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viernes, 15 de mayo de 2015

PRENSA. "¿Qué es genocidio?". Antonio Elorza

   En "El País":

¿Qué es genocidio?

La Alemania nazi y la matanza de armenios replanteó el concepto de crímenes contra la humanidad al englobarlos dentro de un proceso de destrucción generalizado contra una nación, una raza o una religión


ENRIQUE FLORES


Cuando conmemoramos el fin del nazismo y de sus crímenes, que dieron carta de naturaleza al concepto de genocidio, viene bien recordar que el término suele ser manejado sin contar con el propósito del jurista Raphaël Lemkin al acuñarlo. Era este disponer de un instrumento analítico, y no simplemente calificar con gran dureza los actos de barbarie. Masacres, crímenes, hambrunas provocadas, podían encontrar su calificación adecuada como crímenes de guerra o como crímenes contra la humanidad, sin perder tiempo en buscar un neologismo. “Las aguas del Éufrates que bajaban rojas”, según los propios testigos turcos de 1915, fueron la trágica señal del genocidio armenio, pero sin atender al contexto podrían haberlo sido de un crimen masivo de otra naturaleza.
El significado de crimen de guerra es el menos controvertido, y por ello fue utilizado para fundamentar las condenas del juicio de Núremberg. Más compleja es la delimitación de los crímenes contra la humanidad, actos mortíferos contra la población civil, y persecuciones religiosas, raciales y políticas. Antes de que fuera definido por la Carta de París en 1945, la expresión “crímenes contra la humanidad y la civilización” había aparecido ya en mayo de 1915, para designar la represión otomana contra los armenios, El campo cubierto por los crímenes contra la humanidad coincide con el del genocidio: la diferencia reside en que aquellos son acciones o episodios, puntuales o acumulativos, en tanto que el genocidio los engloba en el seno de un proceso de destrucción generalizado, contra una nación, una raza o una religión. La diferencia ha de establecerse también respecto de los “crímenes de masas”: el genocidio requiere la motivación, la voluntad de extinguir al grupo que los sufre.
Desde estos supuestos, entre otros casos posibles, el Gran Salto Adelante, con sus 40 millones de víctimas, habría sido un delirante crimen contra la humanidad, pero no un genocidio, ya que no respondió a una intención de Mao de aniquilar al pueblo chino, sino de imponerle el paraíso comunista. Y fue crimen al insistir Mao en su estrategia aun conociendo la catástrofe en curso. La alevosa invasión de Irak por Bush fue merecedora de análoga calificación. Sí habría sido obviamente un genocidio el conjunto de políticas de exterminio nacional y racial perpetradas por la Alemania de Hitler entre 1939 y 1945, con la centralidad indiscutible de la “solución final” antijudía.
La claridad reivindicada por Lemkin, justamente para hacer operativo el concepto en el marco del derecho internacional, supone tener en cuenta la finalidad perseguida: la secuencia de crímenes contra la humanidad y de políticas dirigidas a debilitar al grupo víctima, hasta el extremo de las matanzas de masas, implica siempre la existencia de una motivación previa, concretada en lo que Lemkin llama “una conspiración”, una estructura organizativa cuyo objeto es la puesta en práctica de la destrucción. La implementación del genocidio no es espontánea: surge de esa conspiración. Esta a su vez tiene detrás de sí un planteamiento ideológico maniqueo, que enfrenta al grupo humano que se considera superior —etnicismo— contra el inferior que supuestamente se le opone, y por consiguiente debe ser destruido.

Su implementación no es espontánea: surge de una conspiración y una ideología maniquea
Con o sin matanza de todos sus miembros, el genocidio implica “un plan coordinado que se dirige hacia la destrucción de los fundamentos esenciales de una nación” (Lemkin). Estas son las precondiciones para su materialización en tres fases: ideología genocida, conspiración, y ejecución, habitualmente posibilitada por la incidencia de una variable externa, de un detonador, casi siempre una guerra que abre la ventana de oportunidad política para el aniquilamiento.
Los sucesivos genocidios del siglo XX registran sin excepción esa dinámica. El antisemitismo forjado en Alemania y en Austria desde el siglo XIX se funde con un nacionalismo mitológico y con el militarismo frustrado de 1918 para, Hitler mediante, sentar las estructuras y el conjunto de decisiones que desembocan en el Holocausto. No tan lejos de ese proceso, el exterminio armenio encuentra en su génesis a un nacionalismo militarista, reforzado por la religión y por un componente etnicista, y activado por otra frustración, la derrota turca de 1913 en las guerras balcánicas. Sin olvidar el antecedente de la lógica de aplastamiento implacable de toda disidencia por el imperio otomano, cuyo legado reencontramos a fines del siglo XX con los musulmanes bosnios como víctimas esta vez de los serbios. “Si os declaráis independientes, os exterminaremos”, advirtió Karadzic a Itzebegovic. Y así fue.
Enmarcado por dos guerras (civil y Vietnam), un complejo coctel en que intervienen la fascinación ante el maoísmo, el estalinismo francés, la versión kármica del budismo, e incluso una peculiar creencia en los espíritus, explica la vocación exterminadora de los jemeres rojos en Camboya. Aquí, como antes sucediera en otros genocidios vinculados a revoluciones, a favor o contra las mismas, el genocidio consiste en la eliminación de una parte del cuerpo social, al que se define como antinacional o contrarrevolucionario. Su antecedente lejano fue el “nacionicidio” jacobino de la Vendée en 1793, denunciado por Baboeuf. Abundan casos recientes, de conceptualización discutida, tales como el aniquilamiento del enemigo de clase o interior en la URSS, por Lenin y Stalin, el de la anti-España por el franquismo o el anticomunista de Indonesia 1965. Una última variante, el genocidio de los hutus contra los tutsis en Ruanda, surgió del odio racial, reforzado por mitos anti-tutsis de exclusión, dando lugar en 1995 al más sanguinario proporcionalmente de todos, con el Estado hutu como protagonista, aunque fuera finalmente derrotado.

Los sobrevivientes de estas barbaries soportan durante décadas la carga del dolor padecido
La motivación inmediata oscila entre la reacción a la inseguridad de una dominación (Jóvenes Turcos, serbios) y el racismo asesino en que coincidieron nazis alemanes y hutus, pasando por la decisión de eliminar a quienes encarnaban la negación del propio proyecto de organización social, fuera soviético o nacionalista. Si añadimos aquí el imperialismo, sería calificable de genocida —“democida”, según Rummel— la dominación japonesa sobre China desde 1937 a 1945.
El genocidio llega de forma inesperada. Resulta necesario, en consecuencia, atender al ascenso de la mentalidad maniquea y de la violencia en determinados movimientos políticos. Por eso tras el precedente armenio, y a la vista de lo que ocurría en la Alemania ya nazi, Raphaël Lemkin se consagró desde 1933 a propugnar que lo que aun llamaba “barbarie” alcanzase un reconocimiento por el Derecho Internacional. Solo así sería posible sentar las bases jurídicas para el castigo de quienes cometieran tales actos, y prevenir su ejecución primero, y su repetición más tarde. Como luego advirtiera Primo Levi: “Lo que ha sucedido, puede volver”.
Importan finalmente las consecuencias históricas y jurídicas que se derivan del genocidio. Ante todo, el olvido, y sobre todo el negacionismo, constituyen las premisas para reincidir en la barbarie. Los efectos de un genocidio son siempre de larga duración. Es así como los sobrevivientes siguen soportando durante décadas la carga del dolor padecido, en unos casos agobiados hasta el suicidio (Primo Levi), en otros sometidos a las consecuencias indirectas de la destrucción, y aquí los armenios vuelven a primer plano. Son los que durante generaciones debieron esconder o vieron eliminada su verdadera identidad en un marco de discriminación étnico-religiosa. Con otras características y menor duración, algo así les sucedió a los vencidos en la España de Franco. Son páginas de una historia necesaria del sufrimiento humano.
En el orden jurídico, la aproximación al pos-genocidio descubre cómo el funcionamiento de una jurisdicción internacional sobre tales crímenes, requerida por Lemkin, ha tropezado con los intereses en juego de las grandes potencias. Nada lo explica mejor que la tardanza en someter a la justicia a los líderes jemeres rojos, protegidos durante mucho tiempo por Estados Unidos, China y Tailandia. O el pronto olvido de Japón. Solo para países débiles, como Ruanda o Serbia, la jurisdicción universal ha sido aplicada sin obstáculos a los culpables de los respectivos genocidios.
Antonio Elorza es editor, con Araceli Manjón-Cabeza, de Genocidio, escritos de Raphaël Lemkin (CEPC, 2015).

lunes, 6 de abril de 2015

PRENSA. "Armenia: el primer genocidio del siglo XX". Antonio Elorza

   En "El País":

Armenia: el primer genocidio del siglo XX

Todavía siguen vigentes las ideas de dos destacados intelectuales turcos, Pamuk y Dink, que ponen en cuestión la negativa oficial a reconocer un horrible crimen contra la humanidad cometido hace ahora cien años


EVA VÁZQUEZ

"¿Quién habla hoy aún del exterminio de los armenios?”. La frase de Hitler, pronunciada el 22 de agosto de 1939, aludía a la inminente campaña de Polonia y anunciaba la dimensión genocida de su política de guerra, culminada con la Shoah. Años atrás, la matanza de los armenios había herido la sensibilidad de un joven judeopolaco, Rafael Lemkin, quien en lo sucesivo empleará todos sus esfuerzos para crear una normativa internacional dirigida a impedir la repetición de tales crímenes. Más aún tras subir Hitler al poder. No lo consiguió y ello supuso que en Núremberg los crímenes nazis fueran condenados desde la inseguridad de normas establecidas ex post facto. Y a pesar de que Lemkin obtuvo la sanción por la comunidad internacional del crimen de genocidio, tampoco ese logro personal significó la puesta en marcha de una jurisdicción universal efectiva para su castigo, salvo en casos de debilidad del Estado culpable (Ruanda, Serbia).
La tragedia armenia de 1915 responde puntualmente a la definición del genocidio por Lemkin. Fue la puesta en práctica de un conjunto de acciones criminales, con el propósito logrado de destruir un pueblo, a partir de un plan preconcebido desde supuestos ideológicos racistas y con medidas complementarias del aniquilamiento físico, tales como una expropiación generalizada. El procedimiento empleado consistió en conjugar la eliminación sistemática de la población masculina con una deportación masiva de ancianos, mujeres y niños, obligados a recorrer a pie cientos de kilómetros, en verano y en el secarral anatolio, sin apenas recursos y sometidos a las agresiones de paramilitares, bandas kurdas y de los propios guardianes. Para acabar en campos de concentración (Alepo) o de exterminio (Deir-es-Zor). El balance más aceptado habla de 1,2 millones de muertos sobre una población previa superior a dos millones. Al término de la Guerra Mundial, con el Imperio derrotado, las autoridades otomanas hacían una estimación de 800.000 víctimas. Mustafá Kemal admitió la cifra y condenó “el exterminio de los armenios”.
La determinación del genocidio correspondió al Gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, quienes en la revolución constitucionalista de 1908 parecieron compartir la idea de una ciudadanía igualitaria con las minorías étnico-religiosas (griegos, armenios, judíos). Hasta entonces, estas convivían bajo la autocracia del sultán en una situación de pluralismo subordinado. Subordinado, porque del mismo modo que existía la superioridad del estamento militar (askari) sobre la masa civil (reaya, literalmente “el rebaño”), en el plano jurídico la población musulmana (turca) prevalecía sobre las minorías, calificadas peyorativamente hasta hoy como yaurs, infieles. La tolerancia otomana tenía además la contrapartida de que cualquier disidencia frente a su dominación desencadenaba una acción punitiva implacable. Las insurrecciones nacionalistas del siglo XIX en los Balcanes fueron ocasión de comprobarlo, y generaron de paso una creciente desconfianza frente a los armenios, cuyo núcleo principal de asentamiento, al margen de Constantinopla, se encontraba aislado en Anatolia oriental. De ahí que cuando el Congreso de Berlín, por el artículo 61, conminó al sultán Abdulhamid II a otorgar reformas a los armenios y protegerles de kurdos y circasianos, el resultado acabó siendo el contrario. Allí donde se esperaban reformas, lo que hubo en 1894-1896 fueron matanzas con decenas de miles de víctimas, repetidas en 1909.
Además el proyecto de modernización política de los jóvenes turcos pronto rechazó el pluralismo, para imponer, desde un nacionalismo militarista, una sociedad turca racial y culturalmente homogénea. Turquismo e islamismo eran los dos pilares en la concepción del ideólogo del movimiento, Ziya Gökalp, autor citado por Erdogan. Las minorías habían de aceptar la superioridad del hombre turco; en caso contrario, la “nación dominante” se liberaría de “elementos cuya deslealtad era evidente”, protegiéndose así de “los pueblos extranjeros” habitantes del Imperio. El principio de la política genocida quedaba asentado. Únicamente faltaba que la derrota otomana por los Estados balcánicos en la guerra de 1912-1913 provocase un éxodo de musulmanes a Anatolia y la consiguiente frustración del vértice militar joven turco, para que el odio al yaur se tradujese en voluntad de aniquilamiento. Así fue cómo sus líderes, Enver Pachá y Talât Pachá, en el Gobierno tras la derrota y fieles a la ideología racista, vieron en la entrada del Imperio en la gran guerra la oportunidad para su ejecución.

“¿Quién habla hoy aún de aquel exterminio?”, se preguntaba Adolf Hitler en 1939
Tras “largas y serias deliberaciones” (Talât) la dirección joven-turca, el Comité de Unión y Progreso (CUP) resolvió definitivamente en marzo de 1915. Siguió la detención de cientos de notables armenios en Constantinopla —de 200 a 650—, la noche del 24 de abril, deportados o asesinados. La única mujer en la lista, la escritora Zabel Yesayan, logró huir; murió en 1940 en el Gulag. La comunidad quedaba descabezada. El 27 de mayo, por iniciativa de Talât, ministro del Interior, el Gobierno decide la deportación general para los armenios en Anatolia oriental. Pero el proceso se inicia mucho antes, en enero-febrero de 1914, cuando Enver Pachá, ministro de la guerra, crea la Organización Especial (OE), formación paramilitar antiseparatista. Los griegos serían sus primeros blancos. En agosto de 1914, el CUP activa la OE para ocuparse de “las personas a eliminar en la patria”, cometido que queda verosímilmente perfilado para los armenios en objetivos y procedimientos desde diciembre, con Talât y el responsable de la OE, Bahettin Shakir, al frente. A partir de fines de 1914 se suceden hechos precursores de un aniquilamiento masivo en el marco de las deportaciones, del cual han quedado abrumadores testimonios de misioneros y cónsules neutrales, incluso de los aliados alemanes. Talât Pachá se lo explicó al embajador norteamericano Henry Morgenthau: “Hemos liquidado ya la situación de las tres cuartas partes de los armenios”; “No queremos ver armenios en Anatolia; pueden vivir en el desierto, pero no en otra parte”.
El 24 de mayo de 1815, Inglaterra, Francia y Rusia habían anunciado al Gobierno otomano su propósito de castigar los crímenes cometidos “contra la humanidad y la civilización”. Llegó la hora con la derrota otomana. Como consecuencia, tras el armisticio de octubre de 1918, los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para dichos crímenes, ahora incrementados en número exponencialmente, pero los desacuerdos en composición y base jurídica, anuncio de lo que ocurrirá en Núremberg, anularon el intento. Tocó a la justicia otomana reconocer el carácter criminal de las matanzas, su terrible volumen, y castigar a los culpables. Ya huidos, fueron condenados a muerte en ausencia Enver, Talât, Çemal y Nazim Bey, y ejecutado un responsable local, el llamado “verdugo de Yozgat”. Poca cosa, compensada por una importante documentación probatoria, hoy en la Library of Congress.
Más tarde no faltó el epílogo de los miles de griegos y armenios asesinados y deportados tras la ocupación de la yaur Esmirna, en septiembre de 1922, una vez vencida la invasión griega. Kemal fue aquí testigo pasivo.

El Gobierno nacionalista fue el responsable de la decisión que condujo a la masacre
Dos destacados intelectuales, el novelista Orhan Pamuk y el periodista turco-armenio Hrant Dink, se preguntaban hace una década por la inexplicable negativa de la Turquía democrática a reconocer el exterminio armenio. Admitirlo en 1920 hubiese sido suicida, puesto que equivalía a legitimar la desmembración de Turquía, pero esa razón no era válida un siglo más tarde. ¿Por qué identificarse con los crímenes de unos antepasados, que además no fueron todos los antepasados, ya que la primera condena de las matanzas y de sus culpables corrió a cargo de consejos de guerra otomanos, e incluso Mustafá Kemal la refrenda en octubre de 1919 al exigir la exclusión “de los unionistas y personas que se mancharon con los actos depravados de la deportación y de la matanza?”. Pero Dink fue asesinado en 2007, y Pamuk sufrió acusaciones y una durísima campaña como enemigo de “la dignidad de la nación”. Sus ideas, no obstante, avanzaron. El alcalde de Kars, hoy turca, antes armenia, levantó una “estatua de la humanidad” por la reconciliación de ambas naciones. Erdogan impulsó su demolición, y ahora remite el tema a unos archivos depurados desde 1918.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.