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lunes, 4 de mayo de 2015

PRENSA. "El estado social de la nación: indicadores del nuevo 'modelo precario' en España"

   En "infolibre.es":
El estado social de la nación: indicadores del nuevo 'modelo precario' en España

  • "El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de familias", señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su Informe sobre el estado social de la nación
  • Explican que "las claves de la situación en la que nos encontramos hay que buscarlas antes de la crisis"; en especial, en la "ola neoliberal" a la que España se sumó al principio de la década de los 90

Actualizada 17/04/2015 
Cola de desempleados en una oficina del paro en Alcalá de Henares (Madrid).  EFE
Cola de desempleados en una oficina del paro en Alcalá de Henares (Madrid). EFE
"El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de familias". Es una de las consecuencias de la crisis económica que denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que presentó este jueves su Informe sobre el estado social de la nación.

Este texto, de 98 páginas, pone en cuestión la salida de la crisis que pregona el Gobierno de Mariano Rajoy. Prueba de ello es el subtítulo del informe: ¿Y si ya hemos salido de la crisis...? Se trata de una "réplica" al informe que presenta anualmente el presidente del Gobierno, pero en este caso, apunta esta asociación, "las protagonistas son las personas y las dinámicas sociales".

También lanzan un aviso: se ha producido "una mutación en el ADN de la sociedad española", generando "un nuevo modelo de sociedad". Así, explican que esta situación "no es consecuencia inevitable del devenir de la economía, sino que tiene sus causas en decisiones políticas que conforman un escenario de precariedad y desigualdades extremas". Por este motivo, esta estructura social estaría basada en "un modelo productivo y de relaciones laborales que apuesta por la precariedad y los bajos salarios, una fiscalidad débil y regresiva y el desmontaje de las políticas sociales".

El informe analiza numerosos datos sobre la sociedad y economía españolas, jugando con una alternativa: ¿España ha salido de la crisis o, más bien, se ha instaurado un nuevo modelo en los últimos años? No obstante, detallan que "las claves de la situación en la que nos encontramos hay que buscarlas antes de la crisis", subrayando la "ola neoliberal" a la que España se sumó al principio de la década de los 90.

Trabajadores pobres

Al término de 2014, 1.766.300 hogares tenían a todos sus miembros activos en el paro. O lo que es lo mismo, casi uno de cada diez hogares en España, según la Encuesta de Población Activa en el cuarto trimestre del pasado año. El informe reconoce una "ligera tendencia decreciente", pero recalca que no es suficiente y que perpetuará unos "elevados niveles de pobreza y desigualdad en España, y constituirá una de las características más preocupantes del nuevo modelo de sociedad".

"Por encima de la frialdad de estos datos hay que imaginar la angustia y desesperación en la que han de vivir a diario las personas en una familia con todos sus miembros activos en paro", lamenta el texto, que subraya dos datos importantes: incremento de las depresiones –un 19,4% entre 2006 y 2010– y los suicidios –un 21,7% emtre 2011 y 2013–.

Se trata, en definitiva, de que "tener un empleo no garantiza, en absoluto, la capacidad para afrontar las necesidades básicas de una persona o familia". Sobre todo mujeres y jóvenes, los dos colectivos más afectados por el desempleo y/o el empleo precario.

Insolvencia alimentaria
Según el Informe sobre el estado social de la nación, la "insolvencia alimentaria" afecta a 1,9 millones de personas en España. Es más, el 7% de la población afirma "conocer a algún adulto en su entorno familiar, o él mismo, que ha dejado de tomar alguna de las tres comidas diarias en este último mes por falta de dinero".

Además, según la Encuesta de Condiciones de Vida, 624.308 personas no pueden garantizarse una "alimentación adecuada"; es decir, comer carne pollo o pescado "al menos cada dos días". Por otro lado, recuerdan que "otros estudios multiplican por cuatro estas cifras oficiales":

Pobreza energética
La pobreza energética es definida como "la incapacidad para mantener el hogar en una temperatura adecuada". Concretamente, esto afecta a tres millones de ciudadanos en España (8% de la población) que, enfatizan, quedan "abocadas a sufrir frío y humedades en invierno o calores excesivos en verano en sus domicilios".

Sobreendeudamiento y desahucios
Se trata de dos indicadores relacionados entre sí: el enduedamiento excesivo está "ligado fundamentalmente a la adquisición de vivienda", teniendo como consecuencia "el incremento de las ejecuciones hipotecarias cuyo triste final es en muchos casos el desahucio". Señalan a la burbuja inmobiliaria como origen de esta situación.

Por ello, recuerdan que ya en 2002, el 43,6% de los hogares españoles tenía "algún tipo de deuda financiera" y, dentro de este endeudamiento, la compra de vivienda representaba el 21,6% del total. Asimismo, destacan que, entonces, los hogares más pudientes eran los que "presentaban mayor tendencia al endeudamiento financiero" por esta razón. Nueve años más tarde, en 2011, tanto los hogares endeudados como el porcentaje de vivienda que formaba parte del total de estas deudas, se ha incrementado –cinco puntos más en ambos casos–. El informe recalca que en el periodo 2002-2011 los hogares más ricos redujeron su deuda, mientras que en el resto de hogares se incrementó.

Así, señalan que "la carga de la deuda hipotecaria en un hogar deja de ser prudente si consume más del 30% de los ingresos mensuales disponibles". Si esta llega al 40%, se considera que está sobreendeudado, en "zona peligrosa" y, por tanto, presenta riesgo de impago. Pues bien, el porcentaje de hogares en esta situación aumentó diez puntos en seis años, alcanzando al 16,6% del total en 2008. No obstante, en 2011 disminuyó algo más de tres puntos, algo que el informe considera que se debe a la baja del Euribor y a las ejecuciones hipotecarias, "que suponen la resolución del préstamo".

"Las familias españolas presentan unos niveles de deuda muy elevados que unidos al problema del desempleo y a la pérdida de capacidad de pago suponen una trampa mortal de largo plazo", advierten.

Los desahucios son consecuencia directa de este sobreendeudamiento. Así, recuerdan que la última estadística oficial, señala que el pasado año se produjeron 28.877 desahucios. Calculan que, de ellos, tres de cada cuatro se produjeron en primeras viviendas.

Desigualdad estructural
La pobreza "amenaza con convertirse en un elemento estructural de la sociedad en la próxima década", comenta el informe, que recalca que puede afectar a un 20% de la población. "El problema del aumento de las desigualdades viene de lejos y es consecuencia de un determinado proceso histórico e ideológico", y no solo "consecuencia directa de la actual crisis", explican.

Así, citando datos de Eurostat, afirman que "España es el país de la UE que más rápido ha deteriorado sus números relativos a desigualdad en los años correspondientes a la crisis y especialmente desde que aplicamos los criterios exigidos por la troika" en 2010. Destacan que la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre se ha incrementado en 1,8 puntos en el periodo 2007-2012, más que en otros países del entorno, como Grecia, Italia o Portugal.

"La desigualdad genera un importante aumento de la desconfianza social, se deshace el pagamento que nos mantiene unidos", comentan sobre las consecuencias de la desigualdad, de la que destacan una especialmente grave: pone en riesgo la democracia, ya que, en la pobreza, las personas se convierten "en siervos de un nuevo sistema feudal".

Sistema fiscal: débil e injusto
"Nuestro problema no es un gasto público elevado, sino unos débiles ingresos". Ese es el resumen del análisis del sistema fiscal español que hace el documento. Es más, lo califica como "injusto", ya que se dan "privilegios a grandes empresas y fortunas mediante desgravaciones, exenciones y beneficios, que hacen que en la práctica paguen porcentajes muy inferiores a los que en teoría les corresponden". Concretamente, apuntan que "la mayor parte de las personas" contribuyen con un 22% de impuestos, "mientras que las grandes fortunas solo contribuyen un 1% y las multinacionales un 3,5%".

Así, defienden que "los ingresos fiscales en España han sido siempre, contrariamente a lo que suelen sugerir los neoliberales, muy inferiores a los que se obtienen en el resto de los países de nuestro entorno". Especifican que estos ingresos son del 32,6% en España, "frente a porcentajes próximos o superiores al 40% que caracterizan a los países más desarrollados".

Servicios sociales
Este punto también está relacionado con el anterior: España tiene un gasto público 5,6 puntos inferior a la media de la zona euro, según Eurostat. Además, según el informe, se dedican "menos recursos" en políticas sociales que en otro tipo de actividades, como orden público y seguridad, por ejemplo.

Así, apuntan que esto "ha empeorado en los últimos dos años", ya que "los recortes, con un perfil claramente ideológico, han deteriorado de forma continuada las bases del Estado del bienestar español".

Uno de los datos más destacados es que el gasto público por habitante en servicios sociales se ha reducido un 15,8% entre 2010 y 2013, pasando de 383,9 a 323,4 euros. O lo que es lo mismo, el Estado ha gastado 4.970 millones de euros menos en servicios sociales en este periodo.

jueves, 16 de enero de 2014

PRENSA. "2008-2013: Balance de daños"

Inma y José, en su tienda de segunda mano en Málaga. / GARCÍA-SANTOS. ("El País")

   En "El País":

2008-2013: Balance de daños

Algunos indicadores saludan ya el final de la crisis después de un lustro atroz

La factura es devastadora: los españoles son más pobres, tienen peor salud mental, hay menos ayudas públicas, la brecha de las desigualdades ha crecido...

 /  /  Madrid 27 DIC 2013 

Cinco años de recesión económica, de recortes sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan los cimientos del Estado de bienestar. También están minando los nervios de la población. El consumo de ansiolíticos y de medicamentos para el insomnio empezó a aumentar en el año 2000 con la normalización de su uso para procesos cotidianos de la vida. Pero el crecimiento sostenido pegó un claro acelerón con el inicio de la crisis. El primer año, entre 2008 y 2009, se prescribieron un 6,5% más de ansiolíticos. En 2011 (último dato oficial), los españoles consumían un 8% más que al final de la bonanza, según un informe de la Agencia Española del Medicamento que muestra también que el incremento es superior al de países del entorno como Francia o Italia. “La crisis está teniendo un efecto en los problemas de salud mental, y hay un riesgo claro de empeoramiento en la salud de la población general”, asegura Fernando Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
La imagen de una persona con los nervios rotos es la metáfora de un país modelado por los puñetazos de la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo, educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers, y, en general, el nivel de bienestar, según calcularon hace un año las ONG Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef y Cáritas. Ahora que termina 2013 y las instituciones europeas ven ya “frágiles brotes verdes”, los primeros síntomas de esa recuperación que se prevé lenta y penosa, toca hacer balance de daños.
Si empezamos por el que preocupa al catedrático Benavides —el aumento de los problemas en la salud mental—, los datos señalan que las consultas por depresión en los centros de atención primaria aumentaron el 19,4% entre 2007 y 2011; las visitas por síntomas relacionados con la ansiedad generalizada, un 8,4%; por trastornos psicosomáticos, un 7,3%, y por problemas de alcoholismo, un 4,6%, según una encuesta de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. Ese incremento, afirma Martin McKee, uno de los autores del estudio, tiene relación con la situación económica. “Alrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca”, dice. También Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, establece el nexo entre el aumento de estas patologías y la situación del país. “Las consultas sobre estos problemas son cada vez más habituales, pero el verdadero efecto de los problemas económicos del país en la salud lo veremos a largo plazo”, advierte.
La crisis se ha llevado por delante millones de puestos de trabajo. El número de parados ha pasado de 2,1 millones en 2008 a casi 6 millones, más del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, solo superada por Grecia. Además, un 37%, los que llevan más de dos años buscando trabajo, han perdido la prestación. El INE tiene registradas ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que aún mantienen su empleo. Los salarios reales (contando el efecto de los precios) han menguado un 7% en los últimos tres años y el PIB real por habitante ha regresado a niveles de hace una década.
Desde que el castillo de naipes de la economía española saltó por los aires en 2008, la tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza —es decir, los que sufren privaciones graves o viven en hogares con trabajos esporádicos— ha subido del 23% al 27%, según los análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. Ni siquiera tener un empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral” —la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan— pasó de afectar al 10,8% de los ocupados al 12,7% entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas. El catedrático de Economía Luis Ayala lo explica como el efecto de una precarización que comenzó antes incluso de la crisis y de la pérdida de eficacia de los mecanismos de redistribución (impuestos y prestaciones).
El colchón social, que en mejores tiempos habría ayudado a amortiguar golpes, ha adelgazado también. “Si tras las crisis de la década de los setenta se creó el Estado de bienestar, el legado de esta va a ser su deterioro”, apunta Francisco Comín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá de Henares. La escasez de recursos es tal que los españoles se han merendado buena parte de su ahorro para financiar el gasto corriente. La tasa de ahorro —el porcentaje de renta que se guarda— ha llegado a bajar hasta el 8,2% al cierre de 2012; el nivel más bajo desde que el INE inició esta estadística (en 2005).
La destrucción de una gran masa salarial intermedia junto con una peor distribución de la riqueza han dado alas a otro legado negro: el auge de la desigualdad, señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, es una coz que está golpeando con dureza a la clase media. Nacer en el norte o en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que la convergencia regional ha retrocedido entre 2008 y 2012: mientras las comunidades más ricas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. La primera, País Vasco, tenía un PIB por habitante en 2008 del 129,7 sobre la media de 100; mientras, Extremadura estaba en el 68,4 sobre 100. Son 61 puntos de diferencia entre una y otra. En 2012, esta brecha acabó en 67,8 puntos. En el análisis de los recursos se aprecia esta desigualdad. Un ejemplo: Navarra dedica 1.400 euros por habitante a la sanidad, mientras que la Comunidad Valenciana no llega a los 1.000.


Una pintada en el centro de Madrid llama a la acción contra el aumento del paro y los desahucios, / SAMUEL SÁNCHEZ
La brecha social también ha crecido entre España y sus socios de la UE. La diferencia de ingresos ha colocado al país en la cuarta posición de los más desiguales, solo superado por Bulgaria, Letonia y Portugal, según el coeficiente Gini (un barómetro habitual para medir la desigualdad). Conforme a este indicador, en el que 0 es la igualdad absoluta y 100 la desigualdad total, España llegó al 34 en 2011, el nivel más alto desde que comenzó la estadística (2001) y tres puntos por encima del nivel previo a la crisis. Y aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Un informe del Banco de España sobre la dispersión salarial lo atribuyó a que la destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y baja de la escala salarial —sobre todo en el arranque del declive— y volvió a agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta, que el boom del ladrillo había acortado.
El derrumbe ha dejado cicatrices claras como esas. También otras señales, aún latentes, pero que no tardarán en asomar, según los expertos. Indicadores como los educativos, culturales o sanitarios —claves en el desarrollo de un país— necesitan años para reflejar las variaciones. “En algunos indicadores, como empleo en la construcción, estamos a niveles de 1994; en otros, como sanidad o educación, en 2004 o 2005. Yo creo que, mirando el conjunto, podríamos decir que España ha retrocedido a 2003”, dice el profesor de Economía de la Pompeu Fabra José García-Montalvo. ¿Cuánto se tardará en recuperar lo perdido? “Mucho, y dependerá de los medios que se pongan y que se acabe con problemas como el fraude fiscal”, añade. Y advierte además que quizá algunas cosas no lleguen a recuperarse nunca, pues fueron fugaz producto de eso tan irreal que fue la burbuja inmobiliaria.
De momento, un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, mordisco a mordisco, se ha ido resintiendo. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un hachazo de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010-2011 y 2012-2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68% (116 millones), lo que ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota.
Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España, aunque las diferencias entre comunidades es enorme. Dos ejemplos ilustran muy bien la brecha. Derecho, una carrera tradicionalmente barata, ha pasado de costar 627 euros en Madrid en el curso 2008-2009 a 1.620 en este; y Medicina ha pasado de 980 a 1.980. Sin embargo, en Galicia los precios apenas han variado en cinco años: 591 euros en Derecho y 835 euros en Medicina.
Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. En muchas casas, apunta Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, no pueden costear el comedor y muchos niños van a la escuela sin libros de texto. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.
Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos. Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.
Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el CIS reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. La caída se ha acentuado además de 2011 a 2012: en un solo año ha bajado en los hogares un 3,8%, según muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial. Aunque los españoles comen menos fuera de casa, los locales que menos han acusado la caída han sido los de comida rápida. Bajan un 2,4%, frente al 5% de los restaurantes.
Esto, unido al sedentarismo, no ayuda al abordaje de patologías como la obesidad o la diabetes, que han aumentado un 1% entre 2009 y 2011, datos de Sanidad. La radiografía de la salud de la población también muestra que ha aumentado otro 1% el porcentaje de menores (hasta 17 años) que padecen obesidad: son ahora el 9,56%. Cifras preocupantes porque además la atención a dolencias relacionadas con el sobrepeso absorbe el 7% del presupuesto sanitario.
La crisis también se mastica en la salud bucodental. Los problemas dentales aumentaron un 2,2% entre 2007 y 2012, según la Encuesta Nacional de Salud. Casi el 24% de los encuestados por el CIS afirmaban que habían pospuesto la consulta al odontólogo a pesar de necesitarla. Algo que, a la larga, puede salir muy caro. “Los problemas bucodentales, por las infecciones, pueden causar también otros: infecciones renales, problemas cardiacos...”, apunta Federico Simón, responsable del servicio dental comunitario del País Vasco, autonomía con un programa pionero de salud bucodental para menores.
No es esta la única prestación de primera necesidad que deben cubrir —y en este caso, casi al 100%— los ciudadanos. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. La reforma sanitaria del Gobierno —que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular— se nota mucho. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis. El 16,83% de los pensionistas consultados en Madrid por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aseguraron que, debido a problemas económicos, dejaban de comprar alguno de los fármacos prescritos; un porcentaje que subía al 27,29% en las unidades familiares con ingresos inferiores a 400 euros por persona al mes.
José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y experto en la OMS, asegura que estos y otros indicadores ya apuntan a que la crisis tendrá un importante efecto en el bienestar. “Hay que emprender importantes reformas en salud pública para que los daños no sean permanentes”, dice. Sin embargo, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, asegura que las alertas de los analistas —también internacionales— sobre los efectos de la situación económica en la salud se rigen “más por el miedo al impacto” que por una situación real. “No hay datos fehacientes de que la crisis impacte en la salud”, insiste. Sin embargo, ese impacto está marcado por todos esos condicionantes sociales que afectan al bienestar de la población, no solo por los recursos del sistema sanitario. Y estos, además, tampoco son buenos.
Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido un tijeretazo de en torno al 11%, es decir, 6.875 millones desde 2010 —el año en que empezaron los recortes en esta partida— hasta 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Un ajuste notable para un sistema que, pese a estar entre los más valorados, llevaba años por debajo de la media de la OCDE. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído un 45%. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina (que en 2008 afectaba a un habitante por cada 100.000, y en 2011, a 7,06) o el sarampión (que ha pasado de 0,05 casos a 7,97). “Hacer recaer el peso de los recortes en las políticas de prevención es un riesgo. Estamos hablando de elementos efectivos en relación con su coste y que, si se aplican adecuadamente, pueden ayudar a reducir el gasto sanitario global”, indica Antoni Trilla, presidente de la Agencia de Calidad y Evaluación de la Salud en Cataluña. Los repuntes de estas patologías infecciosas pueden ser puntuales. Como la mayoría de los indicadores sanitarios, establecer una causa efecto a corto plazo es complejo, pero los expertos observan de cerca a Grecia. En ese país, los recortes y la situación de la población han derivado en un incremento abrumador de enfermedades como la tuberculosis.
En España, el tijeretazo también está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas (los sindicatos elevan las cifras de pérdida de empleo en el sector de la sanidad a 53.000). Así, ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista —para lo que hay que aguardar 59 días de media— o pasar por el quirófano.
En enero de este año había 51.396 personas en espera para una operación en España, un 6,4% más que seis meses antes. En ese tiempo (de junio de 2012 a enero de 2013), el plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos. La directora general Mercedes Vinuesa insiste aquí de nuevo en que la demora no tiene impacto en la salud de los que aguardan. “Lo importante está garantizado”, dice. Sin embargo, a esa disminución de recursos humanos le sigue la merma de medios materiales. Los hospitales tienen menos camas en funcionamiento que hace cinco años: 3,22 por cada 1.000 habitantes en 2011 frente a las 3,29 de 2007. Y todo indica que el declive será superior cuando se computen los datos de 2012. En definitiva, hay menos medios y personal para la misma cantidad de usuarios. O para más, porque el envejecimiento y los cambios en la dieta y estilo de vida de la población —el 44,4% llevaba una vida sedentaria frente al 39,4% de 2006, según la Encuesta Nacional de Salud— han modificado la radiografía sanitaria. En España, una de cada seis personas tiene un problema de salud crónico, muchas de las cuales son mayores.
Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que, como indica un estudio de la Fundación La Caixa, los jubilados son el colchón de muchas familias. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.
Los tijeretazos sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes se han llevado de un plumazo 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia está en los huesos. Cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.
Las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura. El gasto público en investigación y desarrollo ha caído desde los más de 9.000 millones de euros de 2008 a los 6.100 en 2014. “Es una amenaza para el sistema de I+D español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, que se tardará una década o dos en recuperar”, advierte José Manuel Fernández, portavoz del colectivo de investigadores precarios. Ejemplo de esta sangría es la situación del buque insignia de la investigación pública. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tuvo que ser este año rescatado de la bancarrota con dos partidas extra del Gobierno por un total de 95 millones.
Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España. Y no solo los que empiezan —las becas de formación del profesorado se redujeron de 950 a 800 en 2013, después de que el Gobierno se saltara una convocatoria, la de 2011, y las de personal investigador han pasado de 1.225 en 2008 a 940 este año—, sino también los que están ya a mitad de camino: el programa Ramón y Cajal, para que científicos dirijan nuevas líneas de investigación de excelencia, ofreció en 2012 unos 175 contratos, 75 menos que el año anterior. Así, alertaba el presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Juan Lerma, en este diario, “va a ser difícil retener el talento”.
Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21% —el doble de la media europea— ha provocado un descalabro de en torno a un 20% entre 2008 y 2012 en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos. “La fortaleza intelectual, cultural y educativa de una nación es un factor clave para el crecimiento económico. Un ambiente cultural floreciente atrae a personas más creativas, que a su vez atraen a trabajadores más excepcionales”, dice el rector de la Universidad de Nueva York, John Sexton.
Han pasado cinco años desde que cayó Lehman Brothers y las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otro lustro para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta etapa y gestionar la complicada herencia y secuelas que ha dejado la recesión será la clave para el presente y futuro del país.

miércoles, 12 de junio de 2013

PRENSA. "Las bibliotecas no pierden comba social". Reportaje

Biblioteca popular Josep Pons, de Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA ("El país")

   En "El País":

Las bibliotecas no pierden comba social

Nacidas para democratizar la cultura, se vuelcan con el desempleo y los vecinos luchan por ellas

 Madrid 10 JUN 2013

Las bibliotecas no se libran del calvario de la crisis: las 56 del Ministerio de Cultura tienen cero euros para comprar libros con un 60% menos de presupuesto; los horarios de muchas se han acortado, con gran perjuicio en las universitarias; el 40% de las escolares no tienen Internet o han cerrado algunas de pueblos. Pero como leer es un derecho y para muchos la manifestación más universal de libertad, la ciudadanía no está dispuesta a dejarlas caer. Se han convertido, gracias al voluntariado y la labor de unos bibliotecarios vocacionales, no solo en un centro de lectura, sino un lugar donde buscar trabajo, hacer los deberes con ayuda o aprender inglés. Allí donde faltan bibliotecas las abren los vecinos o los padres llenan las estanterías vacías en la de la escuela de sus hijos de nueva construcción y sin dotación. Mientras que partidos políticos y movimientos sociales —como el 15-M— han empezado también a recolectar libros como una de sus principales actividades.

En Finlandia le prestan la máquina de coser

El ejemplo de multiusos más extremo es el de las bibliotecas finlandesas. Allí uno puede digitalizar sus LP y casetes, pedir prestada una máquina de coser o asistir a actividades al aire libre. Ya en el siglo XIX esta institución adoptó el lema Por una ciudadanía civilizada. Finlandia, el séptimo país más grande de Europa y con apenas 5,3 millones de habitantes, está muy concienciado de la necesidad de garantizar las mismas oportunidades de cultivarse cultural y literariamente a la población rural, y las bibliotecas son su arma.
Así, la biblioteca municipal de Helsinki puso en marcha en las gasolineras el servicio de información por Internet Pregunta lo que quieras. Los vecinos plantean cuestiones y en el plazo de dos semanas reciben la contestación de los bibliotecarios en finés, sueco o inglés, a elegir. O en la de Espoo, al oeste de la capital, un terapeuta atiende a niños con problemas de lectura.
Según el último informe de las pruebas de evaluación PISA sobre educación, Finlandia es el país número uno en Europa y el éxito se debe, entre otros motivos, a que encajan tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales. De estas familias, el 80% va a las bibliotecas los fines de semana.
“En los últimos años, las Administraciones autonómicas en España han hecho un gran esfuerzo por dotar las bibliotecas y promocionar la lectura. Sin embargo, no se han preocupado por las escolares. Estamos a la cola de Europa cuando la pasión por leer prende en la infancia. Es más complicado luego”, afirma Javier Cortés, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. “El gasto de las Administraciones es nulo. Y no depende del color. Lo mismo en Madrid que en Andalucía. Por eso las editoriales miran hacia América Latina”.
Maestros y Alumnos Solidarios (Grupo 2013) sorprende a sus propios gestores. Nació para proporcionar becas escolares en países en vías de desarrollo. Pasaron a levantar allí bibliotecas y hoy centran parte de sus esfuerzos en Madrid. Unos 60 docentes imparten clases a 400 niños desfavorecidos de cuatro colegios y dos institutos de la capital. Catalina Benavides es la coordinadora de su último proyecto, la librería Libros Libres, que arranca tanto entusiasmo que ya tiene hermanas pequeñas dentro de dos librerías de Córdoba y Linares (Jaén) pese a haberse inaugurado apenas el pasado septiembre. Cualquiera puede llevarse y regalar libros. Cuentan con 1.400 socios que abonan 12 euros anuales para sostenerlo. “Venían con maletas para llenarlas de libros y venderlos. No lo juzgo. La gente lo está pasando muy mal. Ahora dejamos llevar lo que les quepa en los brazos”.
El trasiego de libros es tal que no se catalogan. Administrar ese ingente volumen es un delirio. Infantiles en inglés para Nepal, juveniles para un instituto en Méntrida (Toledo), una biblioteca para una residencia de ancianos en Ciudad Real… Ciudadanos de un puñado de localidades han mostrado su interés en montar nuevas librerías gratuitas. Un proyecto parecido se ha gestado en Málaga.
“La biblioteca tiene que estar activa. No puede servir solo para estudiar. Tiene que transformarse constantemente, no perder la comba social”. Sobre esta idea gira todo el proyecto bibliotecario de Carlos García-Romeral, hasta hace unas semanas al frente de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid y ahora con un proyecto más pequeño pero igual de ilusionante en sus manos: la biblioteca del obrero y combativo distrito de Vallecas.
Estos centros públicos se han convertido en un lugar de búsqueda de empleo y de incentivo del emprendimiento. “No hay que olvidar que nacieron con la sociedad industrializada para equilibrar las diferencias entre clases sociales y hoy para romper la brecha digital”, razona García-Romeral. Hay que ir mutando. En 2005 en Madrid empezaron a impartir clases de español y de lectura fácil y hoy se familiariza a los usuarios con las nuevas tecnologías. Muchos no disponen de ordenador o Internet y allí renuevan la prestación del desempleo de forma telemática, aprenden a hacer su currículum o a manejarse en inglés.
“En realidad siempre nos hemos preocupado por el empleo. Colgábamos en el corcho los boletines con las convocatorias de becas, oposiciones... Y luego se empezó a completar con información de talleres...”, recuerda García-Romeral. “Ahora estamos en la sociedad de las nuevas tecnologías y hay que hacer algo nuevo”.
“No hay ninguna institución que te dé el calor y la proximidad de una biblioteca. No sé cómo será el futuro. La gente se descargará desde casa los libros, pero seguirá habiendo una necesidad de encontrarse, de escuchar historias, y las bibliotecas son el escenario ideal”, piensa optimista Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. “De encontrarse en los estantes de astronomía y ponerse a charlar surgió una asociación, y lo mismo ocurrió con los cómics. O un señor de un club de lectura murió de cáncer y sus compañeros no le dejaron solo en sus últimos días”.
El cobijo de un papá Estado lastrado por la crisis es cada vez menor y son muchos los vecinos convencidos de que “no queda otra” que la autogestión. Durante años, las Administraciones invirtieron en equipamientos sociales que ahora a duras penas pueden mantener y proponer un proyecto nuevo da casi risa. Por eso cada vez más ciudadanos se involucran de forma voluntaria en tareas que hasta ahora cubrían los servicios públicos.
La Federación de Gremios de Editores de España calcula que el 30,1% de la población ha acudido en 2012 a estos servicios de biblioteca, dos puntos porcentuales más que en 2011. El 87,9% de los entrevistados que acudieron a una biblioteca lo hicieron a una pública, el 16,1% a una universitaria, y solo el 3,7% a una escolar.
Los recortes preocupan a sus profesionales. María Teresa Sans, bibliotecaria en un pueblo de Castilla-La Mancha, alertaba en una carta en EL PAÍS: “Resulta demoledoramente triste comprobar cómo el trabajo y la ilusión de tantas personas pueden desmoronarse después de más de 20 años en los que se ha ido creando, en esta comunidad eminentemente rural, una red de bibliotecas profesionalizada frente a bajos índices de lectura, envejecimiento poblacional, dispersión geográfica o desidia cultural”.
Luis Cotarelo no entiende cómo actúa de portavoz de la biblioteca Las Palomas, ocupada por los vecinos del barrio del Zaidín (Granada) porque la mayoría son mujeres. “Abuelas que lucharon con éxito porque la reabrieran dos veces hace 30 años, sus hijas que disfrutaron de la biblioteca y sus nietas”, cuenta. En la primavera de 2011, el Ayuntamiento decidió cerrarla argumentando que el barrio tenía una nueva biblioteca. “Es verdad, con los fondos de ZP y para universitarios, pero la nuestra está en un sitio deprimido y las señoras mayores y los chicos sin recursos, que consideran suya Las Palomas, no se van a desplazar tres kilómetros para ir a la otra. Por eso cundió tanta indignación y nos movilizamos”. Sin aviso se clausuró y el recuerdo es “traumático” por la actuación de los antidisturbios locales cuando una sentada de vecinos intento impedir que se llevaran los libros a un almacén. “El dinero que se ahorren lo pueden invertir en la restauración de ese monumento a la Falange que no les da la gana retirar, quizás por sus valores estéticos”, se indignó Antonio Muñoz Molina en su blog.
Protestaron durante 15 meses y su reunión con el Ayuntamiento fracasó, así que se convirtieron en okupas en diciembre tras recoger 10.000 libros. El consistorio va a devolver a la Junta de Andalucía el edificio y en ello se escuda para no dar su versión. El Gobierno autónómico, que reconoce la necesidad de dos bibliotecas en el Zaidín, con 44.000 vecinos, dice: “No tenemos ningún interés en que se devuelva un edificio vacío. Hoy sigue siendo necesario”. Y baraja “la posibilidad de contar con la colaboración de otras entidades e instituciones dispuestas a apoyar esta iniciativa ciudadana”.
Las Palomas funciona gracias al tesón de 50 voluntarios fijos y un centenar eventual. “Pero no queremos resolver la papeleta a nadie. Queremos que se haga cargo la Administración”, advierte Cotarelo. Este reemplazo de los funcionarios por voluntarios preocupa mucho a Clavo que se felicita de que “en Guadalajara han entendido que la biblioteca está para las vacas gordas y para las flacas”. Este año no cuentan con presupuesto para libros —en 2007 disponían de 150.000 euros— y son los propios vecinos los que están sufragando la compra de nuevos fondos. Los mismos que gestionan un taller de deberes para 120 niños, actúan de cuentacuentos o montan un curso de cine para 100 personas.

“No hay ninguna institución que te dé tanto calor”, dice una directora
El proyecto de las naves de Can Batlló lleva fraguándose a fuego lento desde hace 30 años en La Bordeta, un barrio barcelonés de industrias textiles en reconversión. La Biblioteca Popular Josep Pons, gestionada por sus reivindicativos vecinos, se inauguró en septiembre con 12.000 libros, un bar y un pequeño auditorio. “Muchas son donaciones particulares, pero también heredamos de un señor sus 1.000 volúmenes y de una parroquia 2.000”, cuentan al unísono Josep Rius y Anna Barnés, dos de los 30 voluntarios que se turnan para gestionar el centro. El Ayuntamiento de Barcelona paga la luz y el agua. “Nos organizamos para la limpieza, la catalogación, la recepción, los préstamos… Somos libres. Cuando el Estado y los bancos te dan de lado, no queda otra que tomar las riendas”. La Josep Pons se ha convertido a través de la Red en un referente para otras bibliotecas sociales más pequeñas de Barcelona. “Muchos ateneos literarios tienen tradicionalmente sus pequeñas bibliotecas, pues entienden que la lucha no tiene que ser solo cultural, también social”.
Can Batlló funciona de forma autónoma, pero en diez de las bibliotecas públicas de Barcelona —dos más que hace un año— los usuarios aprenden a elaborar su currículum vitae, a enfrentarse a una entrevista, a manejar el ratón o a tratar imágenes digitales. “Es más fácil ir a una biblioteca a buscar trabajo que a una oficina de empleo porque no está estigmatizado. Pero no somos una oficina de empleo, ni somos consejeros laborales, somos proveedores de información y de recursos útiles para la búsqueda. Tener buena información es crucial para tomar decisiones sobre tu vida”, expuso hace poco en este diario el estadounidense Kerwin Pilgrim.
Este bibliotecario estableció en la Biblioteca Pública de Brooklyn (Nueva York) un programa para atraer a jóvenes, durante el ocioso verano, a la biblioteca con el anzuelo de las nuevas tecnologías. Visto el éxito, Pilgrim ha puesto en marcha un programa PowerUp! del que se han beneficiado 3.000 personas. Los usuarios son puestos en contacto con los servicios de empleo, asisten a charlas y reciben formación. Más de una treintena de empresas se ha formado tras estos encuentros. Él apuesta por el trato personalizado y está convencido de que las bibliotecas “ayudan a construir personas”.

Se visitan más que nunca y los usuarios las valoran con un notable
Hace tres años los 12.000 vecinos de Playa Blanca, una pedanía de Yaiza (Lanzarote) que no para de crecer, fueron invitados a explicar en un foro de Internet qué echaban de menos. Y muchos subrayaron lo mismo: una biblioteca. “Siempre las he visitado. Incluso en vacaciones. Allí me leía los tintines o los astérix y me gustaría que mi hija tenga dónde reunirse con sus amigos. Que no todo sea la playa o un bar”, razona Javier Caídas, un asturiano que reside en la isla desde hace 17 años. Así que, junto a cuatro vecinos, se propuso almacenar libros, el primer paso para que su anhelo tomase forma. Marcaron varios puntos de recogida de ejemplares por toda la isla, organizaron cinco festivales, promocionaron su proyecto donde les dejaron hablar y, oh sorpresa, coincidiendo con las elecciones todos los partidos de Yaiza decidieron llevar la biblioteca en su programa electoral.
El empeño de estos vecinos no ha sido en balde y 750 socios disfrutan hoy de los 4.500 volúmenes de la biblioteca Playa Blanca, instalada en un antiguo colegio. Ya ha cumplido su primer año abierta y lo han celebrado con un concurso literario. “Hemos empezado a regalar a otros centros porque no tenemos librerías suficientes para tanto libro”, cuenta Caídas. Algunos llegaron de la península, de editoriales o incluso de escritores solidarios como Arturo Pérez-Reverte y Alberto Vázquez- Figueroa. “Somos un equipo de gobierno nuevo y siempre tuvimos claro que era una necesidad para los vecinos. Hay todo lo necesario y, aunque nos gustaría más, hay que adaptarse a estos tiempos”, explica el concejal Francisco Guzmán.
Oasis en medio de un panorama desolador, cuando las bibliotecas se necesitan y se visitan más que nunca.