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lunes, 9 de marzo de 2015

PRENSA. "Traficadas. el negocio de la trata de mujeres en México"

   En "El País":

Traficadas. El negocio de la trata de mujeres en México

México es el país americano con más mujeres desaparecidas que son convertidas en esclavas sexuales. El tráfico de mujeres es un negocio en alza


Barrio de la Merced, uno de los tradicionales de prostitución de México D.F. donde trabajan unas 1500 mujeres. / NURIA LÓPEZ TORRES

Diana Angélica era una niña alegre y optimista. De cuerpo menudo, ojos grandes almendrados, y cara angelical. El 7 de septiembre de 2013 su madre se despidió de ella como cada mañana cuando se iba al colegio… Y nunca más la volvió a ver.
Historias como esta engrosan cada día la enorme lista de niñas y mujeres desaparecidas en todo México. Un drama silenciado que desgarra a la sociedad del país. Estas desapariciones forman parte de un entramado de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Los feminicidios de Ciudad Juárez son solamente una parte de este gravísimo problema que golpea profundamente a millares de familias.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han desaparecido en sólo nueve estados del país 9.200 mujeres y niñas. Entre junio de 2011 y junio de 2012 sólo en el estado de México fueron 955, de las que el 60% eran menores de 17 años. María de la Luz Estrada Mendoza, presidenta de esta organización, puntualiza, sin embargo, que no existe una cifra oficial fiable de desaparecidas, porque los gobiernos, dice, maquillan los datos. El estado de Veracruz reconoció de forma extraoficial que en su territorio hay 6.000 desaparecidas. El resto de estados, sin embargo, se niegan a dar información al respecto y los pocos números que aportan a las estadísticas de las entidades son ridículos, muy inferiores a las que estas mismas manejan. Es este un problema invisibilizado social y políticamente.
En los últimos años, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual ha pasado a ser el segundo negocio más lucrativo en México, después de las drogas. Así lo indica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Pero lo que más preocupa a los autores es que algunos militares han entrado a formar parte de la red de secuestros y explotación sexual, así como los narcotraficantes, que ven en este rentable negocio una forma de diversificar sus ingresos. Al sur del país, en el estado de Oaxaca, la persona que controla el negocio de la trata y la explotación sexual es un “militar de alta graduación”, asegura Elvira Madrid, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C, una ONG que trabaja en favor de los derechos de las prostitutas y en contra del tráfico de mujeres.

Levantones sexuales

Existen diferentes formas de captar a las mujeres y niñas. Una de ellas es la conocida como levantón. El crimen organizado tiene a hombres que controlan determinadas zonas o barrios, se fijan en una posible víctima —casi siempre muy jóvenes y de complexión delgada—, la vigilan unos días para conocer su rutina y, cuando pueden, la suben de forma violenta a una camioneta. Y desaparece. A veces, no hay ni vigilancia previa. Simplemente ven una muchacha que les gusta, paran el vehículo y la suben en el acto.
Otro de los sistemas es a través de falsos anuncios de empleo. “Mi hija Fabiola vio un anuncio enganchado a una farola en el que se buscaba a una mujer para cuidar a una persona mayor. Llamó por teléfono y la citaron al día siguiente a las diez de la mañana, en el mismo lugar donde lo había encontrado. Ella me pidió que la acompañara y así lo hice, pero no se presentó nadie. Fabiola volvió a llamar y le dijeron que había surgido un problema con la persona que tenía que ir y la volvieron a citar al día siguiente. En esta ocasión, no la pude acompañar porque tenía que ir al médico…y ya nunca más volvió”, relata Rosa María, madre de una víctima. Fue el 10 de enero de 2012.

Impunidad e indefensión

Es sabido por todas las organizaciones y activistas que trabajan en contra del tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que algunos miembros de la policía municipal de Ecatepec —donde desaparecen gran cantidad de mujeres— controlan este negocio. Son las prostitutas que ejercen de forma libre las que denuncian extorsiones de los agentes que quieren deshacerse de ellas porque son testigos incómodos de sus turbios negocios. Así lo cuenta Elvira Madrid, directora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C.
Según su relato, cada noche, la policía lleva en sus coches a niñas a los diferentes puntos de prostitución de este municipio. Ellas deben conducir a los clientes a un lugar acordado con los policías, para que estos puedan extorsionarles por estar con una menor de edad.
Rosa María Reyes, madre de la desaparecida Fabiola, tiene muy claro por qué no se resuelve el caso de su hija: “Es por la incompetencia de la policía que hasta ahorita no ha hecho nada. Se le han entregado infinidad de pruebas para que actúen y no han hecho nada. Incluso han llegado al sarcasmo. A veces les he dicho pues que me maten ya para que me quiten este dolor”.
Muchas de las familias de las desaparecidas argumentan las mismas carencias en las actuaciones policiales y órganos encargados de las investigaciones. Coinciden en señalar que se encuentran con unos niveles altísimos de ineptitud. Las sensaciones de impotencia y desesperación son compartidas. En la mayoría de los procesos, las familias van por delante en las investigaciones y aportan pistas que, en muchos casos, son ignoradas. En el peor de los casos, incluso reciben amenazas para que cejen en sus indagaciones, como les ha pasado a algunas madres.
María Soledad vive bajo amenaza de muerte porque salvó a su hija de 14 años de las redes de la explotación sexual. Durante seis meses trabajó como prostituta para llegar hasta ella y al hombre que la retenía, conocido como el Bombacho. Esta mujer pequeña, de expresión dura y con un valor infinito, cuenta con serenidad su historia. “Mi orgullo es que se la quité con vida, porque él nunca las deja escapar con vida. Ahora, mi cabeza tiene precio y yo sigo esperando a ver qué me va a hacer. Por lo que yo le hago penalmente responsable de lo que me pase… Ahorita él está en la cárcel por cortesía mía… pero saldrá en tres años. Leestán abriendo otros procesos y espero que no salga nunca porque sus crímenes son muy grandes”, zanja.
La impunidad, sin embargo, viene cimentada por décadas de crímenes y delitos sin resolver en México. Ésta dinámica es la generadora de sociedades endémicamente enfermas, que afecta a los cimientos y pilares de la democracia, generando una sociedad incapaz de defender los derechos básicos de sus ciudadanos. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violaciones de los Derechos Humanos, una forma de esclavitud moderna, y una de las caras más amargas de la violencia de género.
Fabiola es del municipio de Ecatepec, uno de los lugares de donde más mujeres desaparecen de todo el Estado de México, como coinciden en afirmar la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desparecidos A.C., la Coalición Contra El Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, y la Brigada Callejera de Ayuda a la mujer Elisa Martínez A.C. Estas organizaciones que trabajan contra el tráfico de personas y la explotación sexual tienen claras evidencias de que algunos policías locales del municipio participan en estas redes. La familia de Fabiola sabe con certeza, por diferentes pistas y testigos, que ella está siendo explotada como esclava sexual. Sin embargo, la negligencia, desidia y en algunos casos la connivencia de la policía, hace que el caso de la joven se encuentre en una vía muerta.
“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, gritaba Rosa María durante la manifestación que tuvo lugar en México DF el día de la madre, organizada por las diferentes asociaciones de familiares de desaparecidos, y que convocó a personas llegadas desde todos los estados del país. A su lado estaba Tadeo, hijo de Fabiola de siete años de edad, quien, con un gran cartel de su madre colgado en el pecho, repartía incansablemente folletos en los que se ofrecía una recompensa de 300.000 pesos (unos 17.500 euros), a la persona que aportara información útil para encontrarla. Su expresión de esperanza mientras corría como un loco de un lado a otro, dando impresos a todo el mundo, no dejaba indiferente a los asistentes.
Semanas más tarde, en casa de su abuela, preguntado por qué diría a las personas que tienen retenida a su mamá, el pequeño respondió así: “Me llamo Tadeo. A las personas que se la llevaron, devuélvanmelas. Porque a mí me hace más falta que a ustedes, así que devuélvanmelas. Es lo que yo tengo dentro de mi corazón, que nada más que tengo a mi papá. Que cuando veo a todas las familias juntas, me pongo triste porque mi familia todavía no está junta. Y decirles que si me pueden dar su dirección para que vaya a por ella”.
El tercer sistema de captación de mujeres es más sofisticado y retorcido. Es el de los llamados padrotes, hombres que se dedican a enamorar a las menores de edad, hasta que consiguen alejarlas de sus familias —tienen estipulado un tiempo de tres meses de media para conseguirlo—, para posteriormente llevárselas a otro estado. Es allí cuando su novio cambia radicalmente y le muestra la cruda realidad. Inmediatamente, la pone a trabajar. Algunos incluso las dejan embarazadas y, cuando nace el niño, se lo quitan para chantajearlas con la vida de la criatura. Para los padrotes las mujeres son objetos de su propiedad que deben proporcionarles beneficios. Así lo ha corroborado Elvira Madrid, socióloga con 27 años de experiencia en el trabajo de campo con víctimas. Muchos de estos hombres no consideran que esto sea un delito, sino simplemente una forma de ganarse la vida. La cultura machista tiene aquí su máximo exponente como se desprende de los testimonios de las mujeres explotadas entrevistadas.

Víctimas de explotación sexual

Alejandra fue vendida con 10 años a la dueña de uno de los muchos tables dance (locales de baile erótico) que existen en México. Ella fue a parar a la ciudad de Toluca, Estado de México. Sus tías, que se dedicaban al tráfico de drogas y otras actividades ilegales, llegaron un buen día y le dijeron: "Tú ya estás buena para trabajar". A su madre le aseguraron que la llevaban a trabajar a una fábrica. Agobiada por las deudas, no dio crédito a las quejas de su hija pensando que eran excusas para no ir a trabajar.
“Trabajaba de lunes a domingo, de nueve de la noche a siete de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días…”, relata, ahora ya liberada, Alejandra. Durante dos años la obligaron a bailar y prostituirse. Hasta que fue violada por un tío abuelo y se quedó embarazada. Su madre la forzó a tener a la criatura y, después de dar a luz, la niña huyó y nunca más volvería a ver al bebé. Con 12 años llegó a Michoacán, donde conoció a un padrote que la enamoró y la dejó embarazada. Tuvo un niño que el padre le arrebató para chantajearla (y al que nunca pudo criar). Tiempo después tendría una niña.
Cuando su hija tenía un año, Alejandra intentó escapar, pero su explotador la encontró y la amenazó a punta de pistola con matar a la niña. Durante 18 años trabajó para el padre de sus hijos y la familia de este como una esclava sexual. Finalmente, reunió las fuerzas necesarias para huir con su hija, aunque lamentablemente tuvo que renunciar a su otro hijo. Alejandra continua ejerciendo la prostitución, ahora de forma libre, en el barrio de la Merced de México DF, el barrio tradicional de prostitución de la ciudad. Como ella, allí trabajan unas 1.500 prostitutas en la calle, pero la cantidad podría ser mayor porque no están contabilizadas las que están en locales internos, subrayan desde la ONG Brigada Callejera de Ayuda a la Mujer Elisa Martínez, A.C.
El caso de Rebeca no es muy distinto. Ella fue explotada con 11 años por su padre y tres socios de este que tenían una red de tráfico de mujeres en Estados Unidos (Miami y Tampa, Florida). Su abuela la envió con su progenitor para que escapara de los abusos de los que era víctima por parte de su padrastro en México. Pero no sabía que la estaba enviando al infierno. Con 17 años consiguió escapar y regresar a su país. Llegó a la capital y, desesperada por encontrar un trabajo, pensó que la fortuna por fin se había acordado de ella, al encontrar un anunció en la estación de autobuses, en el que solicitaban chicas jóvenes como asistentes domésticas.
Rebeca acudió a la cita con el empleador. Se encontró montada en una camioneta con otras 17 chicas, pero nunca sospechó que su destino final sería un edificio en el barrio de prostitución de la Merced, ni que durante tres años y medio estaría encerrada sin ver la luz del día, siendo explotada sexualmente otra vez. “Me tocó ver cómo mataban a golpes a una muchacha porque no dio todo el dinero que había ganado un día. Me tocó ver que a otra la asesinaron porque no quiso salir a trabajar a la calle, a esa sí a sangre fría. La mataron”, recuerda. “Si trabajabas más, te tocaban dos comidas; si no, no comías… Si no sacabas suficiente [dinero] a veces te dejaban con la misma vestimenta y no te bañaban hasta que volvías a trabajar bien; si estabas con la regla, te ponían un tapón y así tenías que seguir trabajando. Si un cliente se quejaba de que no te habías dejado hacer algo, entraba la mujer o el hombre encargados y te daban de golpes”, continúa ahondando en su memoria.
Rebeca fue rescatada por un policía federal que durante tres meses estuvo investigando qué pasaba en aquel hotel. Cada ocho días, la visitaba haciéndose pasar por cliente fijo. Ella le facilitó toda la información que pudo. El federal acogió a Rebeca y su compañera de cuarto en su casa los primeros días, hasta que ellas hicieran sus declaraciones y reconocimiento de los detenidos. Su esposa les facilitó comida y ropa. Pero el segundo día, a las siete de la tarde, llamaron a la casa del agente para notificarle a su mujer que él había sido asesinado. Rebeca rememora aquel trágico momento que presenció.
Rebeca sigue ejerciendo la prostitución tras ser liberada Tiene a su cargo a su madre y dos sobrinos pequeños, que abandonó uno de sus hermanos tras quedarse viudo. Rebeca es una luchadora nata: tiene muchas ganas de dejar esta vida y, gracias a Brigada Callejera de Ayuda a la Mujer Elisa Martínez, y muy especialmente a Elvira Madrid, está estudiando para enfermera. Es uno de sus sueños.
Mientras contaba su truculenta historia, su rostro redondo esbozaba en todo momento, una hermosa sonrisa de serenidad. Relataba su historia como si fuera la de otra persona. Se esforzaba por mostrar fortaleza, sus ojos negros se llenan de lágrimas y se le quiebra la voz al decir: “Es difícil cuando ves que pudiste tener otro tipo de familia y no es así. Pero aprendes que cuando estás más abajo es cuando te debes de sentir más arriba. Cuanto más te pisoteen, más debes de salir adelante. Y si sigo aquí es porque tengo algo que hacer y tengo que superarme”.

viernes, 6 de marzo de 2015

PRENSA. "La memoria rescatada de los mexicanos linchados"

   En "El País":

La memoria rescatada de los mexicanos linchados

EE UU, en pleno cambio demográfico y social, redescubre la historia de las víctimas latinas de la violencia ‘anglo’

 Washington 1 MAR 2015  

  • Los cadáveres de los mexicanos Arias y Chamales cuelgan de una horca de Santa Cruz (California), en mayo de 1877.


    “Un deporte al aire libre”. Así definió la práctica de linchar mexicanos en California el periodista Carey McWilliams. McWilliams, autor de North from Mexico (Al norte de México, 1948), un libro de referencia sobre los mexicanos de Estados Unidos, fue uno de los pocos en preservar la memoria de un episodio vergonzoso en un país que nunca deja de revisar su joven historia.
    El recuerdo de la muerte, a manos de las turbas anglosajonas, de centenares, seguramente miles, de ciudadanos de origen mexicano entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, quedó esparcida en canciones populares, en leyendas que contaban de padres a hijos, en un puñado de westerns y novelas de género. Era un recuerdo vago, una historia remota, medio olvidada.
    Pero jamás, hasta que los historiadores William Carrigan y Clive Webb se pusieron a investigar, se desvelaron las dimensiones de los linchamientos a mexicanos, superados solo por los linchamientos de negros en el Sur hasta mediados del siglo XX.
    EE UU se transforma y también se transforma la manera de contar la historia, más allá de la mitificación del patriotismo más superficial. Cambia la demografía: los latinos —la mayoría, de origen mexicano— son la minoría más pujante. Y cambia el pasado, que nunca es estático: Estados Unidos incorpora otros traumas al acervo común.

    Visiones divergentes del pasado

    “Los blancos y los mexicanos recuerdan el pasado de manera distinta”, dicen los historiadores William Carrigan y Clive Webb en un correo electrónico. “Mientras que es posible que los blancos vean la violencia en la frontera contemporánea como algo conectado solo al presente, a las tensiones tras el 11-S por la inmigración, los mexicanos sitúan la violencia en un contexto histórico más amplio y lo conectan a episodios pasados de nativismo violento y prejuicios”, explican los autores del libro Muertos olvidados.
    Las diferentes visiones del pasado, las memorias múltiples, pueden complicar el diálogo. Carrigan y Webb ven más diferencias que similitudes entre los episodios que estudian en su libro y casos actuales de xenofobia o abusos: no hay un vínculo directo. Pero para muchos, la asociación es inevitable. “La cuestión”, dicen, “es que las autoridades no entienden por qué tantos mexicanos sí ven conexiones”.
    Muertos olvidados: violencia en grupo contra mexicanos en Estados Unidos 1848-1928 es el título del libro de Carrigan y Webb, publicado hace dos años. Los hechos quedan lejos y son incomparables con cualquier discriminación del presente. La publicación reciente de un informe que amplía en 700 el número de muertes conocidas por linchamiento de afroamericanos, sumada al goteo de noticias sobre arbitrariedades policiales, y a los debates sobre la inmigración, coloca la tragedia bajo otra luz: los negros no fueron las únicas víctimas del racismo.
    Farmington (Nuevo México), 16 de noviembre de 1928. Cuatro hombres enmascarados irrumpen en el Hospital del Condado de San Juan y se llevan al paciente Rafael Benavides. Benavides es un pastor ingresado tras agredir a una niña mexicana, asaltar a una mujer anglosajona y quedar malherido por los disparos de los agentes del sheriff. Los enmascarados se lo llevan en un camión a una granja abandonada. Le atan una soga al cuello y lo cuelgan de un árbol. Los asaltantes nunca serán juzgados.
    Benavides, cuya muerte reconstruyen Carrigan y Webb, disfruta del raro privilegio de ser la última víctima mexicana de la violencia en grupo y extrajudicial documentada. Los historiadores han documentado 547 víctimas mexicanas (inmigrantes y estadounidenses de origen mexicano), pero el número total de personas “ahorcadas, quemadas y tiroteadas” es superior. Fueron miles, según la estimación de Carrigan y Webb.
    Con el ahorcamiento de Rafael Benavides terminó una era que había empezado en 1849, tras la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos, la anexión de Texas por EE UU y la transferencia a este país, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del actual suroeste del país. La frontera política se desplazó centenares de kilómetros, pero los mexicanos siguieron allí; los anglosajones eran los recién llegados, los inmigrantes, pero unos inmigrantes que intentaban imponer su ley en un medio hostil. Las tensiones eran inevitables.
    Existía una justificación racional para el llamado vigilantismo —el mantenimiento del orden público por parte de individuos o grupos civiles— y los linchamientos. En el Oeste, un territorio donde el Estado era débil y la justicia lenta, ineficiente o directamente ausente, muchos veían en los procesos y ejecuciones informales la única opción para combatir el crimen en ese territorio.
    Carrigan y Webb cuestionan que la persecución de mexicanos fuera una mera reacción de las carencias del sistema judicial en las tierras de frontera. La violencia no se explica sin los prejuicios raciales y la competición económica. “El trasfondo de tanta violencia entre anglos y mexicanos puede ligarse a la pugna por el oro, a conflictos aparentemente constantes por la tierra y el ganado o a la batalla por los términos y las condiciones laborales”, escriben.
    El 3 de mayo de 1877 de madrugada, Francisco Arias y José Chamales se hallaban en la prisión de Santa Cruz (California) cuando una muchedumbre se los llevó. Les acusaban de robar a un carpintero, recuerdan Carrigan y Webb. Les ahorcaron sin juicio y nadie respondió por el crimen: un deporte al aire libre, como dijo McWilliams.
    En 1990, el poeta de Brooklyn Martín Espada describiría en un poema los rostros, “descoloridos como peniques de 1877”, de la muchedumbre que se acercó para ver a los muertos. Arias y Chamales presentaban “la mueca dormida de los cuellos rotos”. En la fotografía de aquel linchamiento, que ilustra esta página, la mirada del público y la mueca de ajusticiados cruzan los siglos.

    Negros y latinos

    1. Los historiadores Carrigan y Webb documentan 547 casos de muertes de mexicanos por linchamiento entre mediados del siglo XIX y 1928, aunque el número total puede elevarse a miles. El número documentado de negros linchados en el sur de EE UU es de 3.959, según un recuento reciente.
    2. Una diferencia entre negros y mexicanos ante la violencia blanca fue la resistencia. Los negros, tras el fin de la esclavitud, volvieron a ser una clase subyugada. Los mexicanos, en cambio, eran dominantes en partes del Oeste y disponían de ayuda en la diplomacia de México.
    3. Los mexicanos linchados, a diferencia de los negros, raramente eran acusados de violencia sexual contra sus mujeres: los anglos no veían a los mexicanos como una amenaza en este sentido, como sí les ocurría con los negros. En el caso de los mexicanos, los motivos de los linchamientos eran sobre todo económicos.

    jueves, 5 de febrero de 2015

    PRENSA. "Los niños que no existen"

       En "El País":

    Los niños que no existen

    Un tercio de los menores del mundo no tiene registro de nacimiento, lo que les priva de numerosos derechos. Así lo intentan solucionar en República Dominicana

     San Juan de la Managuana (República Dominicana) 15 ENE 2015 


  • Daniela, de 20 años, con su hijo de cuatro. Ninguno está inscrito en el registro. / ORLANDO BARRIA

    A unos 20 pasos del paritorio del Hospital Regional Docente Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana —en el oeste de la República Dominicana—, hay una oficina censal donde teóricamente se deben inscribir todos los recién nacidos para adquirir su cédula de identidad. Es un trámite aparentemente sencillo que no dura más de cinco o diez minutos. Pero el 60% de los bebés abandonan este recinto sin ser registrados. Y una vez que salen por sus puertas, no siempre vuelven a entrar a completar la burocracia. Uno de cada cinco niños del país caribeño no existe. Su nombre no figura en ningún lado, el servicio de salud no los reconoce —aunque les atiende— y el Estado tampoco los puede reclamar a sus padres si no van a la escuela, porque en ningún lugar están inscritos; el colegio les admite, pero no pueden graduarse porque oficialmente nunca nacieron.
    Daniela lo hizo hace 20 años, aunque ningún papel lo recoja. No pudieron inscribirla porque su madre tampoco estaba documentada. Igual que su abuela, de orígenes haitianos. El hijo de Daniela, de cuatro años, lógicamente carece también de identificación, ya que su madre, su abuela y su bisabuela no tienen documento que atestigüe que existen. Son cuatro generaciones nacidas en la República Dominicana que no han podido disfrutar de muchos derechos que eran suyos.
    Este problema de falta de identificación infantil afecta a alrededor de 230 millones de niños en el mundo: uno de cada tres, según una investigación de Unicef realizada en más de 160 países. Los lugares más comunes son Asia y África Subsahariana, especialmente en entornos rurales. "El certificado de nacimiento es el primero de los derechos fundamentales porque abre la puerta al resto de los derechos", recuerda Seven Blight, consejero regional de Unicef. República Dominicana es la segunda por la cola en Lationamérica, con un 19% de niños sin registrar según la última encuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, solo superada por Bolivia.
    El caso de Daniela, que vive en el batey —un asentamiento chabolista en torno a una plantación de caña de azúcar en la cual la mayoría de sus habitantes trabajan, o así lo hacían en el pasado— es una pescadilla que se viene mordiendo la cola desde hace décadas, desde que los padres de su abuela llegaran indocumentados a la República Dominicana de su vecino (más) pobre: Haití. Es un caso muy típico en el país caribeño, donde los haitianos son a menudo considerados como una clase inferior cuyos derechos no parecen muy importantes.

    Uno de cada cinco niños del país está sin inscribir. Problemas burocráticos relativamente sencillos de resolver o trabas migratorias son las principales causas
    Pero las razones de este 19% de niños indocumentados en el país son muchas veces más simples. Despiste, falta de información, problemas con las nominaciones que no se llegan a resolver —en el país los apodos son tan generalizados que hay quien los aporta para trámites oficiales—, parturientas que olvidan su cédula de identificación, no pueden inscribir al niño en el momento y después nunca lo hacen... “Si fuese un país donde el parto se realizase en casa, sería más normal la falta de registro, pero en la República Dominicana el 99% de los bebés nacen en las maternidades, aquí la inscripción no debería ser un problema”, asegura Eduardo Gallardo, especialista en Protección de la Niñez de Unicef en el país.
    El fondo de la infancia de Naciones Unidas lidera un proyecto piloto para aumentar los inscritos en el país. Están trabajando en cuatro hospitales piloto (entre los que se encuentra el de San Juan de la Maguana) para aumentar la inscripción al 70% de los nacidos que salen de sus puertas; hoy la media está en tan solo el 30%. La experiencia comenzó el pasado septiembre y pronto se conocerán los primeros resultados.
    En una reunión entre el personal de Unicef, los responsables del Censo —un poderoso organismo gubernamental del país— y los del hospital, abordan los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos. Discuten durante más de una hora. “Vuestra misión es ir a la caza de niños que no se hayan registrado. Que no salgan de aquí sin documentación”, les espeta Gallardo. Los temas que tratan son variopintos. “Mucha gente no sabe leer [en el país la tasa de analfabetismo es del 9,1%], por mucho que tengamos la oficina, si no se les explica que está ahí y que tienen que acudir, no lo harán”, dice Julio del Cristo, oficial de la oficina del censo en la localidad. “Podemos ofrecerles materiales audiovisuales, ¿tienen televisores y vídeos?”, replica Gallardo. “Están rotos”, cierra Héctor Ortiz, director del hospital. “El personal sanitario debe hacer una labor divulgadora en estos casos”, continúa Gallardo. “El problema es que muchas veces tienen tanto trabajo con los partos que no se encargan de la burocracia”, apunta un ayudante de la dirección del hospital. El director concluye enérgico: “¡Estoy harto de excusas! Vamos a hacer una comunicación a todos los médicos. El que atienda un parto y no inscriba al bebé, no se va a casa”. Esto tiene unos matices: no siempre es posible hacerlo en el centro porque en ocasiones los padres carecen de toda la documentación necesaria. Pero si quienes cuentan con ella lo hicieran, las cifras de inscripción hospitalaria subirían de forma meteórica.


    Sala del censo del Hospital Regional Docente Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. / ORLANDO BARRIA
    Los problemas para solucionar la inscripción parecen relativamente sencillos, una cuestión de voluntad y formación más que de medios. Pero, ¿qué sucede con las personas ya adultas que no cuentan con su cédula? Volvemos al batey de de Haití Mejía, en San Pedro de Macorís. Allí Daniela estudia, pero sabe que no le darán título escolar si no consigue una cédula antes. Es frecuente que los trámites para conseguirla a veces se alarguen, pero es posible si se accede a la documentación del hospital, donde deben quedar registrados todos los nacidos vivos, aunque esto no constituya una identificación oficial. De lo contrario, testimonios jurados de parteras, curas, maestros, vecinos y cargos de la municipalidad pueden servir para conseguir la identificación, que es más complicada cuanto más oscuro se el color de piel, según cuentan varias personas que están familiarizadas con el trámite —aunque no siempre es así, por lo general los dominicanos tienen la tez más clara que los haitianos—.
    La burocracia cuesta dinero. No es excesivamente cara: en función de los documentos que se aporte, puede salir por alrededor de 1.500 pesos (algo menos de 30 euros), pero para personas como Daniela, que no cuentan con agua corriente su casa de lata, es un esfuerzo importante. Sin embargo, ella sabe que tendrá que hacerlo. Sin papeles no podrá conseguir nunca un trabajo digno y su hijo se encontrará con el mismo problema que ella dentro de unos años: podrá terminar los estudios, pero nada lo atestiguará porque, oficialmente, seguirá sin existir.
    Fe de errores: en esta noticia aparecía un dato desactualizado de la tasa de analfabetismo del 12,8%, cuando en la actualidad es del 9,1%.

    martes, 6 de enero de 2015

    PRENSA. "La industria criminal en México"

       En "El País":

    La industria criminal en México

    Bajo el manto de la impunidad, las bandas organizadas cometen masacres como la de los estudiantes del Estado de Guerrero. Después de monopolizar el trasiego de la droga, se han apoderado del poder local

    Todo parece indicar que el Gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, en el sureño Estado mexicano de Guerrero. En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta sobre las razones que llevaron a un Gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país.
    Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con el negocio?
    Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en Estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada.
    En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales —la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas— y de riqueza humana —la extorsión y el secuestro—. En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local. Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de los catastros públicos municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.

    Ser autoridad pública se ha convertido en muchos municipios en un empleo de alto riesgo
    Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado. Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra Ley y yo hemos identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años. Los Estados vecinos de Michoacán y Guerrero encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia. En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus propios candidatos, como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
    Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social. Pero cuando las zonas estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios —como Iguala—, los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
    La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social —incluyendo policías comunitarias— para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio.
    La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el “derecho de piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.

    La matanza quiso mandar un mensaje a los grupos sociales sobre quién es el mandamás en la región
    Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante la violencia barbárica son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por décadas en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales, en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque en México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en múltiples entrevistas con exgobernadores de diferentes partidos —incluidos exmandatarios de Michoacán y Guerrero— insistentemente he escuchado que las policías ministeriales en los Estados están fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstitución de facto del poder local.
    Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del Estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los Gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setenta alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.
    En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan. Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de Seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, tenían, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado. Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron o ultimaron a los estudiantes, se cobijaron tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.
    En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro. Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el Gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal —en toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la política local— como lo estatal —con la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia—. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.
    Guillermo Trejo es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.

    lunes, 17 de noviembre de 2014

    PRENSA. VIOLENCIA EN MÉXICO. "Los porqués de Iguala"

       En "El País":

    Los porqués de Iguala

    Un informe revela que la policía hizo desaparecer a 512 personas hasta 1985 en Guerrero, que busca a 43 estudiantes


    Lucio Cabañas (izquierda), maestro de Guerrero y miembro del movimiento guerrillero en una foto de los setenta. Lo acompaña Pedro Hernández. / AP
    El Gobierno mexicano es responsable de la desaparición de al menos 512 personas entre 1969 y 1985 en Guerrero, el epicentro de la crisis social desatada por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (a 192 kilómetros al sur de la capital de México) el 26 de septiembre pasado. De aquellas 512 personas, a día de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, según el informe elaborado por la Comisión de la Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento prueba que a lo largo de 14 años la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) echó mano de policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e inclusovuelos de la muerte.
    La conclusión del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del país en los últimos años: la masacre de Iguala. La investigación recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerció el poder hegemónico del país entre 1929 y 2000), desplegó 360 efectivos policiales y militares de élite para la “localización, captura y exterminio” de grupos “subversivos” en los años setenta sin ningún tipo de orden judicial. La Comisión pone nombre, foto y apellido a, por lo menos, 512 de esas víctimas, detenidas en Guerrero. Con un ínfimo presupuesto aprobado por el Congreso guerrerense (que ha incumplido en los últimos seis meses), un equipo de académicos independientes realizó un exhaustivo trabajo que comenzó oficialmente en 2012 —pero cuyo germen se remonta a 2006— por petición de los familiares de las víctimas. Durante su trabajo sufrieron ataques de sicarios, el último en enero de este año.
    “La gente aún tiene mucho miedo a hablar. De ninguna manera lo recabado representa el 100% de las desapariciones forzadas. Muchas personas todavía tienen temor. Otros consideran que ya ocurrió hace mucho tiempo y prefieren resignarse”, explica Nicomedes Fuentes, uno de los miembros de la Comisión. “Todo lo que ocurrió en la guerra sucia [durante los años sesenta y setenta] está vinculado con lo de Ayotzinapa. No se resolvió el problema de los años setenta. Nunca se ha buscado resarcir el daño. No hay una cultura democrática que traiga paz. El peor delincuente tiene derecho a un juicio. No tienen por qué desaparecerlos. Tienen que juzgarlos y castigarlos de acuerdo con el Estado de derecho de México”. La Comisión asistió en 2012 a la exhumación de dos cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, pero aún no han sido devueltas a sus familias.


    Protesta en Iguala en 1966 contra el gobernador de Guerrero Raymundo Abarca. / COMISIÓN DE LA VERDAD DE GUERRERO
    Gustavo Tarín, miembro de la policía militar, afirma que los habitantes de Guerrero eran detenidos e interrogados bajo tortura para que “confesaran” delitos sin orden judicial. Si no aceptaban, los llevaban atados y vendados a una silla a la que llamaban el banquito de los acusados. Les decían que los iban a fotografiar, cuenta Tarín. “Entonces los mataban con un disparo en la nuca. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como la espada justiciera. Se colocaban dentro de costales, se le ponían unas piedras y se cosían”. Los cuerpos eran arrojados desde aviones militares. En una noche podía haber hasta tres o cuatro vuelos. Tarín calcula que al menos 1.500 personas murieron así durante ese periodo. La Comisión ha podido comprobar al menos esas 512 muertes. Uno de los militares que participó en estas operaciones pidió asilo político en Canadá en 1988, horrorizado por lo que había visto.
    Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, respalda la versión. Participó en 15 viajes. Su testimonio: “Señala que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo [con los militares], al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso [las devolverían] a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron pero nunca, que él viera, las liberaron”, explica el informe.


    Un cartel de 1978 que exige la presentación de desaparecidos durante la 'guerra sucia' en México.
    Monroy cuenta que todos los viajes en que participó eran encabezados por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, denunciado en 2001 por 120 familias por la desaparición de sus seres queridos y formalmente acusado en 2004 —poco después fue absuelto— de lanzar al mar a 22 campesinos desde un avión. Se retiró, condecorado, en 2008, pese a que también fue señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Murió en 2012 en uno de los barrios más adinerados de la capital mexicana en un ataque con el sello del narco: dos desconocidos le tirotearon desde una moto.
    Las poblaciones y testimonios mencionados en la Comisión hacen imposible no vincular lo ocurrido hace 40 años con la tragedia de Iguala de 2014. Las cifras de pobreza de Guerrero son idénticas: de 70% de la población en 1962 a 69,7% en 2013, pese a que el Gobierno mexicano ha dedicado millonarios programas oficiales para atajarla. Las protestas que iniciaron el movimiento subversivo contra el Gobierno mexicano eran, en inicio, pacíficas, hasta que una serie de matanzas en los años sesenta y un fraude electoral en 1962 provocaron que la Asociación Cívica Guerrerense (ACG, fundada, entre otros, por Genaro Vázquez) eligiera la clandestinidad y apareciera la figura de Lucio Cabañas, un maestro rural convertido en guerrillero que se convirtió en una de las cabezas más visibles del movimiento. Los tiroteos y las matanzas eran habituales. Vázquez y Cabañas egresaron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la misma a la que pertenecen los 43 desaparecidos del pasado septiembre.


    Eliseo de Jesús de la Cruz, de Atoyac (Guerrero), detenido por la DFS en 1971, tras ser detenido sin orden judicial. /COMISIÓN DE LA VERDAD DE GUERRERO
    En 1974, el Partido de los Pobres, ya convertido en guerrilla, secuestró al senador Rubén Figueroa Figueroa, un hombre que se enorgullecía tanto de su red de cacicazgo que se hacía llamar el tigre de Huitzuco y que hacía campaña por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el cargo de gobernador. Liberado a los dos meses, ya en el cargo de gobernador los zarpazos del tigre de Huitzuco fueron implacables. Muchos de los detenidos datan de su mandato, entre 1975 y 1981.
    Las víctimas tienen rostros e historias. Algunas son familias enteras. Como los Castro Molina. El padre, Petronilo, y los tres hijos, Guadalupe, Fabiola y Eleazar, desaparecidos desde 1972. O Carlos Díaz Frías, que se ahorcó en 1978 en su celda porque no aguantó más las torturas. Sus familiares aún esperan una respuesta.