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viernes, 18 de marzo de 2016

PRENSA. "Agresiones sexuales y magia negra"

   En "El País":

Agresiones sexuales y magia negra

En algunas zonas de la República Democrática del Congo proliferan las violaciones a vírgenes para usar su sangre como fuente de gloria y poder




  • Las mujeres y niñas de Kavumu, en la provincia de Kivu del Sur (al sureste del país) viven en permanente tensión y riesgo. / ITSASO VÉLEZ DEL BURGO GUINEA

    Desde hace algunos meses, la hematomancia o la magia usando sangre, se está ensañando con las niñas de Kabare en la República Democrática del Congo. Los criminales raptan a las pequeñas por las noches, las agreden sexualmente y aprovechan su sangre como fuente de riqueza, gloria y poder. La comunidad aterrada se pregunta cómo parar esta ola tan violenta de agresiones sexuales y magia negra.
    “Qué bestialidad lo que está pasando en Kavumu y Katana. No paran de violar a niñas de dos y tres años. Anoche violaron a otra”, así sonaba el mensaje que Lorena Aguirre, coordinadora de país de la ONG Coopera en la República Democrática del Congo, lanzaba a algunos periodistas con deseos de implicar a los medios de comunicación en la zona en esta triste realidad.
    En esos días la periodista congoleña Caddy Adzuba, recibía el premio Príncipe Asturias a la Concordia 2014 por su trayectoria laboral dedicada a denunciar las agresiones sexuales, la pobreza y la amenaza constante de guerra con que las mujeres congoleñas conviven desde hace décadas. Las mujeres y niñas de Kavumu, en la provincia de Kivu del Sur —al sureste del país viven en permanente tensión y riesgo. La frecuencia con que son agredidas y ultrajadas ha convertido el peligro en algo normal en su día a día, ahogándose en el silencio y desinterés nacional e internacional. “¡Ya está bien!”, exclaman las madres de Kavumu, “queremos gritar para que sepan las atrocidades que están haciendo a nuestras hijas”.
    Una nueva moda de escalofriantes atentados contra la integridad física y la dignidad humana está causando el terror en estas comunidades congoleñas de unos 200.000 habitantes. El modus operandi de los agresores es cada vez más sanguinario. Zahimire Rugambwa, presidente de la organización local UERPV (Intervención por la Unión y Recuperación de Personas Vulnerables) relata: “A partir de las siete de la tarde, cuando el día se pone, el peligro acecha. Los violadores buscan las casas más pobres y en peor estado constructivo, rascan un agujero en las paredes de barro o aprovechan la ausencia de madres solas, trabajadoras nocturnas, para entrar en las casas y robar a las niñas”. Se dice que adormecen a las víctimas e hipnotizan al resto de familiares pero nadie lo sabe con seguridad; dónde se las llevan es también una incógnita. Después de violarlas y agredirlas físicamente, son devueltas al hogar con graves y dolorosas heridas. Las edades de las víctimas oscilan entre los cuatro meses y los 17 años. En lo que va de año, solo en el hospital de Kavumu se han registrado 25 agresiones sexuales con las mismas características, aunque existen otros muchos casos que no acuden al centro sanitario y caen en el olvido, asegura Passy Huhogera, enfermero jefe del hospital.

    Una nueva moda de escalofriantes atentados contra la integridad física y la dignidad humana está causando el terror en estas comunidades congoleñas de unos 200.000 habitantes
    El doctor Mugisho Kavul, con lágrimas en el alma, narra: “Desgraciadamente las agresiones sexuales en el Congo han existido siempre, pero lo verdaderamente preocupante ahora es la corta edad de las víctimas. Tenemos un caso de un bebé de cuatro meses. Las consecuencias sobre estas niñas son inmensurables. Las más pequeñas llegan al hospital desangrándose, con intensos dolores y perforaciones que unen el conducto vaginal con el ano. Niñas que no podrán tener hijos y que serán rechazadas por posibles maridos y por la comunidad”. En el hospital local realizan la primera atención que ayuda a cortar las hemorragias, pero debido a la escasez de recursos los casos más graves deben ser trasladados al hospital de Bukavu. Esto supone el principio de una nueva espiral sangrante. Los familiares de las víctimas no pueden asistir por lo costoso que supone la estancia fuera de sus casas, la incapacidad económica de ausentarse del trabajo durante días y la falta de apoyo social para atender a sus otros hijos, según narra el personal sanitario del hospital. La problemática de la violencia sexual, la pobreza y la marginación se entrecruzan en una escabrosa y triste realidad en la región.
    Las madres se sienten culpables. La comunidad está indignada. Y las autoridades impotentes, se convierten en testigos silenciosos y sospechosos. La vuelta al día a día no es sencilla, ni supone el fin de la pesadilla. Junto a las marcas físicas o la esterilidad, las huellas psicológicas, el peso del estigma social, la vergüenza y la culpabilidad son algunas otras secuelas que acompañarán a las niñas y familiares a su regreso al hogar.

    Las viejas creencias y la magia negra

    “Había un hombre en el pueblo que no podía tener hijos. Acudió al brujo, doctor de la comunidad, y le dijo que para curar su mal tenía que violar a una niña menor de seis años. Obedientemente, el hombre buscó una niña de cuatro y la violó”. La anécdota que relata Rugambwa de la organización congoleña UERPV ilustra el poder que todavía tienen los brujos y magos negros en algunos grupos poblacionales de África.
    Escarbar en las razones que conducen a estos crímenes supone muy calladamente adentrarse en las prácticas de la magia negra, sobre las que se asientan las religiones tradicionales africanas y que todavía sobreviven en cada una de las tribus del continente. “La magia negra para los creyentes de la religiones tradicionales africanas es una práctica tan común, como lo es ir a misa para los católicos”, aclara el arquitecto ugandés y experto en cultura africana Adam Tumuwine, quien prosigue: “El conocimiento de la salud en África ha sido transmitido generación tras generación a través de ancestrales creencias místicas. El acceso, entendimiento y aceptación de las investigaciones de los blancos, cuesta dinero que la gente aquí no tiene. Es una cuestión de ignorancia y falta de educación. Mucha gente solo cree y entiende a los magos negros que, de hecho, son llamados doctores. Ellos prescriben muchas de las prácticas negras que ayudarán a aliviar sus males. En el Congo, las violaciones son prácticas comunes de la magia negra; en Uganda son frecuentes las mutilaciones de órganos y el canibalismo; y en Tanzania, los sacrificios de albinos”.

    Las víctimas de entre cuatro meses y 17 años, son devueltas a su hogar tras ser violadas
    Dicen que con la sangre de las víctimas hacen magia. La sangre es lo que vale, lo que da poder, estatus, dinero y salud. Pascal Bugagala, psicólogo de la ONG Coopera en Congo, explica: “Para ellos, la sangre de las vírgenes les limpia de enfermedades como el VIH y les libera de la esterilidad; la sangre provee de riqueza y trabajo o sube el rango y estatus en el caso de militares y policías; e incluso losmaimais [rebeldes de la zona] la guardan en pequeños botes y se la untan en tiempos de guerra, evitando que las balas los atraviese”. Para el psicólogo, la reducción de violaciones de niñas vinculadas a la magia negra es un tema muy complejo ya que involucra profundas y arraigadas creencias religiosas. Intervenir sobre ellas es el reto que el territorio de Kabare debe asumir ahora.

    La comunidad bashi

    La rabia, la desconfianza y el dolor se perciben con todos los sentidos en estos pueblecitos de la tribu bashi. No obstante, ni el miedo, ni la indignación les ha paralizado. Maravilla ver cómo entre tanta necesidad, hay todavía espacio para la solidaridad y las relaciones de buena vecindad. Las pequeñas organizaciones locales (UERPV y Fundi Action, entre otras organizaciones vecinales), sin apenas recursos económicos se han organizado para apoyar a las víctimas. Voluntarias vecinas de Kavumu y Katana acompañan a las madres a los hospitales y cuando regresan a sus casas, trabajan directamente con las niñas para ayudarles a recuperar la confianza, autoestima y sociabilización. Una de las voluntarias comenta: “A través del ocio y actividades artísticas tratamos de trabajar con las niñas para hacerles reír y que sepan que pertenecen a un grupo que les quiere y les acepta. También hablamos con familiares para evitar el estigma social. Algunos discriminan a las víctimas porque dicen que ya no son puras”. La alegría y la convicción en lo que hacen son las principales herramientas con que cuentan estas voluntarias para las tareas de apoyo y reinserción de las víctimas. “Los niños deben vivir en entornos de amor, seguridad y confianza y esto es lo que tratamos que ellas recuperen”, concluye la mujer.

    Dicen que con la sangre de las víctimas hacen magia. La sangre es lo que vale, lo que da poder, estatus, dinero y salud
    El presidente de la organización local Fundi Action afirma que, si bien no es fácil trabajar contra las viejas creencias de las personas, tras la organización de varias reuniones vecinales se ha llegado a la conclusión de que las tres posibles soluciones pasan principalmente por la instauración de una corte popular que juzgue a los agresores, la intervención profesional de apoyo a víctimas y familiares y, por último, la creación de talleres de sensibilización ciudadana e información pública con carácter educativo y preventivo. Por su parte, el hospital de Kavumu, sin electricidad en la mayoría de sus estancias, demanda placas solares para generar luz y poder atender a las víctimas las 24 horas. La ONG Coopera, una de las pocas organizaciones internacionales que se encuentran permanentemente en la zona, solicita fondos internacionales para una atención urgente en la zona.
    Y las madres de Kavumu, como no podía ser menos, reclaman justicia, seguridad y voz.
    En el emotivo discurso de recogida del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2014, Caddy Adzuba resaltaba la importancia que el premio tenía por ser altavoz de las voces de todas esas víctimas sigilosas del horror.

    lunes, 2 de marzo de 2015

    PRENSA. "Las secuelas de la esclavitud"

       En "El País":

    Las secuelas de la esclavitud

    La Organización Internacional de las Migraciones, la London School of Tropical Medicine y la ONG española Anesvad han presentado hoy en Tailandia las conclusiones del primer estudio sobre las consecuencias de la trata en la salud de las víctimas

    En el sudeste asiático, casi la mitad sufren violencia física, sexual y trastornos psicológicos. Y a ellos, hombres, mujeres y menores, les han preguntado.

     Bangkok 27 FEB 2015  


    Una niña hace ejercicios de contorsionismo junto a un club de 'striptease' en Pattaya, Tailandia. / PABLO LINDE


    Pesca y prostitución. Son las dos grandes industrias del tráfico de seres humanos en el sudeste asiático, que a su vez es el punto caliente de la esclavitud en el planeta. La Organización Mundial del Trabajo estima que 18 millones de personas en todo el mundo son sometidas a trabajos forzados, de las cuales algo más de la mitad se encuentra en la región Asia-Pacífico. Por primera vez, un estudio se encarga de analizar en profundidad la salud física y mental de estas víctimas. Sus hallazgos, si no sorprendentes, sí son preocupantes: aproximadamente la mitad de los encuestados fueron sometidos a violencia física y/o sexual y cuatro de cada 10 sufría trastornos de ansiedad y depresión.
    El documento, bajo el título La salud de las personas traficadas: hallazgos de una encuesta entre hombres, mujeres y niños en servicios postráfico del Mekong (una subregión que comprende a Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y la provincia china de Yunnan) ha sido elaborado por la ONG española Anesvad, la Organización Internacional de las Migraciones (IOM) y la London School of Hygiene and Tropical Medicine. En su presentación, este viernes 27 de febrero en Bangkok (Tailandia), las tres organizaciones han querido llamar la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de poner en marcha sistemas de salud —especialmente mental­— para estos trabajadores.
    El estudio está elaborado a través de más de un millar de encuestas a personas que, tras ser liberadas, fueron enviadas a servicios postrata de Camboya, Tailandia y Vietnam. En estas entrevistas fue frecuente escuchar que habían sido pateadas, mordidas, arrastradas, encadenadas, quemadas, vigiladas por un perro agresivo, encerradas en una habitación, amenazadas con un arma, cortadas con un cuchillo, disparadas o agredidas sexualmente. Entre quienes declaraban estos malos tratos era frecuente encontrar síntomas de ansiedad y trastornos postraumáticos y uno de cada 20 participantes había intentado suicidarse en las cuatro semanas previas a la entrevista. "De los supervivientes a la trata, muchos, si no la mayoría, necesitan asistencia médica para su salud física y mental", concluye el estudio. "En los centros en los que se atiende a estas víctimas [puestos en marcha por ONG o los gobiernos locales] el personal no está preparado para atender los casos más graves de desórdenes mentales y no saben cómo actuar ante personas que se han intentado quitar la vida", lamenta Nicola Polock, una de las responsables del estudio.
    Cada víctima acarrea una historia distinta tras de sí, pero el esquema que se repite una y otra vez es similar: pobreza, desesperación, migración irregular. Según explica Polock, la salida de sus países por las vías reglamentarias son complicadas y costosas, así que muchos de ellos se ponen en contacto con intermediarios informales que les ofrecen atractivos puestos de trabajo, principalmente en Tailandia y China, los dos mayores receptores, con un 40% y un 30% de los encuestados, respectivamente.

    “De los supervivientes a la trata, muchos, si no la mayoría, necesitan asistencia médica para su salud física y mental”, concluye el estudio
    Una vez allí, las cosas no son como parecían. Casi la mitad ni siquiera sabía lo que era el "tráfico de personas" antes de ser víctimas de él. "En el caso de las mujeres es frecuente que se conviertan en prostitutas o en esposas por obligación, que no es otra cosa que una esclava doméstica que tiene que cubrir las labores del hogar y los requerimientos sexuales de su marido, a menudo con violencia de por medio. En el de los hombres, el sector más habitual es la pesca; los meten en barcos de donde resulta muy difícil salir y en los que sufren las condiciones más duras de todas las personas con las que hemos hablado", relata Polock. Tailandia, uno de los mayores exportadores de pescado del mundo, ya ha sido amonestada por ONG y organismos internacionales debido a sus casi inexistentes avances en materia de trata y ocupa el puesto más bajo en la escala de Departamento de Tráfico de Personas de Estados Unidos, a la altura de países como Irán o Corea del Norte.
    Estas condiciones del sector pesquero incluyen jornadas de trabajo de hasta 19 horas, en un 70% de los casos no remuneradas en absoluto, según el estudio. En este sentido, no es el peor: más del 96% de quienes trabajaban forzados en el sector de la agricultura y como esposas no cobraba nada, así como más del 80% de los empleados domésticos y en fábricas.

    Un paseo de seis minutos por Pattaya, uno de los focos del turismo sexual del mundo. La prostitución es la principal industria en la que trabajan las mujeres víctimas de trata en Tailandia. / Pablo Linde
    Es una situación de esclavitud en toda regla que, en algunas de las situaciones analizadas, se extendía más allá de los 12 años, aunque la media es de algo más de seis meses. Pero las secuelas permanecen tras del periodo de trata. Los casos de enfermedades mentales tras la liberación son frecuentes; los más habituales y graves están relacionados con aquellas personas que han sufrido restricción sus movimientos o confinamientos. Sus probabilidades de presentar ansiedad, depresión o síndrome postraumático es del doble que quienes no han visto tan limitada su libertad.

    Datos del estudio

    Entrevistas a víctimas de trata en Camboya, Tailandia y Vietnam.
    Fuente: La salud de las personas traficadas: hallazgos de una encuesta entre hombres, mujeres y niños en servicios postráfico del Mekong. Anesvad y London School of Economics.
    Estas enfermedades son también más probables cuanto más penosas son las condiciones laborales de los trabajadores esclavizados. El estudio muestra que buena parte de estos empleados son forzados a trabajar los siete días de la semana (69,5%), durante más de 10 horas diarias (más de un 70%) y con un alto riesgo de sufrir accidentes graves (casi uno de cada cinco había tenido alguno durante el tiempo en el que fueron forzados). Todas estas circunstancias potencian los desórdenes mentales, igual que lo hacen otras menos frecuentes pero también recurrentes, como dormir en el suelo (un tercio de los entrevistados), no tener disponible agua potable para beber o insuficiente comida (alrededor de una cuarta parte), o padecer sobreexposición al sol o la lluvia (un tercio de los participantes en el estudio).
    El informe asegura que la literatura sobre el tema hasta la fecha se limitaba a estudios realizados exclusivamente con mujeres víctimas del tráfico sexual y que prácticamente no había investigaciones realizadas con hombres y niños fuera de esta industria. Los encuestados para este análisis eran forzados a trabajar en 15 sectores diferentes como los mencionados anteriormente, la industria del entretenimiento, la mendicidad, la construcción y la hostelería, entre otros. "Un hallazgo importante es que no existe un solo perfil de persona traficada. Los supervivientes de diferentes edades, sexos nacionalidades y experiencias de explotación que usan los servicios postrata muestran que no solo estamos hablando de mujeres traficadas para trabajos sexuales forzados", reza el estudio.
    Las personas liberadas no recurren a estos servicios por su propia iniciativa —solo lo hicieron cuatro de más de 1.100 entrevistados—, sino que fueron las autoridades o las ONG quienes les enviaron a ellos para asesorarles y darles una atención. La mitad de ellos se culpa a sí mismos como responsables de la situación, mientras que un tercio señala a los intermediarios que les proporcionaron los trabajos, los cuales se quedan con comisiones por los trabajadores que aportan. En más de un 70% son las fuerzas de seguridad quienes los sacan de esa situación. Solo un 29% consiguió escapar, aunque la mayoría ni siquiera lo intenta por miedo a las consecuencias.
    Pero tras la libertad no se solucionan sus problemas: pobreza y desesperación. Brett Dickson, responsable del programa de asistencia a migrantes de la IOM, explica que el gran reto que los países involucrados tienen ante sí es proveer a sus ciudadanos de las condiciones necesarias para que no se vean obligados a emigrar en una situación tan vulnerable. "Si consiguen escapar, normalmente pasan un tiempo escondidos, después regresan a sus países y se encuentran con que vuelven a no tener nada, así que es importante fomentar los programas de capacitación y emprendimiento para ellos, porque de lo contrario pueden caer de nuevo en el tráfico de personas”, explica.
    A su vuelta, además, es muy probable que hayan visto mermadas sus capacidades físicas y mentales por las duras condiciones que sufren durante la trata. Para evitar este extremo, las tres organizaciones autoras del estudio recomiendan a los estados involucrados, los organismos internacionales y los donantes que pongan en marcha medidas de prevención. Estas son algunas: habilitar servicios de salud para personas víctimas de trata, hacer pedagogía con las víctimas sobre la necesidad de que pasen por ellos, formar a su personal para que les pueda prestar la asistencia adecuada, sensibilizar a las inspecciones de trabajo y a la policía, dotar a los centros postrata de servicios de traducción adecuados. Mientras no se pueda resolver que en pleno siglo XXI siga existiendo la esclavitud, al menos estas iniciativas harían más fácil la vida de las personas que la han padecido.

    domingo, 23 de noviembre de 2014

    PRENSA. "Las 'devadasi': niñas de propiedad pública". Teresa Santoro

       En "El País":

    Las ‘devadasi’: niñas de propiedad pública

    Una tradición ancestral india obliga a que niñas de las castas más bajas sean destinadas a satisfacer las necesidades sexuales de los hombres del pueblo

    Aunque la práctica está prohibida por ley, sigue vigente y está contribuyendo a la expansión del VIH


    Ayshwarya y su madre fueron devadasis. / MANOS UNIDAS
    Había oído hablar de las mujeres devadasi a alguna de mis compañeras de Manos Unidas. Se mencionaban de pasada en alguno de los proyectos que apoyamos, pero no llegaba a entender bien en qué consistía el sistema de las devadasi, una tradición ancestral por la que mujeres y niñas de la casta más baja son ofrecidas a la diosa Yallamma para ayudar a los sacerdotes con las ofrendas a los dioses. Una vez alcanzada la pubertad, están obligadas a satisfacer sexualmente a los hombres del pueblo; nunca pueden negarse a ello y tampoco les está permitido casarse. Pasan a ser un bien público.
    Mi contacto con la realidad de las devadasi fue en el año 2006, en uno de mis primeros viajes a India. Íbamos a identificar un proyecto para el que pedían un centro de formación para trabajadoras de la salud,y en el mismo recinto había una escuela de educación primaria que solicitaba una ampliación para poder acoger a más niños. Está en Jewargi, al sur de la ciudad de Gulbarga, en la zona norte del Estado de Karnataka, en la parte central del subcontinente indio.
    Uno de los profesores nos iba explicando los problemas que tenían: la falta de espacio o las dificultades para mantener su asistencia al colegio y para integrarlas en la sociedad. Se pretende que en la escuela se formen y se preparen para que se nieguen a afrontar el futuro al que se ven abocadas. Estábamos en la parte baja del centro; era un pasillo abierto por uno de los laterales, pintado de un verde fuerte, y a los lados había unas niñitas de unos siete a 10 años aproximadamente —es muy difícil calcular la edad en India por la malnutrición que sufren—. Iban pintadas, llenas de collares, pulseras… Como cualquier trabajadora del sexo que podamos encontrar en una de nuestras ciudades. El responsable del centro iba contándonos alguno de los casos de las niñas que allí había y nos explicó por qué había madres en el exterior: estaban vigilando a sus hijas para que nadie abusara de ellas sin que la familia obtuviese previamente un beneficio.


    Madre e hija, ambas devadasis. /MANOS UNIDAS
    A través de uno de los trabajadores sociales les hacíamos preguntas, como por ejemplo si estaban contentas de estar en la escuela y si ya sabían leer, qué les gustaría ser el día de mañana, etc. Ellas contestaban muy serias, excepto cuando les mencionábamos el tema del matrimonio. En general, las niñas nos decían que toda su ilusión era poder casarse y tener hijos. Mientras, las madres que seguían fuera, a una cierta distancia, tenían las caras más tristes que nunca he visto en India….¡Qué pena ver que a esas niñas no las iban dejar casarse nunca! Se nos hacía un nudo en la garganta por la emoción mientras las pequeñas sonreían abiertamente pensando que el día de mañana llegarían a tener una vida más digna.
    Los padres deciden desde la infancia entregar a su hija —generalmente cuando tienen entre cuatro y ocho años— a la diosa Yellamma y la condenan de por vida a ejercer la prostitución. Así, su futuro y el de sus hijos está marcado para siempre. Antes de la época colonial llegaban a tener un estatus social alto y estaban bien consideradas. Según la tradición, las devadasi no se pueden casar. Pertenecen a familias de las castas más bajas, sin recursos económicos. Cuando alcanzan la pubertad, cualquier hombre las puede usar sexualmente.
    El sistema de las devadasi está prohibido por una Ley del año 1982, que fue reformada en 1984 y 1988, pero sigue vigente en la práctica y está contribuyendo a la expansión del VIH. Por el norte de Karnataka pasa la carretera nacional más importante del Estado que une Bombay y Bangalore. Los camioneros paran, son contagiados por las devadasis, la mayoría con VIH, y continúan extendiendo la enfermedad en sus pueblos.
    ¿Cómo es posible que este sistema subsista?, nos preguntábamos. Es una manifestación más de la discriminación de género que existe en India. Las familias se libran de una boca a la que alimentar y, como no se casan, se libran también de la dote, dowry, que tendrían que entregar a la familia del futuro marido. El que nazca una niña en la India es una desgracia porque supone que, para poder darle la dote, tienen que pedir un préstamo y los prestamistas les cobran unos intereses que endeudan a la familia de por vida.
    Al estar prohibido el sistema devadasi, ya no están en un templo, sino en lugares discretos y, la mayoría de las veces, en casa de sus padres.


    Uno de los cursos de formación para niñas devadasis. / MANOS UNIDAS
    En otro viaje fuimos a un dispensario para ver un ecógrafo que habíamos ayudado a financiar. Allí había un letrero enorme que informaba de que por ley tienen prohibido decir el sexo del futuro bebé, para evitar abortos selectivos de niñas.
    Manos Unidas, siguiendo el principio de la subsidiariedad que está en su línea de actuación y a instancia de las trabajadoras sociales de Sindargi, está apoyando en la actualidad otro proyecto que pretende empoderar a las niñas devadasi con cursos que las capaciten para poder obtener ingresos propios y abandonar este sistema.
    Estoy deseando visitar in situ este nuevo proyecto y conocer directamente de boca de las interesadas cómo ha cambiado su vida con la capacitación que hemos colaborado a mejorar.
    Teresa Santoro es voluntaria y miembro del Departamento de Proyectos de Manos Unidas en Costa Oeste de India.

    Prostitución en nombre de la tradición


    Rakshita, una niña devadasi. / MANOS UNIDAS
    Aunque pueda parecer mentira, en el Estado indio de Karnataka pervive en pleno siglo XXI una tradición ancestral cuyo origen es difícil de establecer. Las supersticiones, alimentadas por la pobreza y la ignorancia, llevan a muchas familias a ofrecer a algunas de sus niñas a los templos para librarse de los males que les afectan. 
    Estas, una vez alcanzada la pubertad, se convierten en propiedad pública y son destinadas a satisfacer sexualmente a los hombres de su aldea. Una mujer devadasi nunca puede negarse ni casarse. Si lo hace, la diosa llevará la desgracia a sus parientes cercanos. 
    Por su falta de instrucción, estas mujeres desconocen que la ley las apoya para negarse a esta práctica. Aunque en 1982 el Gobierno de Karnataka abolió esta práctica, no ofreció programas de reinserción para las víctimas, por lo que han buscado su sustento vendiendo sus cuerpos, ya que a las devadasi sólo les está permitido mendigar cuando alcanzan cierta edad y se ven repudiadas. Llaman a las puertas pidiendo limosna, llevando sobre sus cabezas el ídolo de la diosa a la que fueron dedicadas. Muchas de ellas, terminan en burdeles de Mumbai, Bangalore y Chennai, víctimas del tráfico sexual y de enfermedades como el sida.
    El proyecto que apoya Manos Unidas se está desarrollando en la localidad de Sindargi, que dista 60 kilómetros de Bijapur, capital del distrito del mismo nombre. Allí, los Jesuitas, que llevan desde el año 2005 trabajando para que las devadasi sean conscientes de que la prostitución no es su único destino, y menos aún el de sus hijos. Las mujeres reciben asistencia y formación para abandonar de un negocio basado en la preeminencia natural de las castas superiores sobre los dalits o intocables.
    Manos Unidas colaborará en la puesta en marcha de actividades como la formación de grupos de autoayuda, cursillos de concienciación sobre salud y discriminación por razón de sexo y de casta, clases de informática, de inglés y de otras materias de las que ya se han beneficiado unas 450 mujeres y sus hijos.

    miércoles, 5 de marzo de 2014

    PRENSA. "Quién protege a los niños cuando son víctimas"

       En "El País":

    Quién protege a los niños cuando son víctimas

    El ‘caso Valdeluz’ destapa agujeros en la protección al menor

    Un sistema judicial no especializado les obliga en muchos casos a revivir los abusos


    Una niña sentada en unas escaleras con la cabeza agachada y gesto de miedo / ROOS KOOLE
    No hay rendijas para quienes intentan escapar de haber obviado un abuso sexual a un menor. Las leyes españolas son claras a la hora de determinar que cualquier indicio de abuso ha de ser comunicado. Otra cosa es la denuncia formal, que solo puede presentar la familia o la fiscalía.
    En el caso del colegio Valdeluz se han sembrado dudas sobre la obligación de los responsables del colegio y de los del centro que asistió a una de las menores de poner en conocimiento de la fiscalía los supuestos abusos cometidos por un profesor porque la familia de la alumna no quería denunciar. Sin embargo, la ley de garantías de los derechos de la infancia de la Comunidad de Madrid es clara: “Los titulares de los centros escolares y el personal educativo de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño”.
    Y es que, además, la ley orgánica de protección del menor, de rango superior a la anterior, señala que “toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise”. La obviedad es tal que el argumento del director y el jefe de estudios del centro, que en un principio alegaron que no podían comunicar el supuesto abuso, basan ahora su defensa en que el caso está prescrito, después de ser imputados por un delito de omisión del deber de socorro. De momento, no hay acciones contra los responsables del centro de la Comunidad de Madrid que, aun dando verosimilitud al relato de la joven, no lo pusieron en conocimiento de la fiscalía.

    La legislación es clara en España: todo indicio de agresión debe comunicarse
    “Es un intento burdo de ceguera jurídica y moral”, señala el catedrático de Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Queralt. El Código Penal indica claramente, además, que “el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida”.
    Sin embargo, explorando en la actividad de los profesionales que trabajan con niños que son víctimas de abusos sexuales, una vez se ha comunicado el caso, los problemas ni son pocos ni banales.
    Pese a las leyes, la falta de una protección más eficaz no es solo respecto a los niños. Los trabajadores sociales que están, en general, más acostumbrados y especializados en el trato con menores, tienen, en muchas ocasiones, que afrontar un proceso judicial en el que encuentran todo tipo de trabas y, además, a veces, solos. Sobre todo, cuando los abusos o el maltrato se dan en el ámbito familiar. Así lo explica Gustavo García, miembro de la Asociación Estatal de Directoras Gerentes de Servicios Sociales. “Es el trabajador el que se encuentra muchas veces ante el dilema de acudir a un juzgado cuando la víctima o su familia no quiere denunciar”, explica. “Te enfrentas a notificaciones, a declaraciones en el juzgado y solo la orden de citación tiene un lenguaje durísimo, que asusta”, añade.
    Por eso, considera imprescindible que los trabajadores sociales tengan un apoyo institucional y un servicio jurídico que les respalde y acompañe cuando, en el ejercicio de su trabajo, acuden a denunciar o a prestar declaración sobre los aspectos más íntimos de un menor o una familia. También destaca la necesidad de que existan protocolos específicos como los que, por ejemplo, se dan en sanidad pero que no existen para los centros que detectan casos de abusos sexuales. Además, plantea la opción de denunciar bajo anonimato o, al menos, no ofrecer datos personales sino acudir a los juzgados identificados con el número de funcionario porque, a veces, quien quiere proteger, se convierte en una nueva víctima.

    La denuncia formal solo la puede presentar la familia o la fiscalía
    La Sociedad Española de Pediatría Social y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria denunciaron ayer la falta de políticas de faciliten la notificación de casos de supuestos abusos. En su opinión, el retraso en denunciar estos casos de abuso infantil “ha impedido que las víctimas reciban en su momento la adecuada protección y tratamiento necesario”.
    En el ámbito judicial, tal como reconocen algunos fiscales de menores, el problema con el que se encuentran es que la regulación está mucho más desarrollada para los casos en que los menores son infractores que en aquellos en los que los niños son víctimas. De hecho, buena parte de los profesionales que los atienden, ni siquiera están especializados. La ley solo marca que las comparecencias del menor, una vez se ha presentado la denuncia, “se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de este, cuidando de preservar su intimidad”.
    Naciones Unidas exige que la intervención de los menores se realice en un ambiente adecuado, que se acomode a las especiales necesidades del niño, conforme a sus habilidades, edad, madurez intelectual y capacidad y con un lenguaje que el niño utilice y comprenda. ¿Lo es un hombre o una mujer vestidos con una túnica negra casi hasta los pies con unas cosas raras al final de la manga que habla de derechos y presunciones con otro vestido igual?, que es como describiría un niño la toga.
    Tal como denuncia Save the Children en un informe sobre la justicia española frente al abuso sexual infantil: “Pese a la obligación de especialización establecida en los estándares internacionales y europeos y el reconocimiento de la especial complejidad de estos casos que realizan tanto la jurisprudencia española como las directrices de la Fiscalía General del Estado, en España no existe obligación legal de especialización para intervenir en procesos judiciales con víctimas menores de edad, lo que sí sucede con niños y niñas infractores de la ley penal”.
    “Los niños viven con verdadera angustia el sometimiento a un sistema judicial que no está preparado para no ocasionar la revictimización de los menores”, afirma la fiscal de Canarias, Inés Herreros, que reconoce que muchos casos se quedan por el camino cuando lo mejor es una respuesta penal al delito. Pero, “tenemos que tener presente que la responsabilidad penal se ventila en un procedimiento en el que necesitamos pruebas concluyentes y eso, en este tipo de delitos, no siempre es posible”, añade la fiscal.

    Los expertos piden apoyo institucional y protocolos para los trabajadores sociales
    En muchos casos, la primera declaración se toma en un servicio de familia o ante la policía, donde el menor ha de relatar lo sucedido. Ese relato, que puede ser muy angustioso, se repite delante del juez y, antes o después, ante un psicólogo que ha de hacerle la prueba forense. Incluso, pueden ser sometidos a un careo. Si el caso sigue adelante, meses después, el menor ha de revivir los hechos en el juicio.
    Otro párrafo de la circular de la fiscalía sobre la protección de menores víctimas resulta esclarecedor: “Los interrogatorios deben estar presididos por la necesidad de infundirles confianza, impidiendo simultáneamente que se les asuste, partiendo de que la intimidación puede paralizar sus facultades amnésicas y de que el niño puede experimentar episodios de nerviosismo, vergüenza o bloqueo ante las personas que no conoce”.
    Almudena Escorial, trabajadora del departamento jurídico de Save the Children, expone como ejemplo un caso en el que una niña, una de las veces que se le hizo relatar los abusos a los a los que había sido sometida se tapó la cabeza con un abrigo y, jurídicamente, se entendió como que iba a mentir.
    El hecho es que las instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre protección de menores víctimas y testigos señalan que ha de evitarse, en la medida de lo posible, “las duplicidades en exploración de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en las tomas de declaración (...) los fiscales deberán eludir la repetición de declaraciones de menores, salvo en los casos estrictamente necesarios, a fin de evitarles el sufrimiento de volver a relatar y revivir ante personas extrañas un suceso traumático para ellos”.
    “Debería facilitarse que el niño o niña tuviera que responder solo a un interrogatorio y que este fuera grabado con todas las garantías”, afirma Inés Herreros. Sin embargo, la práctica habitual no es esa. Sí se está intentando algo parecido en los juzgados de Barcelona, donde, tal como ratifica el fiscal de menores, Juan José Márquez, ya se graban las declaraciones del menor, dependiendo de su edad, para que puedan ser utilizadas con posterioridad y sin necesidad de que el niño vuelva a pasar por esa angustia.

    Una fiscal aboga
    por someter
    al niño a un solo interrogatorio
    Pero España va con retraso en este terreno. Una directiva europea, aprobada en 2011, establecía una serie de medidas y normas para garantizar la protección de la víctima menor e instrucciones específicas sobre los interrogatorios. La directiva tenía que entrar en vigor en septiembre de 2013. El Plan Estratégico Nacional sobre la Infancia y la Adolescencia, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2013 hablaba de la trasposición de esta directiva europea. Pero, al margen de que algunos profesionales han asegurado que sus principios no han sido traspasados, ante la pregunta al Ministerio de Sanidad (que es el competente) de qué se ha adelantado o qué se va a hacer, la única respuesta ha sido que existe un anteproyecto de ley “que aglutinaría en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, trasponiendo las Directivas de la Unión Europea”.
    Otra directiva europea aprobada en 2012 exige a los Estados miembros que posibiliten la grabación de las declaraciones de los menores para que “puedan utilizarse como elementos de prueba en procesos penales”. Pero también se desconoce cuándo se aplicará.
    “La intervención de un niño en un juicio es vivida generalmente como una experiencia estresante potencialmente provocadora de efectos a largo plazo. Los menores pueden padecer una gran ansiedad ante, durante e incluso después de la celebración del acto procesal”, reconoce la fiscalía.

    España aún
    no ha traspuesto
    la directiva que simplifica el proceso
    Todas estas medidas han de acometerse sin olvidar uno de los principales principios de la justicia, la presunción de inocencia sobre los agresores. Por eso, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha hecho hincapié en el “difícil equilibrio que los tribunales deben procurar entre la necesaria protección de los derechos del menor, la efectividad de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal y el interés público en que no queden impunes determinados hechos especialmente reprobables”. Aun así, el propio Supremo ha admitido que “para evitar su victimización secundaria” y en algún caso especial, que los menores no acudan a declarar el día del juicio ante la existencia de un interrogatorio previo y grabado.
    También el Tribunal Constitucional validó la posibilidad de “rechazar la presencia del menor en el juicio para ser personalmente interrogado”, en un caso en el que un profesor, al que se denegó el amparo, que recurrió al considerar que había sido vulnerado su derecho de defensa.
    En los últimos años, en España ha crecido la alarma social respecto a la violencia sexual cometida contra niñas y niños. Pero, de momento, la única respuesta institucional que se ha dado ha sido la de incrementar las penas para los agresores.
    “El legislador ha ido endureciendo una y otra vez el castigo de los delitos sexuales en los últimos años”, asegura el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. Y ¿qué ocurre en otros países? “Dado que los niveles generales de pena son normalmente más bajos que en España, las penas por delitos de abusos sexuales contra menores también suelen serlo”, subraya el catedrático.
    “El Código Penal español incorpora varios tipos penales específicos, cuyas penas han sido recientemente incrementadas, que sancionan la violencia sexual cometida contra menores de edad. El incremento de penas no ha ido acompañado de medidas adicionales para garantizar la efectiva persecución de estos delitos”, resume el informe de Save the Children sobre la justicia en España frente al abuso sexual.

    La única respuesta institucional dada ha sido endurecer
    la pena al agresor
    Desde la ONG insisten en la importancia de una ley de medidas integrales para proteger a los niños y niñas de la violencia, que plantee la actuación con celeridad, eficiencia y efectividad “considerando que las medidas deben estar basadas en el interés superior del niño”, así como que aborde “la necesidad de una actuación realmente coordinada de las instituciones implicadas que evite la revictimización y mayores sufrimientos al niño o niña”, tal como resume la coordinadora de Derechos de la Infancia, Liliana Orjuela.
    Y no solo después de que se haya detectado un abuso sino que también hay medidas que se podrían aplicar como prevención. Por ejemplo, en el Reino Unido, cualquier centro que incluya profesionales que vayan a desarrollar actividades con menores puede informarse sobre si sus candidatos tienen antecedentes de delitos sexuales.
    Para Orjuela, los centros educativos debían ser lugares de protección. Entendida esta como lo establece la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es decir, libres de cualquier forma de violencia.