PRENSA. "300.000 a la calle", por Concha Caballero

Concha Caballero

   En "El País. Andalucía":

300.000 a la calle

Desde que gobierna el PP se han perdido unos 150.000 empleos en la Administración

CONCHA CABALLERO  8 SEP 2012 

Primer día de vuelta a clase. Salón de actos o aula de cualquier instituto preparado para los exámenes de septiembre. A primera hora de la mañana los profesores han recibido una circular que les comunica que deben hacerse cargo de los exámenes y evaluación de los estudiantes correspondientes a los miles de interinos despedidos. Todos se preguntan cómo evaluar a alumnos cuyas tareas y planes de recuperación desconocen. A pesar de esta circular, en cientos de centros, gran parte de los interinos han acudido a los exámenes de septiembre. Llevan sus carpetas, sus exámenes y anotaciones. Saben perfectamente que no cobrarán ni un euro del mes de septiembre. A pesar de eso, si les preguntas, se encogen de hombros y te contestan: “Lo sabemos, pero no podíamos dejar colgados a los chavales”. Muchos se han quedado en el centro para corregir los exámenes y han dejado a sus compañeros unos folios con las notas de sus alumnos y con aclaraciones en caso de duda. Sus calificaciones parecen un pequeño testamento de bondad y de profesionalidad. Son 4.526 docentes solo en Andalucía. La Administración no sabe lo que tiene ni lo que pierde.

Esta última oleada de paro no se escribe con el ladrillo, ni con las máquinas industriales, sino con la tinta azul de la Administración pública. O sea, se escribe con la tinta de los derechos sociales y la calidad de sus servicios públicos. Es toda una opción política e ideológica. Lo tenían escrito de antemano bajo las consignas de adelgazar el Estado; con su propaganda de desprestigio de la función pública; con sus aireadas consignas sobre duplicidades y gastos innecesarios; con la mentira repetida de que en España —aunque los datos reales son radicalmente contradictorios— el sector público está sobredimensionado.

Pero no son puestos innecesarios los que se suprimen, sino los esenciales, los básicos. El país se puebla de profesores en paro, de personal sanitario despedido, de trabajadores de los servicios públicos arrojados a la calle en el mejor momento de su vida laboral. Se ha diseñado un sacrificio inútil, una mutilación descarada de los servicios públicos que no aparecía en ningún programa electoral, pero sí en los think tank del pensamiento conservador. Se ha puesto excesivamente el acento en el recorte económico de los sueldos de los funcionarios públicos, pero se ha hablado muy poco de esta malévola jugada del aumento de jornada laboral cuyo único objetivo es poner de patitas en la calle a 100.000 trabajadores.

La propia izquierda, que no se atreve a enarbolar la bandera del reparto del empleo, apenas ha hecho unas cuantas notas a pie de página de este siniestro plan que va a empobrecer gravísimamente la calidad de nuestras escuelas, de nuestros hospitales y de nuestros servicios sociales.

Desde que gobierna el PP se han perdido unos 150.000 empleos en la Administración. Las comunidades gobernadas por la derecha han sido la avanzadilla de este terrible ERE masivo del Estado. La marea verde de Madrid y de Valencia no ha conseguido parar los planes de recortes públicos. Tras ese experimento, las nuevas medidas de aumento de jornada y de congelación de las ofertas de empleo público, conseguirán elevar hasta 300.000 el número de empleados públicos despedidos. El próximo año será aún peor porque, según avanza el Gobierno, los Presupuestos Generales supondrán un “ajuste duro y una dolorosa reforma de la Administración pública”.

Es el momento de recordar que los servicios públicos son la única muralla que nos separa de la desigualdad absoluta. Se trata de los que curan, enseñan, investigan, atienden, garantizan la seguridad o apagan los fuegos. Más del 30% de ellos son interinos, eventuales o personal contratado. Si prescindimos de su trabajo, se empobrecerá de forma alarmante todo nuestro sistema público. De hecho, ya está ocurriendo: en algunos hospitales la situación empieza a ser insostenible y en la enseñanza pública se acaba cualquier proyecto de integración y de personalización. O a lo mejor es ese el efecto buscado. A fin de cuentas, según el Gobierno, por cada puesto que se suprime en la Administración, surgirá un nuevo empleo en el sector privado. Pagando, claro.

PRENSA. "Falta de educación", por Concha Caballero

Concha Caballero. Foto de Carmen Herrera

En "El País":

FALTA DE EDUCACIÓN

Concha Caballero 13 ABR 2012

   No existe casi ninguna profesión que se lleve la mitad del trabajo a casa. Cuando se cierra el taller, la oficina, la obra o el comercio, los trabajadores no se llevan los materiales para continuar su trabajo en las horas de descanso. No hay ningún oficio en el que el estudio y la preparación del material no se computen como tiempo trabajado o que ni siquiera el tiempo del bocadillo cuente como horario laboral. Si se aplica esta fórmula, los futbolistas solo trabajan los 90 minutos del partido y los redactores el tiempo justo que están ante las cámaras. No hay ningún oficio en el que no cuenten para nada los traslados, ni las horas extraordinarias dedicadas a actividades o acompañamiento de alumnos. No hay una sola profesión que no ofrezca los instrumentos de trabajo gratis excepto en la enseñanza, desde el boli rojo, al bloc de notas, el ordenador portátil o el pendrive sempiterno que nos acompaña como una cruz laica.
   Los profesores nunca van a hacer la huelga que pondría de manifiesto su función ni sus horas de trabajo: dejar de pasar las mañanas de los sábados y los domingos corrigiendo ejercicios, o acompañar el café de la tarde con las fichas de la clase que daremos el día siguiente.
   En España, según el último estudio sobre el Panorama de la Educación, el horario lectivo del profesorado es de los mayores de la Unión Europea y de la OCDE, pero este dato es ocultado porque detrás de los recortes y de la reforma que nos anuncian no hay el afán de mejorar la educación pública, sino de reducir sus posibilidades y fomentar la enseñanza privada.
   Mucho antes de que estallara la crisis económica, los "think-tank" de la derecha —incluyendo el actual ministro de Educación— lo habían teorizado. Según sus tesis la inversión en la enseñanza pública era desproporcionada y habría que buscar un mayor equilibrio con la iniciativa privada. En medio de las invocaciones al esfuerzo del alumnado y a la autoridad del profesor, introducían la idea de aumentar el número de alumnos por aula y limitar los programas compensatorios. Abogaban por aumentar los conciertos con la enseñanza privada, privatizar el bachillerato y hacer mucho más exclusiva la Universidad. Esperanza Aguirre no es un verso suelto sino la portavoz de todo el clasismo cañí hecho carne.
   A todo esto nos quieren conducir de cabeza. Cuando en los centros educativos consigan ampliar el número de alumnos por aula en la enseñanza pública hasta cuarenta —como en los mejores tiempos del franquismo—, habrán conseguido gran parte de sus objetivos; cuando consigan que la sociedad torpemente crea que el profesor es un ser privilegiado al que hay que cargar con horarios insoportables y aulas masificadas, su revolución conservadora habrá llegado a su fin.
   Los recortes que nos anuncian no son para ahorrar dinero público. No nos engañemos. Es fácil hacer este simple cálculo: los interinos despedidos se acogerán inmediatamente a su derecho a cobrar el desempleo. Es decir, el dinero ahorrado en salarios se gastaría en el pago de las prestaciones por desempleo y en falta de falta de recaudación de la seguridad social. Solo en Andalucía, quince mil personas que cumplen funciones educativas como profesorado interino serían puestas de patitas en la calle en un acto de injusticia y despilfarro que no ahorraría prácticamente ni un euro a las finanzas públicas.
   El sacrificio que se exige al profesorado no será para mejorar la enseñanza, sino para masificar las aulas, suprimir las tutorías, despedir interinos y poner fin a la débil atención personalizada. Los efectos, en pocos años, serán terribles. Cada euro que se reste a la educación, cada alumno de más en las aulas, cada beca de menos en las universidades, cada tasa de más en los precios públicos, nos pasará factura en el modelo social y en la economía en muy pocos años. La educación, a diferencia de otros departamentos, no trata con cosas, sino con personas, con inteligencias y con capacidades. Es un delicado tejido cuyos desgarros son irreversibles. Por eso en Andalucía es necesario echar coraje, imaginación e inteligencia para sortear estos recortes y apostar, de verdad, por la educación pública.