) son troncales, y el latín se limita a los estudiantes de Humanidades. El griego es optativo en dos ramas. Junto a otros barridos, Wert también ha suprimido la Economía —lo que podría hacer pensar que corre contra los tiempos—, pero la ha sustituido con una materia de título pragmático: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

García de la Concha: “Nos jugamos que salgan personas más o menos libres”
Para Charo Macías, profesora de Inglés en secundaria desde hace 28 años, el viento de los tiempos sopla a su favor: el inglés es capital, aunque su enseñanza siga dando pie a extrañas contradicciones, como el hecho de que la evaluación en Selectividad se limite a una prueba escrita y no se contemple un examen oral. A pesar de dedicarse a una materia en alza, Macías, acaso porque su formación original fue la Historia, lamenta el arrinconamiento de las Humanidades. “En estos años han sufrido una devaluación, vaivenes continuos y poca reflexión. Es una devaluación que cala en el alumnado, que siente cierta presión para estudiar contenidos que los padres y la sociedad consideran útiles. Ha calado tan hondo que se preguntan para qué sirve estudiar Literatura o Filosofía y las Humanidades van contra el pragmatismo de la enseñanza”, reflexiona. Considera que por el camino de las reformas educativas se ha caído algo sustancial: “El objetivo de contribuir a la formación integral de la persona”. “Falta una conciencia del individuo sobre sí mismo, se pierde la capacidad de reflexión y de crítica”, añade.
En las aulas está ganando la batalla el partido de lo útil, aunque no se trata de un endemismo español. En opinión de Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, “el mundo humanístico está devaluado a escala universal, no solo es un problema de España”. Y añade con rotundidad: “Para nosotros el alumno ideal es el latinoamericano, que está enormemente interesado por la Historia, ávido por saber. El nuestro es apático, más maleado por la influencia del entorno y nuestro mundo de fantasmas políticos”.
Ha de concederse a quienes legislan que el problema reside en priorizar. La entrada de nuevos conocimientos implica el arrinconamiento de otros. La jornada escolar es finita, aunque a veces la sociedad no parezca darse cuenta. “En cuanto surge un problema social, ya sea vial o sexual, se empieza a decir que hay que enseñarlo en el colegio. Eso me horroriza, porque no todo tiene que estar ahí”, advierte Charo Macías.

Los defensores de las humanidades miran al espíritu. Los que propugnan lo práctico, al mercado de trabajo
Contra la sobrecarga lectiva se pronuncia también Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Carlos III: “Comparados con otros países, nuestros chicos dan ahora más horas de clase que la media de los países de la OCDE, pero dan menos horas de Lengua y Matemáticas. Yo me centraría en estas asignaturas instrumentales en exclusiva. Eso es lo que hay que proteger. En el resto tener unos mínimos y a partir de ahí permitir que los estudiantes se construyan un currículum más flexible”.
Cabrales, además, no se arredra a la hora de denunciar presiones interesadas para mantener unas materias determinadas por los colectivos de profesionales que las imparten. Ya sean latinistas, historiadores o economistas. “Cada pequeño grupúsculo considera que su materia es más importante que las demás. En estas críticas influyen quienes defienden intereses particulares, pero el Gobierno tiene que defender el interés general”, subraya.
Sin embargo, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, disiente, aunque concede que las protestas pueden parecer corporativas —en su gremio se movilizaron cuando trascendió que la primera intentona de Wert era convertir la Historia Contemporánea en una asignatura optativa para determinados bachilleratos—. “La historia es una poderosa herramienta de búsqueda e interpretación, sobre las causas de los hechos, pero también sobre el cambio y la continuidad. La historia no trata sobre el pasado muerto, sino que es una disciplina dinámica, que plantea constantemente nuevas preguntas y que resulta muy molesta a quienes quieren simplificar las cosas y no les gusta explorar en profundidad la condición humana”, señala. Y añade: “Uno puede conmemorar el bicentenario de la guerra de la independencia, pero si es sobre la dictadura de Franco, entonces sale a la luz el famoso argumento de que es mejor no remover el pasado. La historia reciente, no la actual, es incómoda. En realidad, cuando se aplican los instrumentos críticos, como decía Edward H. Carr, toda historia es historia contemporánea. Por eso es mejor relegar la historia obligatoria a las instituciones medievales o a la España de Viriato”.
Más allá del informe PISA, que constata un nivel insuficiente en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica entre los escolares españoles, ¿hay evidencias de la influencia de las asignaturas?

Ricardo García Cárcel cree que hay un deterioro del conocimiento histórico
No, según el economista Antonio Cabrales. Cuando los profesores de Economía alentaron la protesta por la supresión de su asignatura del Bachillerato —reconvertida en algo de título imposible, la ya citada Iniciación a la Actividad...—, el catedrático de la Carlos III decidió hacer unas pesquisas. “Me puse a buscar la evidencia del impacto de las asignaturas. Se dice que es un desastre que quiten esto o aquello, pero no sabemos si es más importante tener latín, historia o física. No hay evidencias. Nadie se ha preocupado hasta ahora de evaluar la importancia de las materias”, explica.
De lo que sí tiene evidencias Ricardo García Cárcel, tras cuatro décadas de enseñanza de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, es del deterioro del conocimiento histórico con el que llegan sus nuevos alumnos. Da un ejemplo ilustrativo: “Tienen dificultades para ubicar cronológicamente a Felipe II”. Su pesimista diagnóstico se debe sobre todo a la situación de su especialidad en los programas educativos. “Tenemos algunos alumnos muy politizados, impregnados de discursos nacionalistas. En mi ámbito veo que no solo ignoran la historia de España, sino también la historia de Cataluña. La reducen a símbolos, a una historia de buenos y malos. Conocen por ejemplo la figura de Companys en su aspecto simbólico de mártir, pero apenas saben la historia de la Segunda República o la Guerra Civil”, plantea.
Víctor García de la Concha recurre a algo tan poco científico como un poeta, Pedro Salinas, para apoyar una de sus impresiones, que tampoco es literatura de la evidencia, pero sí fineza de oído: “Muchos muchachos apenas articulan una frase, eso significa un empobrecimiento del ciudadano y, al final, de la sociedad. Muchos muchachos son, como decía Salinas, ‘tullidos de la expresión”.